Los años 30 del pasado siglo fueron el punto de arranque de una política de agua que hizo despuntar a Chile en el contexto de América Latina en cuanto a la generalización del acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento de la población. Esta política de cobertura se amplía en 1960 a las aguas servidas, acción que supuso la reducción del índice de mortalidad infantil y de las enfermedades infecciosas de la población a niveles similares a países con mayor grado de desarrollo. El tercer gran salto hacia la mejora integral de la calidad del agua es el de la depuración de las aguas servidas. Arranca en 1999 con la privatización de las empresas públicas que operan el agua potable. El estado chileno pone a la venta el 51% de las acciones de esas empresas comprometiéndolas a ejecutar un plan de saneamiento de las aguas servidas. Una experiencia exitosa que ha permitido alcanzar elevados estándares en la calidad del servicio (cumplimiento de normas internacionales de calidad), en la continuidad, en la cobertura en la depuración de aguas servidas así como en la atención prestada a los clientes.
Esta excelencia en la gestión de los servicios de agua llega también a los ciudadanos de menor renta. Este segmento de población es subsidiado con el 50% de los primeros 15 metros cúbicos. Estos niveles aumentan cuando se trata de los ciudadanos que se consideran en el umbral de la pobreza, recibiendo en este caso ayudas que cubren hasta el 100% del servicio.
Chile, un país ubicado en un contexto geográfico en el que todavía queda un largo camino por andar en relación a la cobertura de los servicios de agua potable, saneamiento y mucho mayor para la depuración de aguas residuales, ha conseguido gracias a una acertada y sostenida política en materia de aguas unos indicadores que le sitúan a la altura de países europeos. Con una población total de 16 millones de habitantes, 14 millones de chilenos viven en áreas urbanas; el 98% de ellos cuentan con servicios de abastecimiento y saneamiento en sus viviendas.