Riegos del Alto Aragón ha propuesto que el nuevo Plan Hidrológico del Ebro, cuya tramitación comienza mañana en el Consejo del Agua, incluya un nuevo embalse en la subcuenca del Cinca como compensación por "la pérdida de regulación en el río Ara como consecuencia de haberse desestimado la construcción de Jánovas".
Los 350 hectómetros cúbicos que debía almacenar este pantano, de uso hidroeléctrico y deshechado en el 2001 por su fuerte impacto ambiental, tenían como destino la mejora de las dotaciones del regadío de La Hoya y Los Monegros. Llegó a hablarse de construir otra pieza de regulación en Susía, aunque nunca llegó a materializarse.
Según explicaron fuentes de la comunidad de regantes, los embalses del sistema Cinca-Gállego dejaron escapar a finales de la pasada primavera 750 hectómetros cúbicos de agua por falta de capacidad para retener las crecidas.
Hace unos días, el Ministerio de Medio Ambiente emitió una orden por la que declaró extinguidas las concesiones de los saltos de Fiscal, Jánovas y Escalona, para cuya explotación Iberduero --hoy absorbida por Endesa-- iba a construir el embalse, y ordenó a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) que iniciara el proceso de reversión de las tierras a los antiguos propietarios, y descendientes, de las casas y tierras compradas por la eléctrica y expropiadas por el Estado a principios de los sesenta en los pueblos de Jánovas, Lascort y Lavelilla. La obra nunca iniciada causó el desplazamiento de 224 personas.
El presidente de la Confederación, José Luis Alonso, mostró ayer su satisfacción al comprobar como, después de "bastante esfuerzo administrativo", han podido "ver cómo se hacía lo que era justo" en un proceso en el que la compañía eléctrica "se ha mostrado totalmente colaboradora".
Según explicó, el proceso de reversión de los terrenos comenzará pasado el verano, aunque lo técnicos de la casa comenzarán antes a trabajar en la elaboración de los listados de los beneficiarios y de sus herederos. Unos y otros dispondrán de tres meses para reclamar la devolución de las propiedades, en un trámite en el que deberán acreditar sus derechos aportando escrituras, testamentos y certificados de defunción si resulta necesario.
Tanto en el caso de las tierras expropiadas como en el de las vendidas, para hacerse con la propiedad los reclamantes deberán pagar el precio actualizado de las fincas que pagaron Iberduero y el Estado, cuyo valor patrimonial es ahora mayor. "La voluntad es de devolver todos los terrenos" y favorecer la reconstrucción de los núcleos.