«El 87,8 por ciento del territorio español está sujeto al denominado “estrés hídrico”, definido como una situación en la que el porcentaje de agua usada respecto a los recursos disponibles supera el 40 por ciento», según un estudio de la Universidad de Yale y citado en el informe anual 2008 de la Fundación Encuentro. Y eso a pesar de que en los últimos ocho años el consumo de agua en territorio español ha descendido, en concreto en los hogares. La reducción en el consumo de este bien indispensable depende de las autonomías. Mientras desciende el consumo en Castilla-La Mancha, Madrid y La Rioja (ésta en un 22,1 por ciento), aumenta en Extremadura y Murcia, y de un modo importante en Asturias y Galicia. El precio del agua se ha incrementado de forma notable. Navarra y La Rioja son las comunidades que más han incrementado el costo de este bien escaso en un 70 por ciento y un 80 por ciento, respectivamente. A su vez, en el País Vasco desciende la estimación del agua y se mantiene en Canarias y Extremadura. Respecto a las emisiones, «España es el Estado que registra los mayores incrementos entre todos los países europeos de mayor población, muy por encima de la media europea», señala Fundación Encuentro. Conforme a los datos que llegaron a la Convención Marco acerca del Cambio Climático (Unfcc), órgano de Naciones Unidas, España ha incumplido el Protocolo de Kyoto. «Si se considera sólo el CO2, la proporción supera el 61,2 por ciento, 41 puntos por encima del objetivo de Kyoto», añade la fundación. «Un compromiso clave» «El compromiso de las empresas con la sostenibilidad es clave», dijo el presidente de la Fundación Encuentro, José María Martín Patino. Y es que el cambio climático empeorará el «estrés hídrico», lo que traerá una serie de consecuencias negativas como la reducción de precipitaciones. Y en el escenario más positivo, para el año 2030, señala el informe anual que se presentará «un 5 por ciento menos de precipitaciones». Mientras, el informe refleja que «el 70 por ciento de las empresas españolas consideran que el principal factor para implantar políticas ambientales es la adaptación a la legislación y a las políticas públicas».