Vertidos de aguas fecales, residuos y edificaciones ilegales amenazan la Albufera
Jue, 19/06/2008
La Albufera fue declarada parque natural en 1986 por un decreto del Consell. La decisión del Gobierno valenciano le otorgaba el máximo nivel de protección, que se ha ido consolidando posteriormente con la Ley de Espacios Naturales (1994), el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1995 y el Plan Rector de Uso y Gestión de 2004 (PRUG) que una sentencia hecha pública el martes obliga a someterlo a una modificación.
Pese a que la Albufera cuenta con el máximo nivel de protección, el paraje natural más emblemático de la Comunitat se encuentra sometido a distintas amenazas. La presión urbanística, los vertederos ilegales de residuos o los vertidos de aguas fecales y residuales conforman los principales riesgos que afronta la Albufera.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que acepta varias de las alegaciones formuladas por Acció Ecologista-Agró contra el Plan Rector de Usos y Gestión trata de aumentar la protección que tiene la Albufera contra la presión urbanística.
El Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia de un recurso interpuesto por Acció Ecologista-Agró, declara ilegal parte del PRUG al considerar que permite construir en lugares no autorizdos por el Plan de Ordenación del parque natural.
La sentencia prohíbe la edificación de un colegio y un centro de salud en El Perelló, la reclasificación de suelo en El Palmar y la construcción de unas 300 viviendas en Pinedo.
La decisión afecta a la Conselleria de Medio Ambiente, redactora del PRUG, y al Ayuntamiento de Valencia, ya que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana incluye la posibilidad de construir tres centenares de viviendas en Pinedo que ahora el TSJ ha rechazado. Fuentes municipales mostraron la predisposición del Ayuntamiento de Valencia a modificar el planeamiento urbanístico si la decisión final de los tribunales es que no se construya en Pinedo.
El portavoz de Medio Ambiente del PSPV en Les Corts, Francesc Signes, exigió ayer que la Generalitat renuncie a ejercer su derecho a presentar un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior "si de verdad defiende la Albufera " y "no pretende rematarla".
Para Signes, "la opción más decente para el Consell es retirar el Plan Rector de Uso y Gestión y elaborar uno nuevo que realmente proteja la Albufera". El dirigente socialista indicó que el Consell "utilizó el plan para permitir edificaciones".
Según Signes , la sentencia "desmantela las intenciones del Consell de especular con la Albufera ", por lo que insistió en que "la Justicia ha salvado este espacio natural de la muerte a la que la había condenado el Consell".
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia mostró ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y confió en que esta decisión frene las "pretensiones depredadoras" del Consistorio en el espacio protegido.
El concejal socialista Vicente González Móstoles afirmó que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) "ya impedía la edificación pero fue modificado por el PP a través del PRUG, una norma de rango inferior, para hacer posible la edificación en diversos emplazamientos, como Castellar y Pinedo, aspecto recogido también por el Ayuntamiento de Valencia en la revisión del Plan General de Ordenación". En opinión del edil socialista, "lo mejor que puede hacer la alcaldesa de Valencia es archivar el nuevo PGOU".
Pero no han sido las únicas actuaciones detectadas. En noviembre de 2005 un juez suspendió la licencia concedida por el Ayuntamiento de Sueca para urbanizar 400 adosados en el parque natural al considerar que su ejecución podía causar "un perjuicio irreparable" al paraje.
Vertidos
Tanto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales como el Plan Rector de Usos y Gestión mantienen que una de las prioridades de las Administraciones debe ser el mantenimiento de la calidad de las aguas del lago.
Las principales amenazas en este sentido son el vertido incontrolado de aguas fecales o pluviales sin tratamiento previo que acaban llegando al lago principal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el año pasado al Gobierno español por incumplir la normativa española sobre tratamiento de aguas residuales en Sueca y en varios municipios de la Ribera Baixa.
La denuncia recogía que las aguas de Sueca y sus pedanías (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barraquetes, Playa del Rey y Boga del Mar), Benifiaió, Sollana, Almussafes y Alginet eran vertidas frente al parque natural de la Albufera sin el tratamiento exigido por la Unión Europea. El Ministerio de Medio Ambiente considera que ya ha solucionado la llegada de líquidos industriales contaminantes a la Albufera de la Horta Sud con la red de saneamiento que ha puesto en marcha en la comarca.
Pero el Gobierno central mantiene sin finalizar siete obras incluidas en el Programa Agua para mejorar la calidad de las aguas. Entre ellas se encuentran actuaciones de tanta importancia como la instalación de un filtro verde en la depuradora de Pinedo para aumentar la calidad de las aguas que llegan a la laguna de la Albufera (unos 4,5 hectómetros cúbicos al mes). Están pendientes depuradoras en Cullera o el Saler.
En una situación similar se encuentra la reutilización de las aguas de la planta de Sueca. El Ministerio de Medio Ambiente aún no ha concluido las mejoras para la reutilización de las aguas residuales de los municipios de la Albufera Sur.
De hecho, el recurso presentado por Acció Ecologista-Agró denuncia que cerca de una decena de municipios situados en las inmediaciones del parque natural vierten aguas residuales sin tratar a las acequias que desembocan en la Albufera, lo que en su opinión afecta negativamente a la calidad del agua del parque.
Los vertidos fecales y residuales de los municipios colindantes son continuos. Las aguas pluviales de Pinedo siguen llegando a la Albufera, una situación que el Ayuntamiento de Valencia está intentando solucionar.
Pero la situación se extiende, según Agró, a municipios como Silla, donde las construcciones del Port y el polideportivo del Saladar no cuentan con ningún tipo de depuración de las aguas.
En Catarroja, el sector Les Barraques vierte a la acequia de Favara en la época de lluvias. A fines del año pasado el Ayuntamiento de este municipio se enfrentó al de Albal por los vertidos de aguas residuales que acaban en la Albufera.
La problemática se repite en municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví, Benifaió o Sollana. Todos ellos tienen una parte de su población que vierte las aguas residuales a canales que terminan alimentando el caudal de la laguna.
Hace un año un juez condenó al pago de 16.000 euros a la empresa Fervasa por verter lixiviados (líquidos que genera la basura) a la Albufera.
Residuos sólidos
Los vertidos de residuos sólidos, tóxicos o inertes también se han convertido en una amenaza para el futuro del parque de la Albufera. El pasado domingo LAS PROVINCIAS publicó que la Fiscalía de Medio Ambiente está investigando un vertedero ilegal con 150 toneladas de residuos inertes en el área del parque en el término de Sollana.
Fuentes del parque natural explicaron ayer que el vertedero se encuentra en estos momentos paralizado a la espera de que el juez tome una determinación, aunque dejaron claro que la instalación "desaparecerá". "La actuación legislación urbanística no sanciona únicamente sino que obliga a restituir la zona a la situación en la que se encontraba antes de la infracción", explicaron desde el parque.
En cualquier caso, las mismas fuentes aclararon que el hecho de que se descubran este tipo de actividades "demuestra que la vigilancia que se está realizando está colaborando al mantenimiento del parque en las mejores condiciones".
Los hallazgos de este tipo en el interior del parque son continuados. Hace tan sólo un mes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó el cierre cautelar de una empresa de recuperación de metales junto a la dehesa del Saler tras la detección de un cargamento de vehículos compactados con residuos peligrosos como aceite y gasóleo.
En febrero del año 2007 los agentes del Seprona destinados en la Albufera realizaron una actuación en la que intervinieron 415 envases de productos fitosanitarios ilegales cerca del área del parque natural. En enero de ese mismo año el Ayuntamiento de Catarroja detectó sacos de escombros situados en las inmediaciones del puerto de la Albufera, procedente de reformas domésticas.
Pese a que la Albufera cuenta con el máximo nivel de protección, el paraje natural más emblemático de la Comunitat se encuentra sometido a distintas amenazas. La presión urbanística, los vertederos ilegales de residuos o los vertidos de aguas fecales y residuales conforman los principales riesgos que afronta la Albufera.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) que acepta varias de las alegaciones formuladas por Acció Ecologista-Agró contra el Plan Rector de Usos y Gestión trata de aumentar la protección que tiene la Albufera contra la presión urbanística.
El Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia de un recurso interpuesto por Acció Ecologista-Agró, declara ilegal parte del PRUG al considerar que permite construir en lugares no autorizdos por el Plan de Ordenación del parque natural.
La sentencia prohíbe la edificación de un colegio y un centro de salud en El Perelló, la reclasificación de suelo en El Palmar y la construcción de unas 300 viviendas en Pinedo.
La decisión afecta a la Conselleria de Medio Ambiente, redactora del PRUG, y al Ayuntamiento de Valencia, ya que en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana incluye la posibilidad de construir tres centenares de viviendas en Pinedo que ahora el TSJ ha rechazado. Fuentes municipales mostraron la predisposición del Ayuntamiento de Valencia a modificar el planeamiento urbanístico si la decisión final de los tribunales es que no se construya en Pinedo.
El portavoz de Medio Ambiente del PSPV en Les Corts, Francesc Signes, exigió ayer que la Generalitat renuncie a ejercer su derecho a presentar un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior "si de verdad defiende la Albufera " y "no pretende rematarla".
Para Signes, "la opción más decente para el Consell es retirar el Plan Rector de Uso y Gestión y elaborar uno nuevo que realmente proteja la Albufera". El dirigente socialista indicó que el Consell "utilizó el plan para permitir edificaciones".
Según Signes , la sentencia "desmantela las intenciones del Consell de especular con la Albufera ", por lo que insistió en que "la Justicia ha salvado este espacio natural de la muerte a la que la había condenado el Consell".
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia mostró ayer su satisfacción por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y confió en que esta decisión frene las "pretensiones depredadoras" del Consistorio en el espacio protegido.
El concejal socialista Vicente González Móstoles afirmó que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) "ya impedía la edificación pero fue modificado por el PP a través del PRUG, una norma de rango inferior, para hacer posible la edificación en diversos emplazamientos, como Castellar y Pinedo, aspecto recogido también por el Ayuntamiento de Valencia en la revisión del Plan General de Ordenación". En opinión del edil socialista, "lo mejor que puede hacer la alcaldesa de Valencia es archivar el nuevo PGOU".
Pero no han sido las únicas actuaciones detectadas. En noviembre de 2005 un juez suspendió la licencia concedida por el Ayuntamiento de Sueca para urbanizar 400 adosados en el parque natural al considerar que su ejecución podía causar "un perjuicio irreparable" al paraje.
Vertidos
Tanto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales como el Plan Rector de Usos y Gestión mantienen que una de las prioridades de las Administraciones debe ser el mantenimiento de la calidad de las aguas del lago.
Las principales amenazas en este sentido son el vertido incontrolado de aguas fecales o pluviales sin tratamiento previo que acaban llegando al lago principal.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el año pasado al Gobierno español por incumplir la normativa española sobre tratamiento de aguas residuales en Sueca y en varios municipios de la Ribera Baixa.
La denuncia recogía que las aguas de Sueca y sus pedanías (El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barraquetes, Playa del Rey y Boga del Mar), Benifiaió, Sollana, Almussafes y Alginet eran vertidas frente al parque natural de la Albufera sin el tratamiento exigido por la Unión Europea. El Ministerio de Medio Ambiente considera que ya ha solucionado la llegada de líquidos industriales contaminantes a la Albufera de la Horta Sud con la red de saneamiento que ha puesto en marcha en la comarca.
Pero el Gobierno central mantiene sin finalizar siete obras incluidas en el Programa Agua para mejorar la calidad de las aguas. Entre ellas se encuentran actuaciones de tanta importancia como la instalación de un filtro verde en la depuradora de Pinedo para aumentar la calidad de las aguas que llegan a la laguna de la Albufera (unos 4,5 hectómetros cúbicos al mes). Están pendientes depuradoras en Cullera o el Saler.
En una situación similar se encuentra la reutilización de las aguas de la planta de Sueca. El Ministerio de Medio Ambiente aún no ha concluido las mejoras para la reutilización de las aguas residuales de los municipios de la Albufera Sur.
De hecho, el recurso presentado por Acció Ecologista-Agró denuncia que cerca de una decena de municipios situados en las inmediaciones del parque natural vierten aguas residuales sin tratar a las acequias que desembocan en la Albufera, lo que en su opinión afecta negativamente a la calidad del agua del parque.
Los vertidos fecales y residuales de los municipios colindantes son continuos. Las aguas pluviales de Pinedo siguen llegando a la Albufera, una situación que el Ayuntamiento de Valencia está intentando solucionar.
Pero la situación se extiende, según Agró, a municipios como Silla, donde las construcciones del Port y el polideportivo del Saladar no cuentan con ningún tipo de depuración de las aguas.
En Catarroja, el sector Les Barraques vierte a la acequia de Favara en la época de lluvias. A fines del año pasado el Ayuntamiento de este municipio se enfrentó al de Albal por los vertidos de aguas residuales que acaban en la Albufera.
La problemática se repite en municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví, Benifaió o Sollana. Todos ellos tienen una parte de su población que vierte las aguas residuales a canales que terminan alimentando el caudal de la laguna.
Hace un año un juez condenó al pago de 16.000 euros a la empresa Fervasa por verter lixiviados (líquidos que genera la basura) a la Albufera.
Residuos sólidos
Los vertidos de residuos sólidos, tóxicos o inertes también se han convertido en una amenaza para el futuro del parque de la Albufera. El pasado domingo LAS PROVINCIAS publicó que la Fiscalía de Medio Ambiente está investigando un vertedero ilegal con 150 toneladas de residuos inertes en el área del parque en el término de Sollana.
Fuentes del parque natural explicaron ayer que el vertedero se encuentra en estos momentos paralizado a la espera de que el juez tome una determinación, aunque dejaron claro que la instalación "desaparecerá". "La actuación legislación urbanística no sanciona únicamente sino que obliga a restituir la zona a la situación en la que se encontraba antes de la infracción", explicaron desde el parque.
En cualquier caso, las mismas fuentes aclararon que el hecho de que se descubran este tipo de actividades "demuestra que la vigilancia que se está realizando está colaborando al mantenimiento del parque en las mejores condiciones".
Los hallazgos de este tipo en el interior del parque son continuados. Hace tan sólo un mes el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ordenó el cierre cautelar de una empresa de recuperación de metales junto a la dehesa del Saler tras la detección de un cargamento de vehículos compactados con residuos peligrosos como aceite y gasóleo.
En febrero del año 2007 los agentes del Seprona destinados en la Albufera realizaron una actuación en la que intervinieron 415 envases de productos fitosanitarios ilegales cerca del área del parque natural. En enero de ese mismo año el Ayuntamiento de Catarroja detectó sacos de escombros situados en las inmediaciones del puerto de la Albufera, procedente de reformas domésticas.