La desaparición de la tarifa eléctrica especial para riego agrava la crisis agrícola
Mar, 17/06/2008
La Federación Provincial de Regantes alerta de que los costes se dispararán hasta un 120% al año a partir de julio y reclaman un IVA reducido.
La Federación Provincial de Comunidades de Regantes denunció ayer que la desaparición a partir del próximo 1 de julio de las tarifas especiales eléctricas, en aplicación de la Directiva 2003/54/CE tendrá unas consecuencias impredecibles para un sector ya castigado por la sequía que sacude el Mediterráneo desde 2005 y que ahora se enfrenta aumentos de costes de hasta el 120% al año o, lo que es lo mismo, hasta 70 millones de euros más de lo que las comunidades de regantes pagan actualmente por el suministro eléctrico. Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euro por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-, según explicó ayer un portavoz autorizado de la Federación. La agricultura provincial es, además, gran consumidora de energía eléctrica ya que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y porque que se trata de una agricultura muy modernizada "y el riego por goteo también consume mucha luz", subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entrarán en vigor desde el 1 de julio afectarán directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.
La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes de producción de la agricultura, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío desde el 1 de julio puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios que comenzarán a aplicarse en verano una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor.
La desaparición ahora del denominado mercado libre "la comunidades de regantes vamos a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes", denunciaron ayer desde la Federación Provincial de Comunidades de Regantes. Además, y según las mismas fuentes, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la posibilidad de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre "y ni un watio en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, meses en los que nos obligan a pagar por algo que no utilizamos y encima obligan a que la compañía distribuidora tenga reservada una potencia sin usarla y, por tanto, sin poder atender la demanda de otros usuarios".
Devoluciones
Los agricultores reclaman para paliar el aumento de costes que se recuperen las tarifas especiales para el regadío, la puesta en marcha de un sistema similar las devoluciones de costes como se hace con el gasóleo con el impuesto de hidrocarburos, la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables -solar, termosolar y eólica- y el establecimiento de un IVA reducido para la agricultura. Las comunidades de regantes no están sujetas a dicho impuesto con lo cual no pueden repercutirlo a sus comuneros y deben soportarlo como un usuario final. Esto supone, según explican desde la Federación, más encarecimiento y un lastre para la modernización. En este sentido, los regantes han solicitado que España adopte el modelo de Italia, donde el IVA agrícola se ha reducido a la mitad (10%).
La Federación de Comunidades de Riego de la Provincia de Alicante -Ferpa-, se creó en noviembre de 2006 convirtiéndose en una de las asociaciones profesionales más numerosas de la provincia al contar con unos 50.000 asociados que cultivan 125.000 hectáreas, actividad que representa entre el ocho y el diez por ciento del Producto Interior Bruto de Alicante. La federación nació fruto del trabajo desarrollado por Manuel Serrano y Andrés Martínez, presidentes de las dos grandes comunidades de regantes y usuarios del agua en la provincia: Riegos de Levante (margen derecha) y la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí y la Marina Baixa a los que se unieron posteriormente Riegos de Levante (margen izquierda) y las comunidades de la Marina Alta, l´Alcoià y El Comtat.
La federación forma parte de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes -Fenacore-, entidad sin ánimo de lucro creada en 1955 para defender los intereses de las comunidades de regantes en España, habiéndose convertido en un auténtico "lobby" agrícola.
La Federación Provincial de Comunidades de Regantes denunció ayer que la desaparición a partir del próximo 1 de julio de las tarifas especiales eléctricas, en aplicación de la Directiva 2003/54/CE tendrá unas consecuencias impredecibles para un sector ya castigado por la sequía que sacude el Mediterráneo desde 2005 y que ahora se enfrenta aumentos de costes de hasta el 120% al año o, lo que es lo mismo, hasta 70 millones de euros más de lo que las comunidades de regantes pagan actualmente por el suministro eléctrico. Alicante tiene en explotación 125.000 hectáreas de regadío que consumen de media 5.000 metros cúbicos de agua al año con un coste energético de 0,10 céntimos de euro por cada metro cúbicos -más de 60 millones de euros anuales-, según explicó ayer un portavoz autorizado de la Federación. La agricultura provincial es, además, gran consumidora de energía eléctrica ya que necesita mucha electricidad para extraer el agua subterránea y porque que se trata de una agricultura muy modernizada "y el riego por goteo también consume mucha luz", subrayaron desde la Federación. De ahí que los cambios tarifarios que entrarán en vigor desde el 1 de julio afectarán directamente a la economía de las 50.000 familias que se dedican directamente a la agricultura.
La energía eléctrica representa actualmente el 80% de los costes de producción de la agricultura, de ahí que la desaparición de la tarifa especial para el regadío desde el 1 de julio puede sumir al sector en el caos al entrar en un escenario bien diferente, por ejemplo, al de 1998 cuando comenzó a liberalizarse de forma escalonada el mercado eléctrico español y se lograron precios muy competitivos. Los agricultores ven en los cambios que comenzarán a aplicarse en verano una vuelta de tuerca más a la que sufrieron el 1 de enero cuando se convirtieron en temporada alta para el sector eléctrico los meses de junio y julio que es cuando más se riega por el calor.
La desaparición ahora del denominado mercado libre "la comunidades de regantes vamos a ver crecer la factura eléctrica y muchas van a ver comprometidos, incluso, sus proyectos de modernización al no haber incluido este aumento de costes", denunciaron ayer desde la Federación Provincial de Comunidades de Regantes. Además, y según las mismas fuentes, el sistema actual obliga a los agricultores a contratar la potencia para todo el año, sin la posibilidad de hacerlo en dos periodos anuales, algo que vuelve a ir en contra de las necesidades de las comunidades de regantes que requieren mucha energía en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre "y ni un watio en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, meses en los que nos obligan a pagar por algo que no utilizamos y encima obligan a que la compañía distribuidora tenga reservada una potencia sin usarla y, por tanto, sin poder atender la demanda de otros usuarios".
Devoluciones
Los agricultores reclaman para paliar el aumento de costes que se recuperen las tarifas especiales para el regadío, la puesta en marcha de un sistema similar las devoluciones de costes como se hace con el gasóleo con el impuesto de hidrocarburos, la elaboración de una normativa estatal que facilite el acceso de las comunidades de regantes a las energías renovables -solar, termosolar y eólica- y el establecimiento de un IVA reducido para la agricultura. Las comunidades de regantes no están sujetas a dicho impuesto con lo cual no pueden repercutirlo a sus comuneros y deben soportarlo como un usuario final. Esto supone, según explican desde la Federación, más encarecimiento y un lastre para la modernización. En este sentido, los regantes han solicitado que España adopte el modelo de Italia, donde el IVA agrícola se ha reducido a la mitad (10%).
La Federación de Comunidades de Riego de la Provincia de Alicante -Ferpa-, se creó en noviembre de 2006 convirtiéndose en una de las asociaciones profesionales más numerosas de la provincia al contar con unos 50.000 asociados que cultivan 125.000 hectáreas, actividad que representa entre el ocho y el diez por ciento del Producto Interior Bruto de Alicante. La federación nació fruto del trabajo desarrollado por Manuel Serrano y Andrés Martínez, presidentes de las dos grandes comunidades de regantes y usuarios del agua en la provincia: Riegos de Levante (margen derecha) y la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó-l´Alacantí y la Marina Baixa a los que se unieron posteriormente Riegos de Levante (margen izquierda) y las comunidades de la Marina Alta, l´Alcoià y El Comtat.
La federación forma parte de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes -Fenacore-, entidad sin ánimo de lucro creada en 1955 para defender los intereses de las comunidades de regantes en España, habiéndose convertido en un auténtico "lobby" agrícola.