Las autoridades aún tardarán en tasar con precisión los daños de las intensas inundaciones registradas el pasado fin de semana en Vizcaya, que afectaron de forma especial a las localidades de la margen derecha del Nervión, aún no recuperadas del episodio. Serán posiblemente millones de euros -se especula ya con una cantidad próxima a los 15 millones- perdidos en bienes personales e infraestructuras públicas, una cantidad que se sumará a la ingente bolsa de destrozos ocasionados en Euskadi históricamente por las riadas, la catástrofe natural más frecuente en la comunidad y en todo su entorno. Como ha ocurrido siempre, las cifras que se lleva el agua son mareantes. En las últimas dos décadas, las avenidas han supuesto pérdidas por valor de 1.100 millones de euros en Euskadi, y eso sin contar los estragos de los gravísimos desbordamientos de 1983. En los próximos 25 años, el saldo será aún más sangrante. Las inundaciones obligarán a invertir otros 2.700 millones para paliar sus consecuencias.
No es fácil anticipar el futuro y mucho menos traducir en dinero contante y sonante los efectos de catástrofes que aún no han ocurrido, pero el Instituto Geológico y Minero de España ha puesto su granito de arena en esta tarea con un profundo estudio que se ha convertido en referencia en el sector. Lo realizó a petición del Consorcio de Compensación de Seguros, la entidad adscrita al Ministerio de Fomento que se encarga de forma específica de la protección de los riesgos de naturaleza catastrófica y de actuar en aquellos casos que desbordan a las compañías privadas.
El análisis histórico de las inundaciones en España llevado a cabo por el organismo permitió a los expertos situar a Euskadi como la cuarta comunidad más azotada por estos episodios. Y también les llevó a calcular que, en el próximo cuarto de siglo, las riadas seguirán llevándose dinero a manos llenas: cerca de 2.700 millones de euros hasta el año 2033. Del informe salen peor paradas la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, donde las avenidas son mucho más frecuentes y más catastróficas por su habitual afección a vastas zonas de cultivo. En los dos primeros casos, la previsión de pérdidas supera los 6.400 millones de euros. En el conjunto del país, el consorcio estima que se generarán unos gastos de 857 millones cada año -casi 25.000 millones en el total del periodo- para reponer los bienes arrastrados por la furia del agua.
«Las inundaciones son fenómenos cíclicos a los que Euskadi está habituada», coinciden los expertos consultados. Y es que en el País Vasco se dan cita varios factores que contribuyen a que se produzcan con cierta frecuencia desbordamientos como los del pasado fin de semana y, sobre todo, de menor intensidad. De entrada, es evidente que las elevadas precipitaciones derivadas de su clima auguran ya una complicada situación de partida, que se agrava cuando las lluvias se producen en forma torrencial y en periodos cortos de tiempos. Es lo que pasó en Vizcaya hace siete días, con más de 100 litros por metro cuadrado en 24 horas en algunas zonas. Las riadas en Euskadi pueden llegar a ser «catastróficas», según estudios geológicos, cuando se superan los 135 ó 140 litros por metro.
Fuertes pendientes
Pero no sólo debe llover para que los ríos se desborden. El segundo factor que entra en juego es la propia situación de los cauces -a veces con lechos de rocas poco permeables-, así como su «fuerte pendiente» y su «elevada urbanización», señalan los profesores universitarios Askoa Ibisate, Alfredo Ollero y Orbange Ormaetxea en un análisis sobre las crecidas fluviales de las últimas décadas. En la vertiente cantábrica, explican, los ríos salvan desniveles muy fuertes en apenas unos kilómetros, lo que enfurece las aguas en su camino hacia el mar. La ocupación de zonas inundables con urbanizaciones, talleres e industrias ha sido también una constante en la historia vasca. La acción de las mareas, por último, colabora en la gravedad de muchos de los fenómenos en la ría de Bilbao o de Gernika. De hecho, es en la capital vizcaína donde mayor número de inundaciones «catastróficas» se han registrado: cerca de 40 en los últimos 600 años.
Las más graves fueron, huelga decirlo, las de 1983. Los días 25, 26 y 27 de agosto las lluvias descargaron con «excepcional intensidad» y desbordaron los ríos, dejando 34 fallecidos y 5 desaparecidos así como daños materiales que se concretaron en cerca de 900 millones de euros de pérdidas, según algunas fuentes. En 36 horas, se ha apuntado, llovió el equivalente a la mitad de la precipitación que se recoge de promedio en todo un año en algunos observatorios.
Si alguna lectura positiva se puede buscar a una catástrofe de estas dimensiones, es que supuso un punto de partida en la preocupación por los riesgos hidrológicos en Euskadi. No sólo en el ámbito científico, sino también en el institucional. «Fue entonces cuando empezamos a interesarnos de verdad por el estado de los ríos», recuerdan portavoces del Gobierno vasco. Desde entonces, apunta la recién creada Agencia Vasca del Agua, el reto ha sido «devolver» los cauces a un estado «lo más natural posible». Es decir, ampliarlos allí donde la acción urbanística del hombre los estrechó; sustituir los encauzamientos de hormigón que encorsetaban las aguas por otros «menos agresivos con el medio ambiente» y tratar de «no repetir los errores del pasado, que han supuesto un evidente riesgo para las vidas de las personas y para sus bienes», señala el organismo que dirige Tomás Epalza.
Fruto de aquella reflexión, en los años 90 logró aprobarse el primer Plan Integral de Prevención de Inundaciones, que recogía en 44 tomos todo lo relacionado con las cuencas vascas. Una de las claves del documento, recuerdan los técnicos, fue la descripción de los cauces vascos y la identificación de los 'puntos negros' de la red fluvial, aquellos lugares donde el riesgo de que se produzcan las riadas es más elevado. Fue de utilidad el estudio de las inundaciones de los últimos siglos, lo que se acompañó de análisis específicos de cada cauce. El resultado, 37 localizaciones de riesgo sobre las que la Administración se puso paulatinamente manos a la obra.
La mayoría se localizan en Vizcaya y Guipúzcoa. Bilbao y todo el Nervión encabezan el listado, pero hay más. El curso bajo del Urumea, las riberas del Oria, del Cadagua o del Urola también están calificadas de «alto riesgo». El plan se ha actualizado en los últimos años, después de una primera fase de obras hidráulicas en la que se invirtieron cerca 85 millones de euros. La segunda fase, con un presupuesto aún mayor, está ya en marcha.