El alcalde de El Vendrell (Baix Penedès), Benet Jané, de CiU, negó ayer que el presidente del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT), Daniel Pi, coaccionara a los asistentes a la reunión que este mes dio luz verde al trasvase de agua a Barcelona a fin de lograr su voto favorable, con la promesa de aprobar planes urbanísticos bloqueados por la Agencia Catalana del Agua (ACA), como denunció el alcalde de Montblanc (Conca de Barberà), Josep Andreu (ERC). Jané, cuyo municipio es uno de los afectados, con media docena de planes parciales (urbanizaciones, equipamientos deportivos y escuelas) denegados desde 2004, indicó que lo único que hizo Pi fue comprometerse a abogar ante la ACA para autorizar esos planes en cuanto se adjudique la construcción de la desalinizadora de Cunit. Entonces dejará de existir el motivo por el que la ACA hizo un informe desfavorable: la falta de agua.
Según explicó Jané, Pi hizo una exposición y, entre otras cosas, dijo: 'Me veo con fuerza moral para negociar con la ACA a fin de que convierta en positivos los informes negativos de los planes urbanísticos en cuanto se adjudique la desalinizadora de Cunit'. Jané aseguró no sentirse coaccionado y que fue decidido a votar a favor por solidaridad con Barcelona y por el propio interés de su municipio, que así puede vender un excedente de agua que tiene que pagar aunque no consuma.
El Vendrell es un municipio turístico con muchas segundas residencias. Los 36.000 habitantes del invierno se convierten en 60.000 los fines de semana y en verano llegan a 120.000. Para cubrir la demanda de los dos meses fuertes de consumo, el Ayuntamiento contrata y paga un caudal que no agota durante el invierno.
El edil aclaró que la votación de los miembros del consorcio (un centenar de personas, entre representantes de industrias, regantes y 70 ayuntamientos) no era vinculante y el envío de agua a Barcelona se hubiera hecho igualmente, al ser aprobado por un decreto ley. Si se realizó la votación fue con carácter testimonial, porque así se pidió en una asamblea previa para que quedara constancia de la posición de cada cual. La mayoría votó a favor y los votos negativos fueron de municipios del Ebro.
El propio Pi negó ayer que se hubiera comprometido a modificar los informes urbanísticos y dijo que sólo recordó que podrían ser revisados con la entrada de la desalinizadora de Cunit. Esta instalación será adjudicada en otoño y funcionará dentro de dos años. Servirá para apoyar las necesidades de 220.000 habitantes, tanto de Barcelona como de Tarragona.