Feragua pide a la Junta que cumpla el compromiso de aumentar en más de mil hectómetros cúbicos los recursos hídricos
Vie, 09/05/2008
La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) pidió hoy al Gobierno andaluz que cumpla su compromiso de aumentar en más de mil hectómetros cúbicos los recursos hídricos de la región, según lo aprobó dicha organización en la junta general ordinaria que celebró hoy en Sevilla.
En un comunicado, Feragua apuntó que este es uno de los diez retos "fundamentales y urgentes" que exigirán para esta nueva legislatura a la Junta. En este caso, pidió que lo realice a través de la puesta en funcionamiento y el pleno rendimiento "de forma urgente" de los embalses de la Breña II (Córdoba), Arenoso (Córdoba), Rules (Granada), Giribaile y Siles (Jaén), Andévalo (Huelva) y Melonares (Sevilla), actualmente en construcción o en fase de llenado.
También mediante el inicio "inmediato" de la construcción de los embalses de Alcolea (Huelva), Recrecimiento de la Concepción (Málaga), Cerro Blanco (Málaga), San Calixto (Sevilla), y la Balsa del Llano del Cadimo (Jaén).
Terminando la puesta en riego de las obras del Plan Coordinado de las zonas regables del Genil-Cabra (Córdoba) y Chanza-Piedras (Huelva) y las mejoras del regadío del Bajo Guadalquivir (Sevilla), junto a la licitación y ejecución "de forma urgente" de las infraestructuras de transportes denominadas Canal de Trigueros (Huelva), Conducciones en la zona regable del embalse de Rules (Granada) y la Conducción del la margen derecha del Plan Guaro (Málaga).
De esta manera, apuntó que aprovecharían para regadío los recursos regulados por las presas de Alcolea, Rules y La Viñuela, así como las tubería de conexión de la desaladora de Carboneras al Levante Almeriense.
Mediante la licitación y ejecución del proyecto de mejora y consolidación del los regadíos del Plan Baza-Huescar (Granada), los proyectos de modernización y consolidación de regadíos de las zonas regables de Jaén, el proyecto de nuevas infraestructuras hidráulicas en el sistema Barbate-Celemín (Cádiz) a través de los recursos hídricos del río Álamo y el proyecto de mejora del sector arrocero para evitar el tapón salino (Sevilla).
Al desarrollar el Plan de Modernización de Regadíos del Guadalquivir compensatorio a la puesta en servicio transitorio del Trasvase Negratín-Almanzora y el Plan de Infraestructuras del Guadiaro (Cádiz), aprobado como compensación a la puesta en servicio del Trasvase Guadiaro-Majaceite.
AYUDAS PÚBLICAS PARA INSTALAR EFICIENTES SISTEMA DE RIEGO.
Como según reto para el Gobierno andaluz, Feragua resaltó la habilitación de las ayudas públicas para la instalación a nivel de parcela de eficientes sistemas de aplicación del riego, que exigirán una inversión en las cuencas andaluzas de más de 750 millones de euros, "sin la cual carecerán de efectividad los más de 1.500 millones que entre administraciones públicas y usuarios ya han invertido o comprometido para modernizar las infraestructuras generales de transporte y distribución".
Además, pidió "extremar la vigilancia y control de las demandas existentes" que evite el aumento de nuevas demandas en cuencas deficitarias que no estén aprobadas por la planificación hidrológica vigente reactivando el Plan Punto Cero, e impidiendo y sancionando las actuaciones ilegales".
El abandono de cualquier iniciativa de nuevos usos con la reutilización de aguas regeneradas para el regadío del Guadalquivir, "la cual sólo serviría para generar más déficit hídrico", y aplicar la reutilización en las cuencas litorales, "siempre que se cumpla con los correspondientes estándares de calidad del agua, de modo que se garantice la salubridad de los alimentos, y no se ponga en peligro el futuro de los sistemas de producción integrada y la agricultura ecológica".
LA DESALACIÓN, SÓLO PARA EL REGADÍO DEL LITORAL.
Como quinto reto, presentó contemplar la desalación "únicamente como una solución aplicable para el regadío del litoral, y sólo como fuente complementaria y alternativa a embalses, trasvases, pozos y reutilización, descartando su aplicación para el resto del regadío andaluz, por sus altos costes económicos y medioambientales".
Pidió que los puestos de dirección y coordinación de los necesarios servicios provinciales de la administración hidráulica se han otorgados a "profesionales con dilatada experiencia en la gestión hidráulica y preferiblemente sin afiliación política, a fin de garantizar una gestión eficiente, racional y despolitizada".
Exigió que se otorgue a las comunidades de regantes la representatividad en los órganos de participación de la administración hidráulica que tienen en el resto de España, y que les corresponde por gestionar y administrar más del 60 por ciento del agua que se utiliza en Andalucía.
En este sentido, concretó que se eleve la participación de los representantes del regadío hasta un mínimo del 20 por ciento en los órganos de gobierno y planificación y hasta al menos el 60 por ciento en los órganos de gestión, "tal y como ocurría en Andalucía antes del proceso de transferencia de las cuencas litorales, y tal y como ocurre en la mayoría de las cuencas hidrográficas españolas".
Apuntó la garantía de la preservación del principio de unidad de cuenca en el proceso de transferencia del Guadalquivir que debe de efectuarse de acuerdo a las leyes españolas y europeas, y al principio internacionalmente aceptado en política hidráulica que establece que la gestión del agua se debe hacer por cuencas hidrográficas, como refleja la Carta Europea del Agua, aprobada en 1967, la cual establece "que el agua no tiene fronteras" y declara "que la administración de los recursos hidráulicos debería encuadrarse más bien en el marco de la cuencas naturales que en de las fronteras administrativas y políticas".
Pidió que la Junta mantenga "una posición de imparcialidad hacia el movimiento asociativo del regadío, evitando peligrosas discriminaciones y otorgando a cada cual el nivel de interlocución que le corresponde según su representatividad".
Por último, exigió el desarrollo de una política hidráulica basada en el diálogo y en el acuerdo con los usuarios, para que "se sientan corresponsables de la buena gestión y uso eficiente del agua, fomentando el desarrollo de grandes pactos y acuerdos con todos los usuarios y demás agentes socioeconómicos y medioambientales que conforman la sociedad civil andaluza".
En un comunicado, Feragua apuntó que este es uno de los diez retos "fundamentales y urgentes" que exigirán para esta nueva legislatura a la Junta. En este caso, pidió que lo realice a través de la puesta en funcionamiento y el pleno rendimiento "de forma urgente" de los embalses de la Breña II (Córdoba), Arenoso (Córdoba), Rules (Granada), Giribaile y Siles (Jaén), Andévalo (Huelva) y Melonares (Sevilla), actualmente en construcción o en fase de llenado.
También mediante el inicio "inmediato" de la construcción de los embalses de Alcolea (Huelva), Recrecimiento de la Concepción (Málaga), Cerro Blanco (Málaga), San Calixto (Sevilla), y la Balsa del Llano del Cadimo (Jaén).
Terminando la puesta en riego de las obras del Plan Coordinado de las zonas regables del Genil-Cabra (Córdoba) y Chanza-Piedras (Huelva) y las mejoras del regadío del Bajo Guadalquivir (Sevilla), junto a la licitación y ejecución "de forma urgente" de las infraestructuras de transportes denominadas Canal de Trigueros (Huelva), Conducciones en la zona regable del embalse de Rules (Granada) y la Conducción del la margen derecha del Plan Guaro (Málaga).
De esta manera, apuntó que aprovecharían para regadío los recursos regulados por las presas de Alcolea, Rules y La Viñuela, así como las tubería de conexión de la desaladora de Carboneras al Levante Almeriense.
Mediante la licitación y ejecución del proyecto de mejora y consolidación del los regadíos del Plan Baza-Huescar (Granada), los proyectos de modernización y consolidación de regadíos de las zonas regables de Jaén, el proyecto de nuevas infraestructuras hidráulicas en el sistema Barbate-Celemín (Cádiz) a través de los recursos hídricos del río Álamo y el proyecto de mejora del sector arrocero para evitar el tapón salino (Sevilla).
Al desarrollar el Plan de Modernización de Regadíos del Guadalquivir compensatorio a la puesta en servicio transitorio del Trasvase Negratín-Almanzora y el Plan de Infraestructuras del Guadiaro (Cádiz), aprobado como compensación a la puesta en servicio del Trasvase Guadiaro-Majaceite.
AYUDAS PÚBLICAS PARA INSTALAR EFICIENTES SISTEMA DE RIEGO.
Como según reto para el Gobierno andaluz, Feragua resaltó la habilitación de las ayudas públicas para la instalación a nivel de parcela de eficientes sistemas de aplicación del riego, que exigirán una inversión en las cuencas andaluzas de más de 750 millones de euros, "sin la cual carecerán de efectividad los más de 1.500 millones que entre administraciones públicas y usuarios ya han invertido o comprometido para modernizar las infraestructuras generales de transporte y distribución".
Además, pidió "extremar la vigilancia y control de las demandas existentes" que evite el aumento de nuevas demandas en cuencas deficitarias que no estén aprobadas por la planificación hidrológica vigente reactivando el Plan Punto Cero, e impidiendo y sancionando las actuaciones ilegales".
El abandono de cualquier iniciativa de nuevos usos con la reutilización de aguas regeneradas para el regadío del Guadalquivir, "la cual sólo serviría para generar más déficit hídrico", y aplicar la reutilización en las cuencas litorales, "siempre que se cumpla con los correspondientes estándares de calidad del agua, de modo que se garantice la salubridad de los alimentos, y no se ponga en peligro el futuro de los sistemas de producción integrada y la agricultura ecológica".
LA DESALACIÓN, SÓLO PARA EL REGADÍO DEL LITORAL.
Como quinto reto, presentó contemplar la desalación "únicamente como una solución aplicable para el regadío del litoral, y sólo como fuente complementaria y alternativa a embalses, trasvases, pozos y reutilización, descartando su aplicación para el resto del regadío andaluz, por sus altos costes económicos y medioambientales".
Pidió que los puestos de dirección y coordinación de los necesarios servicios provinciales de la administración hidráulica se han otorgados a "profesionales con dilatada experiencia en la gestión hidráulica y preferiblemente sin afiliación política, a fin de garantizar una gestión eficiente, racional y despolitizada".
Exigió que se otorgue a las comunidades de regantes la representatividad en los órganos de participación de la administración hidráulica que tienen en el resto de España, y que les corresponde por gestionar y administrar más del 60 por ciento del agua que se utiliza en Andalucía.
En este sentido, concretó que se eleve la participación de los representantes del regadío hasta un mínimo del 20 por ciento en los órganos de gobierno y planificación y hasta al menos el 60 por ciento en los órganos de gestión, "tal y como ocurría en Andalucía antes del proceso de transferencia de las cuencas litorales, y tal y como ocurre en la mayoría de las cuencas hidrográficas españolas".
Apuntó la garantía de la preservación del principio de unidad de cuenca en el proceso de transferencia del Guadalquivir que debe de efectuarse de acuerdo a las leyes españolas y europeas, y al principio internacionalmente aceptado en política hidráulica que establece que la gestión del agua se debe hacer por cuencas hidrográficas, como refleja la Carta Europea del Agua, aprobada en 1967, la cual establece "que el agua no tiene fronteras" y declara "que la administración de los recursos hidráulicos debería encuadrarse más bien en el marco de la cuencas naturales que en de las fronteras administrativas y políticas".
Pidió que la Junta mantenga "una posición de imparcialidad hacia el movimiento asociativo del regadío, evitando peligrosas discriminaciones y otorgando a cada cual el nivel de interlocución que le corresponde según su representatividad".
Por último, exigió el desarrollo de una política hidráulica basada en el diálogo y en el acuerdo con los usuarios, para que "se sientan corresponsables de la buena gestión y uso eficiente del agua, fomentando el desarrollo de grandes pactos y acuerdos con todos los usuarios y demás agentes socioeconómicos y medioambientales que conforman la sociedad civil andaluza".