Camps reclama un trasvase para Valencia como el que permitirá llevar agua del Ebro a Barcelona
Dom, 13/04/2008
El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para realizar un trasvase de agua desde el río Ebro hasta la red del Ter-Llobregat y paliar así la situación de emergencia que sufre Barcelona no ha sentado nada bien en la Comunitat Valenciana: ni al Consell, ni al PP. Esta obra, que será aprobado probablemente por el Consejo de Ministros del viernes, se presenta como la solución definitiva adoptada para paliar a corto plazo los problemas de suministro en la zona de Barcelona, que podrían agravarse a partir del otoño si persiste la sequía.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer en un mitin junto a Mariano Rajoy que el nuevo Gobierno de Zapatero «nace mal si pacta una parte del trasvase del Ebro y condena a otra parte de España sin agua» -«El agua que tanto necesitamos», agregó en referencia al derogado trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia-. El jefe del Consell dejó claro que está a favor del trasvase del Ebro a Barcelona como salida para su grave situación, pero amplió esa solución a Valencia, Murcia y Almería. Por ello, anunció que esta semana se reunirá con los presidentes regionales del PP de Murcia y Andalucía para «denunciar la marginación» de Zapatero en materia hídrica en un frente común, y también para «exigir un plan nacional con reglas del juego claras».
En la misma línea, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, calificó de «marginación» y «colmo de la insolidaridad» que Zapatero planee esta infraestructura hidráulica tras haber iniciado la pasada legislatura con la derogación del Plan Hidrológico. «Zapatero es capaz de tomar medidas que benefician a una parte del territorio mientras condena a la sequía a otras regiones por no estar gobernadas por su partido», dijo.
Las críticas desde la Comunitat no sólo procedieron del Gobierno autonómico. El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la realización de esta obra como «una de las mayores afrentas, discriminaciones y marginaciones en la historia de la democracia» y aseguró que si esta medida no se extiende a la Comunitat, esta «plantará batalla institucional».
Costa opinó que con esta decisión el Gobierno de Zapatero está rectificando, para «recuperar lo que derogó en 2004». Además, subrayó la «disparidad» que, a su juicio, supone la oposición de los socialistas catalanes al Informe Camps, aprobado el pasado jueves en el Comité de las Regiones, y el hecho de que Zapatero «solamente les da trasvase a Montilla y a los socialistas catalanes».
Por otro lado, desde el Gobierno murciano, el consejero de Presidencia, Juan Antonio De Heras, afirmó que la llegada de agua del Ebro a Barcelona no es una «captación de emergencia, sino un verdadero trasvase», por lo que acusó al Gobierno de realizar una «pirueta verbal».
Desde el punto de vista técnico, cabe destacar que la obra acordada por ambos ejecutivos y que probablemente será presentada mañana es una prolongación del llamado minitrasvase de Tarragona y consiste en la interconexión de las redes de distribución de agua de Tarragona y Barcelona. Actualmente, Aguas de Tarragona compra a los regantes del Ebro 120 hectómetros cúbicos, una cesión que han compensado con obras de mejora y ahorro de agua. Sin embargo, de esos 120 hm3 Tarragona sólo consume 80. Son esos 40 hectómetros de diferencia los que va a adquirir el Gobierno central para enviar a Barcelona.
El agua será transportada a través de una cañería que discurrirá en paralelo a la autopista AP-7, desde Tarragona hasta los depósitos del Consorcio Aigües Ter Llobregat, en Olèrdola (Alt llobregat). Sesenta kilómetros de conducción en total para una obra que podría costar unos 150 millones de euros, aproximadamente.
Según trascendió ayer, el Gobierno ya ha contactado con las empresas del sector para estudiar el proyecto, ya que se pretende que con la llegada del otoño, fecha límite para evitar los cortes de agua, las cuencas estén conectadas. El propio presidente catalán, José Montilla, confirmó ayer que «la solución está muy avanzada».
Diferencias entre los proyectos
Pese a las críticas de Consell y PP valenciano, equiparando esta infraestructura al trasvase del Ebro a la Comunitat, existen diferencias sustanciales entre ambos proyectos. Por un lado, el volumen de agua que llegará a Barcelona en otoño si persiste la sequía es de 40 hectómetros y, además, destinado a evitar temporalmente el desabastecimiento humano; por contra, el derogado trasvase contemplaba hasta 860 hectómetros para la Comunitat, Murcia y Almería, dedicados principalmente al uso agrícola y con carácter definitivo.
También es considerable la diferencia desde el punto de vista económico, entre los 1.000 millones del proyecto anulado y los 150 de esta obra temporal de emergencia. Así como en el tamaño de la obra: en el caso de la tubería que trascurrirá en paralelo a la AP-7, se trata de una conducción de 60 kilómetros; mientras que el trasvase del Ebro tenía una longitud total de 914 km, entre el ramal hacia Barcelona y el que se dirigía hacia el sur, abarcando además varias comunidades autónomas.
El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer en un mitin junto a Mariano Rajoy que el nuevo Gobierno de Zapatero «nace mal si pacta una parte del trasvase del Ebro y condena a otra parte de España sin agua» -«El agua que tanto necesitamos», agregó en referencia al derogado trasvase del Ebro a la Comunitat Valenciana y Murcia-. El jefe del Consell dejó claro que está a favor del trasvase del Ebro a Barcelona como salida para su grave situación, pero amplió esa solución a Valencia, Murcia y Almería. Por ello, anunció que esta semana se reunirá con los presidentes regionales del PP de Murcia y Andalucía para «denunciar la marginación» de Zapatero en materia hídrica en un frente común, y también para «exigir un plan nacional con reglas del juego claras».
En la misma línea, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, calificó de «marginación» y «colmo de la insolidaridad» que Zapatero planee esta infraestructura hidráulica tras haber iniciado la pasada legislatura con la derogación del Plan Hidrológico. «Zapatero es capaz de tomar medidas que benefician a una parte del territorio mientras condena a la sequía a otras regiones por no estar gobernadas por su partido», dijo.
Las críticas desde la Comunitat no sólo procedieron del Gobierno autonómico. El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la realización de esta obra como «una de las mayores afrentas, discriminaciones y marginaciones en la historia de la democracia» y aseguró que si esta medida no se extiende a la Comunitat, esta «plantará batalla institucional».
Costa opinó que con esta decisión el Gobierno de Zapatero está rectificando, para «recuperar lo que derogó en 2004». Además, subrayó la «disparidad» que, a su juicio, supone la oposición de los socialistas catalanes al Informe Camps, aprobado el pasado jueves en el Comité de las Regiones, y el hecho de que Zapatero «solamente les da trasvase a Montilla y a los socialistas catalanes».
Por otro lado, desde el Gobierno murciano, el consejero de Presidencia, Juan Antonio De Heras, afirmó que la llegada de agua del Ebro a Barcelona no es una «captación de emergencia, sino un verdadero trasvase», por lo que acusó al Gobierno de realizar una «pirueta verbal».
Desde el punto de vista técnico, cabe destacar que la obra acordada por ambos ejecutivos y que probablemente será presentada mañana es una prolongación del llamado minitrasvase de Tarragona y consiste en la interconexión de las redes de distribución de agua de Tarragona y Barcelona. Actualmente, Aguas de Tarragona compra a los regantes del Ebro 120 hectómetros cúbicos, una cesión que han compensado con obras de mejora y ahorro de agua. Sin embargo, de esos 120 hm3 Tarragona sólo consume 80. Son esos 40 hectómetros de diferencia los que va a adquirir el Gobierno central para enviar a Barcelona.
El agua será transportada a través de una cañería que discurrirá en paralelo a la autopista AP-7, desde Tarragona hasta los depósitos del Consorcio Aigües Ter Llobregat, en Olèrdola (Alt llobregat). Sesenta kilómetros de conducción en total para una obra que podría costar unos 150 millones de euros, aproximadamente.
Según trascendió ayer, el Gobierno ya ha contactado con las empresas del sector para estudiar el proyecto, ya que se pretende que con la llegada del otoño, fecha límite para evitar los cortes de agua, las cuencas estén conectadas. El propio presidente catalán, José Montilla, confirmó ayer que «la solución está muy avanzada».
Diferencias entre los proyectos
Pese a las críticas de Consell y PP valenciano, equiparando esta infraestructura al trasvase del Ebro a la Comunitat, existen diferencias sustanciales entre ambos proyectos. Por un lado, el volumen de agua que llegará a Barcelona en otoño si persiste la sequía es de 40 hectómetros y, además, destinado a evitar temporalmente el desabastecimiento humano; por contra, el derogado trasvase contemplaba hasta 860 hectómetros para la Comunitat, Murcia y Almería, dedicados principalmente al uso agrícola y con carácter definitivo.
También es considerable la diferencia desde el punto de vista económico, entre los 1.000 millones del proyecto anulado y los 150 de esta obra temporal de emergencia. Así como en el tamaño de la obra: en el caso de la tubería que trascurrirá en paralelo a la AP-7, se trata de una conducción de 60 kilómetros; mientras que el trasvase del Ebro tenía una longitud total de 914 km, entre el ramal hacia Barcelona y el que se dirigía hacia el sur, abarcando además varias comunidades autónomas.