Menos desaladoras y más depuradoras
Dom, 06/04/2008
Y a ha pasado el tiempo de las grandes infraestructuras hidráulicas, pero no por eso las compañías que las construían (diversificadas y convertidas en multinacionales) han dejado sus vínculos con el agua. La mayoría de ellas ha desarrollado filiales que se dedican a desalación, depuración y potabilización.
Durante los últimos cuatro años, ese mercado ha movilizado 4.040 millones de euros en contratatos de potabilizadoras (769 millones de euros), depuradoras (1.923 millones) y desaladoras (1.348 millones). El pico de inversiones más importante se produjo en 2006, año en el que la sociedad estatal Acuamed, heredera de los compromisos del trasvase del Ebro, licitó la construcción de plantas desaladoras por valor de 980 millones de euros. 'El grueso de las plantas desaladoras ya están licitadas. Al año siguiente, la inversión bajó a 221 millones y no creo que lleguemos a 150 los próximos años', dice Ángel Cajigas, ex subdirector de Calidad del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y actual responsable del lobby que forma la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA).
La asociación agrupa a las seis filiales de las grandes constructoras; Drace Medio Ambiente (ACS), Cadagua (Ferrovial), Acciona Agua, Inima (OHL), Sadyt, filial de Sacyr Vallehermoso, Aqualia, dependiente de FCC, Befesa (Abengoa) y la francesa Degremont. Todas ellas son las principales adjudicatarias de las grandes infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua desde su captación, transporte, potabilización (o desalación) y depuración para verterla de nuevo a los ríos.
19.000 millones hasta 2015
En los últimos quince años, España ha recorrido a gran velocidad su puesta al día en depuración, para poder cumplir con las exigencias de directivas europeas y aprovechar los fondos de cohesión con los que se ha financiado en su mayor parte. Esta adaptación venía incluida en el I Plan de Saneamiento puesto en marcha en 1995 y vigente hasta 2005. De este plan cuelgan todavía muchas actuaciones pendientes como la depuradora de Algeciras (114.012 habitantes), que se encuentra en construcción, o ampliaciones de depuradoras como las de Mijas, Benalmádena y Estepona, que se han visto desbordadas por el aumento de población.
El plan de 1995 se ha quedado corto en depuración no sólo por el crecimiento de muchas poblaciones. Las nuevas directivas europeas sobre agua han elevado los parámetros de calidad de la que circula por los ríos para preservar zonas acuáticas sensibles a los ecosistemas o porque se consideran idóneas para el consumo de boca.
A mediados de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un segundo plan de calidad del agua 2007-2015, que lleva aparejado un paquete de inversiones superior a 19.000 millones de euros. El Ministerio financiará lo que queda pendiente del primer plan (3.046 millones) y suscribirá convenios con las autonomías para hacerse cargo del 25% ó 50% de las nuevas actuaciones. De momento sólo se han firmado convenios con Asturias y Aragón. Cajigas confía en que el plan 'se desarrolle adecuadamente', aunque es consciente de que podría haber algún problema de financiación debido al descenso de los fondos de cohesión y al fuerte endeudamiento de las comunidades autónomas. ATTA apuesta por acudir a la financiación privada, aunque está pendiente de cómo se concreta.
Durante los últimos cuatro años, ese mercado ha movilizado 4.040 millones de euros en contratatos de potabilizadoras (769 millones de euros), depuradoras (1.923 millones) y desaladoras (1.348 millones). El pico de inversiones más importante se produjo en 2006, año en el que la sociedad estatal Acuamed, heredera de los compromisos del trasvase del Ebro, licitó la construcción de plantas desaladoras por valor de 980 millones de euros. 'El grueso de las plantas desaladoras ya están licitadas. Al año siguiente, la inversión bajó a 221 millones y no creo que lleguemos a 150 los próximos años', dice Ángel Cajigas, ex subdirector de Calidad del Agua del Ministerio de Medio Ambiente y actual responsable del lobby que forma la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA).
La asociación agrupa a las seis filiales de las grandes constructoras; Drace Medio Ambiente (ACS), Cadagua (Ferrovial), Acciona Agua, Inima (OHL), Sadyt, filial de Sacyr Vallehermoso, Aqualia, dependiente de FCC, Befesa (Abengoa) y la francesa Degremont. Todas ellas son las principales adjudicatarias de las grandes infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua desde su captación, transporte, potabilización (o desalación) y depuración para verterla de nuevo a los ríos.
19.000 millones hasta 2015
En los últimos quince años, España ha recorrido a gran velocidad su puesta al día en depuración, para poder cumplir con las exigencias de directivas europeas y aprovechar los fondos de cohesión con los que se ha financiado en su mayor parte. Esta adaptación venía incluida en el I Plan de Saneamiento puesto en marcha en 1995 y vigente hasta 2005. De este plan cuelgan todavía muchas actuaciones pendientes como la depuradora de Algeciras (114.012 habitantes), que se encuentra en construcción, o ampliaciones de depuradoras como las de Mijas, Benalmádena y Estepona, que se han visto desbordadas por el aumento de población.
El plan de 1995 se ha quedado corto en depuración no sólo por el crecimiento de muchas poblaciones. Las nuevas directivas europeas sobre agua han elevado los parámetros de calidad de la que circula por los ríos para preservar zonas acuáticas sensibles a los ecosistemas o porque se consideran idóneas para el consumo de boca.
A mediados de 2007, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un segundo plan de calidad del agua 2007-2015, que lleva aparejado un paquete de inversiones superior a 19.000 millones de euros. El Ministerio financiará lo que queda pendiente del primer plan (3.046 millones) y suscribirá convenios con las autonomías para hacerse cargo del 25% ó 50% de las nuevas actuaciones. De momento sólo se han firmado convenios con Asturias y Aragón. Cajigas confía en que el plan 'se desarrolle adecuadamente', aunque es consciente de que podría haber algún problema de financiación debido al descenso de los fondos de cohesión y al fuerte endeudamiento de las comunidades autónomas. ATTA apuesta por acudir a la financiación privada, aunque está pendiente de cómo se concreta.