La crecida del Ebro aviva la polémica sobre el trasvase
Lun, 31/03/2008
La crecida del Ebro provocó ayer un cruce de acusaciones y de opiniones que avivaron la polémica sobre el trasvase a la Comunitat Valenciana y la necesidad del agua. Así, el portavoz del PP en Les Corts, Ricardo Costa, pidió coherencia al Gobierno central, ya que "niega el agua a los valencianos pero, en cambio, plantea ya trasvases como el del Segre hacia Barcelona".
Costa incidió en que "el caudal sobrante del Ebro que recorre Zaragoza serviría para hacer de sobra la infraestructura" hacia la Comunitat. Asimismo, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, lamentó que José Montilla "desconozca los usos claros del agua del Plan Hidrológico Nacional".
Por otra parte, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, afirmó que "la postura aragonesa será oponerse a cualquier trasvase porque así lo obliga el Estatuto de Autonomía de Aragón".
Estas palabras surgieron tras la intención del Gobierno catalán de solucionar su deficiente situación hídrica planteándose traspasar en otoño agua del río Segre al Llobregat a través del Túnel de Cadí, así como que las cuencas deficitarias reciban agua del Ebro mediante nuevas infraestructuras, cuyas obras comenzarían en un plazo máximo de 20 días, aunque no haya autorización del Ejecutivo central.
Costa incidió en que "el caudal sobrante del Ebro que recorre Zaragoza serviría para hacer de sobra la infraestructura" hacia la Comunitat. Asimismo, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, lamentó que José Montilla "desconozca los usos claros del agua del Plan Hidrológico Nacional".
Por otra parte, el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, afirmó que "la postura aragonesa será oponerse a cualquier trasvase porque así lo obliga el Estatuto de Autonomía de Aragón".
Estas palabras surgieron tras la intención del Gobierno catalán de solucionar su deficiente situación hídrica planteándose traspasar en otoño agua del río Segre al Llobregat a través del Túnel de Cadí, así como que las cuencas deficitarias reciban agua del Ebro mediante nuevas infraestructuras, cuyas obras comenzarían en un plazo máximo de 20 días, aunque no haya autorización del Ejecutivo central.