Entre la incertidumbre y la preocupación por lo novedoso de la experiencia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con 80 años recién cumplidos, se acerca inexorablemente a sufrir un cambio importante en su estructura, de la mano del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que contempla el traspaso desde el Gobierno central de la gestión de las aguas que discurren por la Comunidad. El nuevo modelo administrativo de la cuenca otorga a la Junta competencias exclusivas en materia de concesiones, circunstancia que ha provocado las críticas de algunos colectivos, el de los agricultores y el de los ecologistas, que temen que en el futuro reparto del agua primen los criterios políticos sobre los técnicos. Ambos sectores no ocultan su desconfianza hacia un proceso que teóricamente deberá concluir el 1 de julio del presente año, según el acuerdo político que se cerró en Cazorla (Jaén) el 12 de noviembre de 2007 por parte de la Comisión Bilateral Andalucía-Estado. Concesión de recursos Ese día quedó establecido que la Administración del Estado fijará el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir y elaborará y aprobará un Plan Hidrológico de Demarcación. Mientras, la Junta será la responsable de otorgar las concesiones de recursos hídricos reservados a la Comunidad autónoma en la planificación hidrológica. Para el presidente de la organización agraria Asaja en Andalucía, Ricardo Serra, «lo importante no es quién tiene las competencias de las cuencas, sino cómo se ejercen. En lo que se denomina la nueva cultura del agua prima el ahorro, pero nosotros insistimos en que el ahorro no solucionará el problema de los regantes, que como grandes usuarios son los más afectados». Y si el ahorro no es suficiente, resulta imprescindible, sostiene, «aumentar nuestra capacidad de embalse aprovechando los ciclos de lluvia para almacenar». Además, entiende Serra que si la cuenca del Guadalquivir «es deficitaria», el que la Junta asuma las competencias del reparto no es una panacea precisamente. «cuando estamos dentro de una unidad global (el Estado), siempre habrá cuencas con posibilidades de ceder agua a Andalucía si le sobra», pero la situación se complica cuando se trata de repartir carestía, como ocurre con el Guadalquivir. Y es en este punto donde entran en juego los criterios para la adjudicación de los recursos y la desconfianza de Asaja. «Es un tema muy delicado, porque aquí cada uno puede mirar la parte del negocio que le convenga. Corremos el riesgo de que se puedan cambiar los criterios. Hasta ahora había un equilibrio bastante razonable y eso se puede romper. Y para nada me parece bien que se haya fomentado una asociación de regantes desde la Junta de Andalucía, descaradamente en favor de una organización agraria como es la UPA. En palabras de Ricardo Serra, «eso no contribuye a dar una imagen de equidad. Y también es un hecho evidente que por influencias políticas se han promocionado hectáreas de riego para algunos cultivos en momentos en lo que para nada estaba garantizado el riego para todos», circunstancia que a partir de ahora puede ser no una excepción sino una constante. Por lo que respecta al futuro de la Confederación del Guadalquivir como organismo, que perderá buena parte de sus funciones en favor de la Junta, Serra indica que no todo el mundo en el seno de la institución está demasiado contento, si bien, añadió, «los funcionarios son muy precavidos y no me corresponde a mí hablar del estado de ánimo que tienen. Pero sin duda ante un cambio tan importante hay una cierta incertidumbre, preocupación y hasta desconcierto. Pero es lógico, porque se ha dado en otros procesos similares». Planteamiento territorial Alberto Fernández es responsable del área de Aguas en la organización ecologista Adena. En declaraciones a ABC, resalta que las cuencas hidrográficas deben tener «un planteamiento territorial ligado a la unidad geográfica de las mismas» En en caso del Guadalquivir, al discurrir la cuenca por cuatro autonomías diferentes (Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y sobre todo, Andalucía), aunque la Junta sólo asume las aguas de la Comunidad, en opinión de Fernández esto pude crear «problemas graves». Cambio climático Así, hace referencia a escenarios futuros que se pueden presentar con el «cambio climático, con los trasvases de agua y cuando se trata de garantizar el caudal ecológico con una unidad de criterio que evite descompensaciones». Según el portavoz de Adena, todas estas cuestiones sólo pueden conseguirse si existe una «unidad única de gestión. En la cuenca del Guadalquivir, al estar afectadas cuatro comunidades autónomas, la unidad de gestión debe corresponder al Gobierno central». Afirma Alberto Fernández que de consumarse este proceso de transferencias «se va a obstaculizar la Directiva Marco de Aguas, se van a crear desigualdades entre territorios, será muy difícil calcular el caudal ecológico y se van a producir muchas tensiones». De la misma forma, Adena comparte la opinión de Asaja en lo referente al plus de carga política que tendrán las decisiones sobre el reparto del agua, saltándose los «criterios científicos y de la Directiva Marco. Desde nuestro punto de vista se pueden utilizar criterios arbitrarios». Además, asevera Alberto Fernández que «los objetivos territoriales de una Comunidad autónoma no son los mismos que los objetivos nacionales». Recuerda el representante de Adena que el Estado español, en el capítulo del Agua, debe dar cuenta a la Comisión Europea de la política que se practica, «y los intereses de una Comunidad autónoma no tienen por qué coincidir con los que se le reclama a todo el Estado. Y eso es bastante grave». Por último, subraya que «desde el punto de vista de la legislación europea, de la española, y desde el punto de vista ecológico y científico, la unidad de cuenca es fundamental y el traspaso de competencias a Andalucía es un error que debe evitarse».