El precio del agua en España debe multiplicarse por cuatro en los próximos años, ya que el 75% de la tarifa está subsidiada, sobre todo en la agricultura. Ésta es una de las principales recomendaciones del Comité de Expertos en Sequía que asesora al Ministerio de Medio Ambiente, integrado por especialistas de seis universidades españolas, cuyo informe ha levantado la polémica en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana. Estos expertos dejan en evidencia la idoneidad de la desalinización masiva que ha puesto en marcha la ministra Narbona para resolver la escasez de agua. Las críticas a la desalinización no implican que estos especialistas apuesten por los trasvases. Todo lo contrario, las transferencias de agua no se mencionan como alternativa en un amplio informe técnico y científico que tuvo un primer avance el verano pasado en Santander. En aquello que más afecta al bolsillo, el Comité apuesta decididamente por aplicar con todas sus consecuencias la Directiva Marco de Agua de la UE, que será de obligado cumplimiento a partir del año 2010. Alertan de que en los dos próximos años desaparecerán los fondos europeos para financiar obras hidráulicas. Esto supone que no quedarán ayudas de Bruselas para subvencionar la construcción de un posible trasvase del Ebro, en el caso de que el Partido Popular gane las elecciones y vuelva a poner el proyecto sobre la mesa. «No debe alarmar» Enrique Cabrera, de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente del Comité de Expertos, dice en su análisis sobre la tarifación que los consumos unitarios son más altos en España debido al subsidio de las tarifas, y que una vez que se aplique el principio de recuperación de costes se incentivará doblemente el ahorro y no se malgastará el agua. Considera que el aumento de las tarifas «no debe alarmar a la población» porque cree que será asumible por las economías domésticas, sobre todo si se protege a las más débiles. Sostiene que no se trata de pagar más, sino de hacerlo de manera diferente, y precisa que con el ahorro y la eficacia no se hipotecará a las próximas generaciones. La escalada de los precios del agua ya se está sufriendo en la cuenca del Segura, donde las tarifas para los abastecimientos urbanos están experimentando aumentos periódicos de hasta el 20% debido a la desalinización. Cabrera critica, por otra parte, que se suministre agua a las nuevas urbanizaciones «sin ampliar las infraestructuras generales». Desalinizadoras inservibles Los expertos ponen el énfasis, por otra parte, en que no debe cortarse el agua ante una fuerte sequía. Consideran necesario que se cree una agencia reguladora que controle la prestación de un servicio tal vital. La parte más crítica del informe se refiere a la desalinización, la opción estrella del Programa Agua del Ministerio. Supone un revés técnico, puesto que no se considera «la solución definitiva a los problemas de agua en estos momentos». Así lo refleja Rafael Mujeriego, de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien apunta que la desalinización es una alternativa técnica bien consolidada, pero sigue siendo «una fuente de agua inusual, excepto en las regiones con mayor nivel de vida o con mayores déficits de agua». Sostiene que «es demasiado cara como fuente principal de agua dulce». Eso ya se sabía en la cuenca del Segura, pero no la predicción que hace este experto: el precio no bajará, sino al contrario. Significa que la desalinización tiene una «alta dependencia energética» y advierte de que «el aumento registrado recientemente por el coste de las materias primas (como el acero), de la energía y de las tasas de interés lleva a pensar a un futuro aumento de los costes de desalación». Añade, no obstante, que es impredecible el coste real en los próximos años. Ahora, los costes reales de la desalinización rebasan los 60 céntimos por metro cúbico. Otro elemento en contra de la desalinización son los costes de inversión. Las obras de regulación (canales, embalses y acueductos) tienen unos costes muy inferiores a los de la regeneración (depuración) y desalinización. Esta última se lleva la palma a razón de 4 euros anuales por metro cúbico obtenido. En el caso de la regulación ese coste es de 1,7 euros. Los periodos de amortización también cuentan. Para las obras de regulación llegan hasta los 100 años, pero la vida de una planta desalinizadora es mucho más corta. A los 5 años hay que renovar todas las membranas, y a los 25 años todas las instalaciones. Enrique Cabrera Marcet, de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente del Comité de Expertos, es taxativo a la hora de erradicar «la práctica habitual en España» de los cortes de agua durante épocas de sequía. Sostiene que «los cortes, y con ellos los aljibes insalubres e ineficientes que los acompañan, deberían pasar cuanto antes a la historia».