Entre las conclusiones adoptadas por el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático reunido el pasado mes de noviembre en Valencia —y que luego fueron ratificadas en la cumbre de Bali un mes después— destaca sobremanera la recomendación a todos los países de impulsar el desarrollo de centrales nucleares para atajar otras centrales más contaminantes —al menos hasta que se descubra una nueva fuente de energía renovable y de gran capacidad de generación eléctrica—. Las centrales nucleares se hallan actualmente en España bajo una moratoria que ningún partido político ha osado poner en cuestión en 20 años debido al escaso respaldo popular a este tipo de energía. Pese a las reticencias del colectivo político nacional —algo que ya ha cambiado en el seno de la Unión Europea—, el debate nuclear está emergiendo con vigor impulsado por el sector económico. La Confederación Empresarial Valenciana elaboró en junio de 2007 un documento animando a analizar el posible retorno a la vía nuclear. Igualmente, los sindicatos UGT y CC.OO. han mostrado públicamente su disposición a abordar el debate. Las ventajas de la energía nuclear sobre otras fuentes contaminantes son claras: no genera gases de efecto invernadero, no produce la temida lluvia ácida ni repercute en el debilitamiento de la capa de ozono. De igual forma, evita que se dependa del abastecimiento de combustibles fósiles —por ejemplo, el petróleo—, los cuales, además de ser altamente contaminantes, están sujetos a fuertes vaivenes de precio. Central de Cofrentes El ejemplo se localiza en la central nuclear de Cofrentes, la cual llega a alcanzar cotas de participación del 65% en la generación de electricidad de la región. Su funcionamiento durante un año evita la importación de dos millones de toneladas equivalentes de petróleo y la emisión a la atmósfera de 6,1 millones de toneladas de CO2.