La inexistencia de planes que regulen las cuencas propicia una cascada de peticiones «Partimos de que una minicentral es agua pública explotada por una empresa» FRANCISCO PURROY, catedrático de Zoología La desprotección de los ríos por la inexitencia de planes hidrológicos en las cuencas del Duero y del Norte, actualmente en tramitación, está permitiendo la tramitación de multitud de solicitudes para crear nuevas explotaciones en los principales ríos leoneses, una actividad estancada durante los últimos tiempos cuyo resurgimiento es calificado como «asalto hidroeléctrico» por el profesor Pedro Brufao Curiel, uno de los máximos expertos de todo el país en Derecho del Agua y legislación sobre los recursos hídricos. Según los datos facilitados por las confederaciones hidrográficas del Duero y del Norte, actualmente se encuentran en tramitación 89 nuevas minicentrales para el aprovechamiento hidroeléctrico, 45 de las cuales se proyectan en las comarcas del Bierzo y la Cabrera y el resto en los ríos que vierten al Duero. Según la misma fuente, en León operan ya 26 centrales, por lo que de aprobarse las concesiones solicitadas por los promotores privados la presencia de estos miniembalses se cuadriplicaría en la provincia leonesa. Algunas de las minicentrales solicitadas pretenden ocupar los cauces mejor conservados de los ríos, caso del proyecto presentado para el río Alcantarilla, en San Emiliano. Otras no guardarían la distancia mínima recomendable entre minicentrales, como la de Matallana de Torío. Y muchas de ellas quieren levantarse en parajes de un alto valor ambiental y cultural, como la central del Puerto, junto a la ermita de Pruneda. Para qué, por qué Pero, ¿son necesarias? La respuesta parece estar en los datos proporcionados por Red Eléctrica Española. El país tiene una potencia eléctrica instalada de unos 59.000 megawatios, mientras que el récord de consumo (marzo del 2004) fue de 37.724 Mwh. Este exceso de capacidad productora se suma al hecho de que León exporta ya alrededor del 80% de la energía eléctrica que produce, la mayor parte de ella procedente de las grandes centrales ubicadas en los pantanos del Porma, Riaño, Luna y Bárcena. Exactamente, el 86,2% de los megawatios que se venden a la red salen de estos embalses, mientras que el resto procede de las minicentrales. Partiendo de que no son esenciales, ¿entonces por qué son tan pretendidas? La clave está en que las ayudas por kilovatio que reciben estas empresas por parte de la Administración al ser calificadas como fuentes limpias o alternativas es el doble de la tarifa normal. Además, los titulares tienen garantizada la venta de toda su producción, puesto que las grandes eléctricas que se reparten el mercado están obligadas a comprar todo lo que se produzca. Ecosistema en beneficio propio Eso sin tener en cuenta que la mayor parte de ellas, si no todas, están levantadas sobre dominio público hidráulico, utilizando un ecosistema en beneficio propio. «Es como vender pipas a la salida de un colegio, en el que todos los alumnos están obligados a comprarlas y al precio que yo diga», resume Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Extremadura y presidente de la asociación Ríos con vida (www.riosconvida.es). Desde su punto de vista, los ríos leoneses «están sobreexplotados» y existen argumentos suficientes para que las confederaciones no admitan ni una concesión más, sobre todo si se tiene en cuenta que la provincia ya está salpicada por centrales hidroeléctricas de gran envergadura y situadas además en cauces altos. Toda nueva concesión, en opinión del experto, vulnera la directiva comunitaria de Aves, la Directiva de Hábitats y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europa, que se aplican desde 1979, 1992 y el 2000 y en las que se contempla el denominado principio de no deterioro ambiental. «Es una obligación jurídica», resalta Brufao Curiel. Obligación que, de momento, no se cumple a la vista de la multitud de concesiones que se pretenden. Los «poderosos intereses económicos» que conllevan son, según él, los motivos que están llevando a muchos empresarios a practicar «una insubordinación hidráulica» contra el Estado. «Los proyectos contemplan compensaciones a los pueblos, pero la 'letra pequeña' las condiciona» JULIO LAGO RODRÍGUEZ, doctor en Ciencias Económicas