La guerra del agua no ha hecho más que empezar. El traspaso del Guadalquivir a Andalucía ha desatado una enconada pugna entre las organizaciones de regantes por hacerse con el control de un sector que acapara el 80% de los usos del agua en la cuenca del Guadalquivir y que mueve más de 4.500 millones de euros al año. A la federación de regantes ya existente desde 1995, Feragua, que gestiona más de 290.000 hectáreas, se ha unido ahora la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda), que controla de momento 71.000 hectáreas y que se autodefine como mayoritaria en Jaén, Almería y Málaga.
Las dos se han acusado mutuamente de politización. Areda, amparada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), culpa a Feragua de actuar desde el 'inmovilismo y con privilegios'. Feragua, por su parte, dice que la nueva asociación responde a 'otros intereses ajenos al regadío' y culpa a la Junta de romper su neutralidad en este tema por el apoyo explícito dado a la nueva asociación. Y es que, con la transferencia del Guadalquivir a la comunidad autónoma, será la Junta la competente para otorgar las concesiones de recursos hídricos dentro de su territorio, algo que ahora viene haciendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
En la última década, la superficie de regadío se ha incrementado un 60% en la cuenca del Guadalquivir, que concentra 765.000 de las más de 900.000 hectáreas de regadío de la comunidad, un aumento que contrasta con las cada vez mayores restricciones de riego por el déficit hídrico existente. El regadío ocupa el 22% de la superficie agraria útil andaluza, el 60% de la producción final agraria (4.570 millones de euros el pasado ejercicio), un 50% del empleo agrario andaluz y el 15% del empleo total regional, según un informe elaborado por Asaja-Sevilla.
En este contexto se ha creado la asociación Areda, que agrupa a 184 comunidades de regantes, con más de 18.000 agricultores y un volumen de facturación superior a los 215 millones de euros.