La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, destacaron que este acuerdo abre 'un nuevo modelo de gestión del agua' que allanará el camino de cara a futuras transferencias similares, en especial en los casos en los que, como éste, las aguas de un río discurran por más de una comunidad autónoma.
El encaje que la Junta y el Estado han realizado para enmarcar este traspaso 'en la senda de la constitucionalidad', como lo definió Zarrías, ha sido dejar la gestión de los cuatro embalses ubicados o con afección en otras comunidades en manos del Estado. De esta manera, la Junta no gestionará las presas de Fresneda y Montoro (situadas en Castilla-La Mancha) y las del Jándula (ubicada en Jaén, pero que abastece a la central petroquímica de Repsol en Puertollano) y Pintado (ubicado en Sevilla, aunque su cola se encuentra en Badajoz).
Con todo, la Junta de Extremadura reiteró ayer que mantiene el recurso ante el Tribunal Constitucional sobre este traspaso a Andalucía por entender que 'no es constitucional'. Para el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, cuando un río transcurre por más de una comunidad, como es el caso del Guadalquivir, cuya cuenca pasa principalmente por Andalucía, pero también por Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, entonces esa cuenca es competencia de la Administración del Estado. 'Creemos que no necesita mucha explicación ni mucho desarrollo. Es así, y aunque el Estatuto de Andalucía dice que sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, no se puede decir una cosa y la contraria', manifestó el pasado sábado Fernández Vara.
Ayer la ministra de Administraciones Públicas le recordó a Fernández Vara su 'convicción de que los intereses de Extremadura quedan suficientemente preservados'.
El consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías, se refirió a este recurso destacando el carácter 'solidario y reequilibrador' jugado por Andalucía. 'Ni una sola gota de agua que le pertenezca a Extremadura o a Castilla-La Mancha se la va a quedar Andalucía', sentenció Zarrías, tras recordar que la disposición contemplada en el Estatuto de Autonomía recibió el voto afirmativo de todas las fuerzas políticas del Congreso, salvo la abstención de dos minorías nacionalistas.
Así las cosas, el acuerdo suscrito en Cazorla prevé que el Estado se reserva las competencias de planificación general e inversión, mientras que la Junta asumirá el resto, es decir, usos y concesiones de agua; infraestructuras hidráulicas y el control del dominio público hidráulico. La agricultura será una de las beneficiadas del acuerdo. Y es que el principal usuario del agua del Guadalquivir es el regadío andaluz, con el 80% de la demanda de agua. Según el Estatuto de Autonomía, el Estado establecerá el Plan Hidrológico del Guadalquivir y la Junta elaborará las propuestas a incluir en dicha planificación.
En este plan se le asignará a la Junta el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurren por toda la comunidad, siendo responsabilidad de la Junta otorgar las concesiones de recursos hídricos, algo hasta ahora reservado al Estado.