El recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por la Comunidad Autónoma de Extremadura contra el Estatuto andaluz, derivado de la gestión en exclusiva de las aguas del río Guadalquivir, sigue siendo un punto de fricción entre los socialistas extremeños y andaluces. El problema aflora al calor de la firma del acuerdo para el traspaso competencial, que tendrá lugar mañana, en un acto en Cazorla auspiciado por la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, y el consejero andaluz de la Presidencia, Gaspar Zarrías.
De hecho, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE), se reafirmó ayer en su decisión de seguir adelante con el recurso presentado ante el TC contra el Estatuto andaluz. En declaraciones a los medios realizadas en Badajoz, Vara mostró su «profundo respeto» por la decisión adoptada tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno, pero dejó claras las intenciones de su Gobierno.
En este sentido, señaló que dicha transferencia de competencias, que se plasmará en el seno de la Comisión Estado-Junta, «choca con lo que recoge la Constitución», por lo que mantendrá el recurso en «defensa de los intereses de Extremadura, que es para lo que estamos aquí».
Fernández Vara espera que su postura sea entendida desde Andalucía, como él comprende que los andaluces firmen mañana el acuerdo, también en defensa de sus intereses.
Acudir a un árbitro
El presidente extremeño considera su postura «algo normal» en un proceso autonómico como el español, en la que «una comunidad que en un momento dado crea que sus intereses puedan estar lesionados» tenga la oportunidad de acudir a un «árbitro», que en este caso es el Tribunal Constitucional.
El presidente de la Junta de Extremadura insistió también en que la Constitución establece que cuando un río transcurre por más de una comunidad, como es el caso del Guadalquivir, cuya cuenca pasa principalmente por Andalucía, pero también por Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, entonces esa cuenca es competencia de la Administración central del Estado y no de una sola Comunidad Autónoma. «Creemos que no necesita mucha explicación ni mucho desarrollo. Es así, y aunque el Estatuto de Andalucía dice que sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, no se puede decir una cosa y la contraria».
La transferencia del Guadalquivir es una de las principales prioridades de la Junta desde la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, respaldado por PSOE, PP e IU y con el rechazo del PA. El artículo 51 es el que concita la polémica porque establece que «la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución».