La desalación se convirtió en 2004 en la mejor arma electoral del PSOE para poner en la picota el trasvase del Ebro, el proyecto estrella diseñado por el Gobierno del PP.
Ahora, esta tecnología volverá a ser utilizada como reclamo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para poner en valor las actuaciones en materia medioambiental de los últimos cuatro años.
La encargada de poner en práctica esta estrategia de márketing y publicidad es la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
Su departamento está a punto de lanzar una megacampaña, a escasos meses de la convocatoria de elecciones generales, para destacar las bondades del plan de desalación, el capítulo estrella del denominado Programa Agua.
No se van a escatimar recursos. Según las fuentes consultadas, el Ejecutivo destinará unos 20 millones de euros para sufragar los gastos previstos en cuñas de publicidad en los principales medios de comunicación, patrocinios o reparto gratuito de agua desalada embotellada.

Estrategia

Hasta aquí, la iniciativa de Medio Ambiente encaja con la ya clásica estrategia electoral que se encarga de exprimir al máximo proyectos de infraestructuras para proceder al tradicional corte de la cinta inaugural cuando las elecciones están a la vista.
El problema es que, es esta ocasión, el departamento de Cristina Narbona también ha implicado a la iniciativa privada.

Según las fuentes consultadas, el Ministerio se ha dirigido a todas las compañías que han sido adjudicatarias del plan de desalación, la mayor parte filiales de los grupos constructores, y les ha reclamado una parte significativa de la financiación de la campaña publicitaria.
En total, algo más de siete millones de euros, cuyo reparto entre empresas será proporcional al tamaño de la obra adjudicada. Según este sistema de participación, Acciona, que se ha adjudicado la desaladora de Torrevieja, es la que más dinero tendrá que aportar. Otros contribuyentes son las filiales de Sacyr, FCC, OHL y Ferrovial, entre otras firmas.
La decisión de Medio Ambiente, aparentemente adoptada de manera arbitraria, sin previa consulta a las empresas afectadas, ha generado preocupación entre los directivos.
Al margen del elevado coste económico de la campaña, las compañías sienten que su nombre y su trabajo para la Administración puede ser utilizado en beneficio de unas determinadas siglas políticas, en este caso las del PSOE, justo cuando todos los partidos políticos han puesto en marcha la maquinaria electoral.
Según las fuentes consultadas, las empresas constructoras se sentían igual de cómodas con el programa de inversión pública diseñado por el PP entre 1996 y 2004 que con el de la actual legislatura socialista. En su opinión, su labor se limita exclusivamente a ser un proveedor con los mejores estándares de calidad y tecnología, y no entrar en polémicas en torno a cuál es el programa político.
En realidad, llueve sobre mojado. Las últimas decisiones del departamento de Cristina Narbona no han sentado bien entre los principales grupos especializados en el tratamiento de agua.
Las empresas de capital español digirieron mal la adjudicación a Veolia, la multinacional francesa, de la desaladora de Campo Dalías (Almería), una de las mayores del programa. Algunas empresas creen, además, que el Ministerio está aplicando una política de reparto de las 19 instalaciones que puede generar retrasos en la ejecución debido a la falta de experiencia de algunas de las firmas adjudicatarias.