A grandes trazos, las líneas de la «nueva política del agua» aplicadas durante la legislatura por el Medio Ambiente han girado sobre las críticas al desarrollo urbanístico y turístico, al tiempo que las soluciones para paliar el déficit hídrico se basan en la apuesta por la desalación. En todos los casos confluye un mismo origen. La derogación del trasvase del Ebro ha marcado la actuación de la ministra del ramo, Cristina Narbona. Paradójicamente, el Gobierno, preocupado por cumplir con las exigencias europeas de aproximar el precio del agua a sus verdaderos costes, pretende meter la tijera en sectores como el turismo, cuyo gasto, comparado con la aportación a la riqueza general, resulta irrisorio. De hecho, el informe que ha abierto la enésima controversia entre Narbona y la Comunidad estable una previsión del aumento del consumo de agua en el horizonte de 2015. De acuerdo con el documento, la agricultura será «el sector que más presión generará», ya que acaparará el 73% de los aumentos esperados en el uso final. El análisis prologado por la ministra de Medio Ambiente subraya que «el principal factor determinante de la expansión de la demanda de agua en la agricultura será la prevista sustitución de superficies de secano por regadío», que supondrá un total de 530.000 hectáreas en todo el país. De ellas, el 56% —más de 300.000— «se localizarán en el Ebro». En dicha cuenca, siempre según la documentación oficial, «las necesidades hídricas de los cultivos en las nuevas superficies de regadío supondrían un aumento de 1.200 hectómetros cúbicos» —justo el equivalente al trasvase derogado—. El Ministerio va más allá y advierte de que con la técnica de riego disponible en el año 2001 —ejercicio de referencia del estudio— el incremento del volumen del agua ascendería a 2.000 hectómetros cúbicos. Aliados contra el trasvase Gracias a este aumento del consumo, los aliados del PSOE en el frente antitravasista —Cataluña y Aragón fundamentalmente— gozarán de un impulso económico de primera magnitud, al tiempo que se lanzan posibles medidas para recortar la competitividad del turismo en la Comunidad. De hecho, según los datos del Ministerio, la rentabilidad de los cultivos de regadío —con un margen bruto de 1.876 euros por hectárea— multiplican por 4,4 los del secano —428 euros—. Así se explica el visto bueno del Gobierno a la profusión de terrenos con gran necesidad de caudales de agua, mientras que deja para otros más competitivos las restricciones y aumentos de precio. Todo ello, pese a tratarse de un sector que apenas consume el 0,5% del agua en España. Sin embargo, la posible repercusión de una tarifa adicional perjudica especialmente —la historia vuelve a repertirse— a la Comunidad. Distribución turística Como establece el propio informe, «el grueso de la actividad turística se concentra en lugares del territorio con una menor provisión de agua, como son las demarcaciones insulares y las provincias de la fachada mediterránea (en las que se oferta el 75% de las plazas hoteleras en la temporada estival y el 66% en el resto del año), con una participación menor y más estable de la oferta de las provincias atlánticas (entre el 6 y el 8% de la oferta según la época del año) y alrededor del 25% en las provincias de interior». «Esta distribución espacial unida a la elevada estacionalidad del turismo —concluye el documento— constituye un importante reto para la gestión del agua».