El calendario de desarrollo del Estatuto de Autonomía ya tiene marcado en rojo un nuevo día: el próximo 12 de noviembre se reunirá la Comisión Mixta Estado-Junta de Andalucía para el traspaso a esta última de las competencias de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que se hará efectivo el 1 de julio de 2008 una vez se cierren los flecos de un acuerdo que incluye la gestión de 54 pantanos, 25 centrales hidroeléctricas y unos 700 funcionarios.

El acuerdo, según manifestó ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, no establece un traspaso ad hoc para Andalucía, sino que pretende servir de modelo y referente para otras comunidades autónomas.

No en vano, y dado que el nuevo Estatuto especifica en su artículo 51 que la Junta desarrollará sus 'competencias exclusivas' sobre las aguas del Guadalquivir a su paso por Andalucía 'sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y del artículo 149.1.22 de la Constitución', el acuerdo incluirá una serie de embalses que formarán parte de una red española que permitirá al Gobierno central hacer uso de sus aguas en casos excepcionales, tales como largos períodos de sequía, grave contaminación o inundaciones. Para ello deberá darse una condición: que estén en juego los intereses generales o de otras comunidades autónomas.

La utilización por el Gobierno de las aguas de estos embalses -cuya nómina se definirá en función de parámetros como su capacidad o ubicación y en la que se incluirán posiblemente algunos de las cuencas Mediterránea y Atlántica, en manos de la Administración andaluza desde enero de 2006- se llevará a cabo, según la consejera, de acuerdo con la Junta y en el exclusivo marco de 'decisiones estratégicas'. Coves puso como ejemplo a seguir la extinción de los incendios forestales, una competencia de la Junta de Andalucía que ésta comparte de forma coordinada con el Estado cuando el siniestro es de grandes proporciones y se entra en el terreno de la protección civil.

El Estado también será responsable de la obras de interés general de la cuenca -como las que se ejecutan en Torrox y Nerja- y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en tanto que la Junta creará un órgano análogo y similar a los ya existentes en las cuencas Mediterránea y Atlántica. También seguirán bajo competencia estatal tres embalses de la cuenca del Guadalquivir, los de Fresneda y Montoro, en Castilla-La Mancha, y El Pintado, que se ubica en la provincia de Sevilla pero cuya cola se extiende hasta Badajoz.

Además del resto de embalses y centrales, la Junta tendrá bajo su competencia la gestión de las concesiones de agua -principalmente, las de regadío- y el control de las zonas de dominio público hidráulico.

Entre los planes de la Junta figura también la redacción de un plan de riberas, en el que participan junto a Medio Ambiente las consejerías de Turismo y Deporte, Obras Públicas y Cultura, con el que pretende que los ríos dejen de ser en muchos casos elementos marginales en el día a día de los ciudadanos.

La Junta de Andalucía asumirá las concesiones de agua y las infraestructuras en el Guadalquivir, pero el Gobierno central mantendrá la planificación hidrológica de la cuenca de acuerdo al Estatuto y la Constitución