Los grupos conservacionistas con representantes en el Consejo de Participación de Doñana, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF/Adena, han solicitado al Consejo de Participación que informe sobre los proyectos que afectan al espacio natural de Doñana, antes de su aprobación definitiva.

En opinión de los grupos conservacionistas, los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los 14 municipios de la Comarca de Doñana, el embalse de Alcolea y el trasvase al Condado, la circunvalación del Rocío y los vertidos de la mina de Las Cruces son los "principales" proyectos a informar por el Consejo.

Según los ecologistas, todos estos proyectos pueden tener impactos ambientales "negativos" sobre el medio o modificar la calidad y la cantidad de agua del Espacio Natural, por lo que el Consejo de Participación está obligado a informar de los mismos, tal y como se recoge en el artículo 8 del Decreto 24/2007, por el que se constituye el mismo.

En el caso de los Planes de Ordenación Urbana, estas formaciones consideran que el crecimiento previsto para los próximos diez años implicaría un incremento de población del 90 por ciento, respecto a la situación actual, y se pasaría de los 180.000 habitantes actuales a cerca de 300.000.

De igual modo, los grupos conservacionistas están convencidos de que el capital natural de Doñana "no será capaz de soportar esa carga, ya sea durante todo el año o sólo en períodos vacacionales". Por ello, han solicitado al presidente del Consejo, Ginés Morata, que se realice una Evaluación Ambiental Estratégica de los planes urbanísticos de Doñana, que permita prever riesgos y amenazas para la conservación de los espacios y especies de valor de Doñana, ya estén o no protegidos.

Respecto a la variante del Rocío (Almonte, Huelva), los ecologistas han solicitado en diversos foros un proyecto alternativo, ya que consideran que el actual tendrá un impacto ambiental grave sobre el Parque Nacional.

Además, piden que se establezca un plan de movilidad conjunto para toda la Comarca, "que se base en criterios de sostenibilidad, minimizando impactos ambientales, dando prioridad a la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios básicos frente a la movilidad y asegurando la conectividad de los hábitats de Doñana".

Por otra parte, en relación con la presa de Alcolea, los grupos ecologistas consideran que este proyecto es "innecesario e incumple los objetivos de Directiva Marco del Agua", que prevén que no se pueda causar "ulterior deterioro" del estado de los ríos, "mientras que la presa del Alcolea afectaría de manera muy negativa el funcionamiento del río Odiel y de sus Marismas".

Asimismo, los representantes de los grupos conservacionistas han pedido que se lleve a cabo una Evaluación de Impacto Ambiental específica para la construcción de las tuberías y para el vertido tóxico de la Mina de las Cobres, por su afección al estuario del Guadalquivir y al Espacio Protegido de Doñana.

Para evaluar "correctamente y con coherencia este proyecto minero y sus impactos" sobre Doñana, los grupos conservacionistas, entienden que el Consejo de Participación debe también exigir a la Junta de Andalucía que, "con la mayor brevedad posible, y usando todas las informaciones técnicas disponibles", defina legalmente los Objetivos de Calidad de las aguas del Lugar de Importancia Comunitaria correspondiente al Estuario del Guadalquivir, afectadas directamente por vertidos.