La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que gestiona los derechos de los beneficiarios del trasvase desde el Júcar, ultima la presentación de una reclamación patrimonial al Gobierno por un total de un millón de euros. Los servicios jurídicos de la Junta comenzaron a preparar esta reclamación, tal como publicó ABC en su momento, después de que el pasado 22 de junio la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar) elevase la reforma del último tramo de la nueva conducción para su aprobación definitiva, con lo que se hacía efectivo definitivamente el nuevo trazado. A finales de julio se colocó la primera piedra del mismo, y hace una semana se cerró la financiación a crédito con el BBVA. La reclamación de la Junta de Usuarios contempla los gastos de iniciación y notaría del crédito sindicado abierto en su momento para sufragar su parte de la infraestructura, por un valor de 75 millones de euros. Estos gastos se elevan a unos 755.000 euros, según los cálculos del presidente de la Junta, Andrés Martínez. No obstante, la reclamación también incluirá los costes estimados derivados del retraso en las obras, que se calculan en varios cientos de miles de euros, por lo que el montante de la reclamación, que se presentará ante el Ministerio de Medio Ambiente, asciende aproximadamente a un millón de euros. Así, los regantes del Vinalopó aprobarán en su Junta de Gobierno, que se celebrará previsiblemente mañana, la presentación de la reclamación. Dado que no se espera ninguna oposición a la iniciativa y que el documento se encuentra ultimado, su formalización podría llevarse a cabo en los próximos días. Asimismo, los usuarios prevén interponer un nuevo contencioso administrativo, para el que disponen de plazo hasta el próximo mes de octubre. Sin embargo, al igual que sucederá con la citada reclamación, la previsión de la Junta es no apurar los plazos legales, según explicó Martínez a ABC. Financiación tarifaria Mientras, AcuaJúcar ha cerrado la financiación del nuevo trazado del trasvase, que excluye en un primer momento a los usuarios —aunque los costes repercutirán posteriormente en el precio del metro cúbico—. La sociedad aporta el 49 por ciento del coste total, Bruselas otro 39,5 por ciento, y el crédito del BBVA un 11,5.