La ONU lanza un plan contra la desertificación
Vie, 31/08/2007
Será en Madrid entre los días 3 y 14 de septiembre.
Ésta es la primera vez que España acoge una conferencia sobre medio ambiente bajo el paraguas de un convenio internacional auspiciado por las Naciones Unidas. La reunión, en la que participarán más de 2.000 personas en representación de casi 200 países, tiene como objetivo mitigar el proceso de desertificación que sufren distintas zonas del planeta. De hecho, este fenómeno afecta a una tercera parte de la superficie terrestre y pone en jaque las condiciones de vida de unos 1.200 millones de personas de todo el mundo, sobre todo de África.
La conferencia del Convenio de Lucha contra la Desertificación (que se celebra cada dos años) tiene como objetivo adoptar medidas eficaces para combatir este grave problema ambiental e impulsar programas locales y acciones internacionales en este campo.
'Sabemos por qué se degradan los suelos y qué hay que hacer para evitarlo. Ahora, debemos pasar del conocimiento a la acción', declaró en el acto de presentación la ministra Cristina Narbona, quien compareció junto a Gregoire de Kalbermatten, secretario en funciones del Convenio de Lucha contra la Desertificación de la ONU.
El asunto central de la conferencia será elaborar y pactar un plan estratégico que deberá marcar los objetivos clave que permitan calibrar los éxitos y el avance en los planes de acción. El problema ahora es que este convenio, que entró en vigor en diciembre de 1996, carece de objetivos cuantificados para poder valorar su éxito. Por eso, las acciones internacionales que se emprenden son aisladas e inconexas, mientras que ahora lo que se pretende es fijar indicadores que permitan ir viendo cuál es la evolución del avance de las tierras áridas o valorando los éxitos de las acciones. Todos los grandes convenios medioambientales surgidos de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992) se han desarrollado con objetivos concretos. El protocolo contra el cambio climático (Kioto, 1997), por ejemplo, exige reducir las emisiones un 5% a las naciones ricas mientras que el Convenio de Biodiversidad se ha marcado como meta proteger un 10% de los ecosistemas del planeta en el 2010. Por eso, la ministra Narbona se mostró a favor de cuantificar objetivos y fijar plazos en un horizonte de futuro. En la conferencia, se propondrá, por ora parte, crear herramientas financieras similares a las que se aplican en el Convenio de Cambio Climático, para que ese combate sea más eficaz.
La desertificación es la degradación de tierras en las zonas áridas, semiáridas y secas, y se debe a una combinación de las actividades humanas hechas inadecuadamente con las variaciones climáticas. La desertificación -que no es imputable a la extensión de los desiertos actuales- es fruto de la sobreexplotación agrícola, la deforestación, el pastoreo excesivo o las prácticas deficientes de riego, que pueden socavar la productividad de la tierras cuando interactúan con la sequía o el mal uso del agua. El problema es especialmente grave en África, pero también afecta a toda la cuenca mediterránea.
En este sentido, la ministra Narbona propondrá, en la reunión que mantendrá mañana en Lisboa con sus homólogos europeos, la creación de un centro temático para la sequía y la desertificación del cual España sería sede. Narbona sostiene que la UE debería tener una mayor implicación en la lucha contra la desertificación para ejercer un liderazgo similar al que está protagonizando en el cambio climático.
Mientras tanto, el Gobierno central y las comunidades autónomas estudiarán el próximo día 6 en Madrid (en la conferencia sectorial de medio ambiente), el programa de acción nacional contra la desertificación, que incluye medidas en el ámbito de la gestión del agua, la agricultura, la ganadería, la prevención de incendios y la política forestal.
Medi Ambiente afirma que en el periodo 2004-2007 ha destinado más de 3.000 millones de euros a acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación: 510 millones a la prevención y extinción de incendios y a la restauración hidrológico-foresta, y otros 2.682 millones a las políticas del agua recogidas en los planes hidrológicos.
Ésta es la primera vez que España acoge una conferencia sobre medio ambiente bajo el paraguas de un convenio internacional auspiciado por las Naciones Unidas. La reunión, en la que participarán más de 2.000 personas en representación de casi 200 países, tiene como objetivo mitigar el proceso de desertificación que sufren distintas zonas del planeta. De hecho, este fenómeno afecta a una tercera parte de la superficie terrestre y pone en jaque las condiciones de vida de unos 1.200 millones de personas de todo el mundo, sobre todo de África.
La conferencia del Convenio de Lucha contra la Desertificación (que se celebra cada dos años) tiene como objetivo adoptar medidas eficaces para combatir este grave problema ambiental e impulsar programas locales y acciones internacionales en este campo.
'Sabemos por qué se degradan los suelos y qué hay que hacer para evitarlo. Ahora, debemos pasar del conocimiento a la acción', declaró en el acto de presentación la ministra Cristina Narbona, quien compareció junto a Gregoire de Kalbermatten, secretario en funciones del Convenio de Lucha contra la Desertificación de la ONU.
El asunto central de la conferencia será elaborar y pactar un plan estratégico que deberá marcar los objetivos clave que permitan calibrar los éxitos y el avance en los planes de acción. El problema ahora es que este convenio, que entró en vigor en diciembre de 1996, carece de objetivos cuantificados para poder valorar su éxito. Por eso, las acciones internacionales que se emprenden son aisladas e inconexas, mientras que ahora lo que se pretende es fijar indicadores que permitan ir viendo cuál es la evolución del avance de las tierras áridas o valorando los éxitos de las acciones. Todos los grandes convenios medioambientales surgidos de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro (1992) se han desarrollado con objetivos concretos. El protocolo contra el cambio climático (Kioto, 1997), por ejemplo, exige reducir las emisiones un 5% a las naciones ricas mientras que el Convenio de Biodiversidad se ha marcado como meta proteger un 10% de los ecosistemas del planeta en el 2010. Por eso, la ministra Narbona se mostró a favor de cuantificar objetivos y fijar plazos en un horizonte de futuro. En la conferencia, se propondrá, por ora parte, crear herramientas financieras similares a las que se aplican en el Convenio de Cambio Climático, para que ese combate sea más eficaz.
La desertificación es la degradación de tierras en las zonas áridas, semiáridas y secas, y se debe a una combinación de las actividades humanas hechas inadecuadamente con las variaciones climáticas. La desertificación -que no es imputable a la extensión de los desiertos actuales- es fruto de la sobreexplotación agrícola, la deforestación, el pastoreo excesivo o las prácticas deficientes de riego, que pueden socavar la productividad de la tierras cuando interactúan con la sequía o el mal uso del agua. El problema es especialmente grave en África, pero también afecta a toda la cuenca mediterránea.
En este sentido, la ministra Narbona propondrá, en la reunión que mantendrá mañana en Lisboa con sus homólogos europeos, la creación de un centro temático para la sequía y la desertificación del cual España sería sede. Narbona sostiene que la UE debería tener una mayor implicación en la lucha contra la desertificación para ejercer un liderazgo similar al que está protagonizando en el cambio climático.
Mientras tanto, el Gobierno central y las comunidades autónomas estudiarán el próximo día 6 en Madrid (en la conferencia sectorial de medio ambiente), el programa de acción nacional contra la desertificación, que incluye medidas en el ámbito de la gestión del agua, la agricultura, la ganadería, la prevención de incendios y la política forestal.
Medi Ambiente afirma que en el periodo 2004-2007 ha destinado más de 3.000 millones de euros a acciones dirigidas a la lucha contra la desertificación: 510 millones a la prevención y extinción de incendios y a la restauración hidrológico-foresta, y otros 2.682 millones a las políticas del agua recogidas en los planes hidrológicos.