La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) tiene ya realizada la catalogación de riesgo de las presas y embalses de titularidad pública a su cargo, en total 28. Todas ellas, por extraño que parezca en una zona con periodos de sequía tan prolongados, tienen el nivel A, de máximo riesgo en caso de rotura o mal funcionamiento. «La cantidad de agua que permiten embalsar las deja en este nivel», explica el director técnico de la CHS, Joaquín Ezcurra. La Directiva Básica de Protección Civil ante riesgo de evacuaciones obliga a hacer un análisis de riesgo de cada infraestructura hídrica y su consiguiente plan de emergencia. El Ministerio de Medio Ambiente ya ha aprobado el plan de emergencia de seis de estas presas, y el resto en tramitación. Además, la CHS cuenta con un Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que permite conocer en tiempo real la situación de toda la cuenca. Por otro lado, el Plan de actuaciones de Defensa ante inundaciones en la Cuenca del Segura, redactado hace veinte años, ha permitido una inversión de 445 millones de euros que casi asegura que no se vuelvan a repetir escenas dramáticas como las vividas en la década de los ochenta en algunos pueblos de la Vega Baja. En el marco de este plan se han construido 14 embalses de laminación y se ha encauzado el río Segura durante 70 kilómetros hasta su desembocadura, «aumentando su capacidad de desagüe a 400 metros cúbicos por segundo», añade Ezcurra. La CHS celebrará en noviembre el vigésimo aniversario de este plan con una exposición fotográfica que recuerde las tragedias que vivían las poblaciones en las décadas de los 70 y los 80, con imágenes de las inundaciones de Lorca, en 1973, o las riadas del 80, 82 y 88 en la Vega Baja. Además, también habrá mesas redondas y jornadas de trabajo para complementar este aniversario. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer. Aunque los embalses de titularidad estatal están controlados, a las administraciones autonómicas les corresponde realizar los preceptivos estudios de riesgo en las centenares de balsas de riego que se reparten por todo el recorrido del Segura, sea Murcia o Alicante. Estos estudios también deben incorporar un plan de regulación.