El Gobierno de Castilla La Mancha defiende la constitucionalidad de su Estatuto y apuesta por la desalación para Levante

Vie, 10/08/2007

Europa Press

El vicepresidente primero del Gobierno regional, Fernando Lamata, manifestó hoy en Albacete que las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordando que la competencia del agua es del Gobierno Central "no supone un revés" para Castilla-La Mancha ni su Estatuto, porque, insistió "la competencia en materia de agua es del Gobierno de España, debe seguir siendo del Gobierno de España y las Cortes Regionales y el Gobierno de Castilla-La Mancha no han dudado nunca de eso".

Lamata afirmó que "nuestro Estatuto es constitucional de los pies a la cabeza y Castilla-La Mancha es la más constitucionalista de cualquier comunidad autónoma de España", añadiendo que "a españolidad no nos gana nadie".

El vicepresidente regional recordó que el próximo día 10 el Estatuto actual cumple 25 años y reconoció que se ha avanzado mucho pero "tenemos que seguir avanzando. Castilla-La Mancha tiene ya presencia en las Confederaciones Hidrográficas, en las empresas públicas de agua y quiere tener más presencia, más capacidad de voto y más capacidad de intervención".

Recordó que el presidente Zapatero dijo en público al presidente Barreda que no adoptará ninguna medida en materia de agua que afecte a Castilla-La Mancha sin contar con el presidente Barreda. "Es un compromiso muy firme y en el Estatuto vamos a querer mayor participación de cogestión, que no de gestión exclusiva, para que aquello que afecte a Castilla-La Mancha tenga en cuenta la opinión de Castilla-La Mancha, parece lógico y razonable".

En cuanto a la fecha de caducidad del trasvase para 2010, Lamata manifestó que la tendrán que discutir las Cortes, aunque "entendemos que es constitucional y lo vamos a defender", alegando, además, que, respecto a la posibilidad de que sea en 2015, "estamos seguros de que antes de esa fecha se va a dejar de utilizar el trasvase porque vamos a utilizar nosotros ese agua porque se necesita en Castilla-La Mancha y la Ley actual ya dice que la cuenca cedente tiene preferencia sobre la receptora".

El vicepresidente primero insistió en que "vamos a utilizar más el agua pero no por fastidiar a los demás, sino porque tenemos más gente y la gente quiere vivir aquí y eso depende de que tengamos capacidad de generar empleo, de crear industrias y de tener viviendas, y eso requiere agua".

OTRAS ALTERNATIVAS.

Por otro lado, el vicepresidente primero recordó que, anualmente, se trasvasan una media de 300 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura y "Castilla-La Mancha va a necesitar esa agua en el futuro, como reserva para abastecimiento a poblaciones, para usos industriales y agroalimentarios y también medioambiental".

Según Lamata, "la ministra Narbona sabe muy bien que el río Tajo está herido de muerte, que está en una situación insostenible a su paso por Toledo, es una vergüenza cómo está", recordando que en Murcia y Valencia están utilizando para regadíos 1.700 hectómetros cúbicos de agua y, si no sobra ese recurso en Castilla-La Mancha, "tendrán que buscarse otra vía, porque no hablamos de abastecimiento humano".

En Castilla-La Mancha, manifestó, "estamos colaborando con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ministerio de Medio Ambiente para que, en 200.000 hectáreas que tenemos de regadío, reconvertimos la mitad para no consumir 200 hectómetros cúbicos de agua, destinarlos a otros usos y recuperar los recursos del acuífero del Guadiana", algo que "parece sencillo pero es muy complicado".

Por eso, planteó, "si la Confederación Hidrográfica del Segura hiciera lo mismo con Levante sería pasar de 200.000 hectáreas que están regando a 100.000 y de los 1.700 hectómetros cúbicos que están usando, pasar a 800". Se trata, según el vicepresidente regional, de un "problema de reordenación de los recursos", aunque advirtió que si insistieran en continuar --con la intención de solicitar trasvases--, deberán conseguir el agua por el medio que se puede conseguir que, es la desalación.

"Es una alternativa que tiene un coste un poquito más alto, pero es cuestión de rentabilidad de un negocio, no de supervivencia de un territorio y que se quede sin alternativa para el desarrollo, como pasa aquí, que no podemos desalar", concluyó.