«La planta desalinizadora de Torrevieja todavía no está en marcha, por lo que no genera vertidos de salmuera y la denegación del permiso de vertidos no afecta para nada la marcha de las obras», aseguró ayer la sociedad pública Aguas de la Cuenca del Mediterráneo (Acuamed), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y que se encarga de la ejecución del Plan Agua. Acuamed confía, como hizo el viernes a través de su director, Adrián Baltanás, en declaraciones a este diario, en que finalmente la Generalitat Valenciana otorgue el permiso solicitado para las emisiones al mar de la planta. «Confiamos en que, antes de que finalice la obra, podamos contar con el permiso de vertidos de salmuera, porque no debería de haber mayor problema», subrayó ayer una fuente oficial de Acuamed. La sociedad pública solicitó la autorización de vertidos de salmuera al mar el 9 de agosto de 2006 y hace pocas semanas la Conselleria de Agua, que dirige García Antón, le pidió nuevos informes a raíz de la modificación del proyecto. Ayer sábado, dos días después de conocerse el fallo del Tribunal Constitucional que avala la planta desalinizadora y tras unas declaraciones de Baltanás en este diario pidiendo al Consell que no bloquee dicho permiso, García Antón comunicó públicamente que lo había denegado, al alegar que «hay que garantizar que la desalinizadora minimice la afección medioambiental». O sea, justo lo contrario de lo que dice el propio Constitucional, que avala el respeto al medio natural y el suministro de agua de calidad para decenas de miles de personas del sur de la Comunidad Valenciana. Once magistrados Previsiblemente, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, realice declaraciones hoy sobre el nuevo intento de bloqueo de la planta por parte del Gobierno valenciano, pese al varapalo recibido, por segunda vez consecutiva en pocos meses, por el Tribunal Constitucional, por la casi unanimidad de los doce magistrados que conforman la sala. Ayer, las reacciones se produjeron en cadena tras la decisión del Gobierno valenciano, que puede convertirse en un auténtico culebrón este verano, tras serlo también en la primavera. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Antoni Bernabé, denunció ayer «la persistente aunque inútil acción del Consell contra la desalinizadora de Torrevieja que ya ha sido respaldada en todas las instancias, no sólo europeas, sino también a través de la resolución del Tribunal Constitucional favorable al proyecto del Gobierno central». Ese respaldo de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional a la gestión en materia hídrica del Ejecutivo central «es indiscutible y no hay mentira del PP que lo ponga en entredicho», afirma Bernabé. Hace hincapié en que «el Gobierno central va muy por delante de lo que hizo el PP durante ocho años con unas inversiones de más de 3.000 millones de euros hasta el año 2009 para solucionar la falta de agua». En su opinión, gracias al Programa Agua del Ministerio de Medio Ambiente este año la Comunidad Valenciana ya dispondrá de 356,5 hectómetros cúbicos de agua adicionales, «cantidad que es mucho más de lo que nos hubiera traído el trasvase del Ebro». El conseller de Medio Ambiente y Agua, José Ramón García Antón , dijo el sábado que la denegación del permiso de vertidos, que el Gobierno daba por hecho , «es responsable y no arbitraria ni política» y señaló que el objetivo de su departamento es «garantizar que el vertido se realice minimizando la incidencia sobre los valores ambientales de la zona, que es un Lugar de Interés Comunitario (LIC)». El Tribunal Constitucional avala la protección medioambiental de toda la zona del parque natural de Torrevieja, según el fallo conocido el pasado jueves.