La finalización de los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas de 1993, las reformas de la Ley de Aguas, PHN de 2000, el nuevo IBI, de las obras hidráulicas, hasta la derogación del trasvase del Ebro, única solución que se conocía para resolver el déficit de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia y de la provincia de Almería.

La decisión del Gobierno de la nación ha dado al traste con la urgente necesidad de posibles actuaciones, y los efectos sociales, económicos y medioambientales del regadío son de extrema gravedad, agravada por la información que algunos sectores se dedican a divulgar.

Hoy, nuestros regadíos están injustamente tratados ante la opinión pública, la desinformación existente sobre la realidad de las zonas regables que padecen la sequía, está obligando a los agricultores a contrarrestar esa tendenciosa opinión que se está transmitiendo, incluso desde el propio Gobierno, que trata de negar las inversiones realizadas tanto por los regantes como por el gobierno autonómico. Esto exige la normalización en la relaciones entre regantes y Estado, por ser crucial para desarrollar actuaciones acordes con las necesidades del regadío.

Se han realizado numerosas actuaciones encaminadas a la modernización. Con ello se pretende que regantes, agentes sociales, grupos políticos, Ayuntamientos y Estado empujen en la misma dirección. No podemos olvidar la puesta en marcha de la Directiva Marco del Agua, que prevé que el año 2010 se recuperen los costos del regadío. De lo que no cabe duda es que con las mejoras de infraestructuras se va a producir la deseable reducción de consumo de agua de riego.

Tras siglos surcando a mano las riberas, con cauces y presas, horadando la tierra, para extraer el agua, cambiando antiguos regueros por acequias de hormigón y tuberías, que permitan automatizar y programar a la carta, todo el riego, eso nos permite pensar no solamente en el presente más inmediato sino también dejar para posteriores generaciones un proyecto con futuro, pensando como solución más viable los trasvases de cuencas que permitan que unas zonas secas no sufran en épocas de sequía, respetando su entorno y en las zonas regables que se produzca el desarrollo deseable.

La escasez de agua en el planeta para afrontar las necesidades de más de 6.000 millones de seres humanos constituye uno de los retos de este tercer milenio y tienen que confluir los conocimientos científicos, unificados por la voluntad política y social con principios de sostenibilidad. Nuestro planeta tiene sólo el 2,4% de agua dulce (el 97,6% es salada), de la que el 68% se destina a irrigación, el 22% a industria y el 10% a consumo humano.

El casquete polar dispone del 70% de esa agua dulce, el restante 30% son acuíferos inaccesibles; dicho de otra forma: menos del 1% está al alcance del uso humano. El agua es un bien público y un derecho humano, no es una mercancía, y si no somos capaces de regular el suministro se desencadenarán luchas y conflictos entre diferentes comunidades e incluso naciones si no se llegan a acuerdos equitativos. En este sentido cabe recordar la doble condición humana, el hombre trasforma y configura el medio ambiente, y conviene resaltar el desarrollo sostenible, esto es: que la acción humana posibilite el desarrollo y la distribución equitativa de los recursos. En ese sentido, las presas, las depuradoras, las zonas de riego, todo está en nuestro medio tal como están los trasvases. La necesaria preservación de la naturaleza no está reñida con los esfuerzos tecnológicos para acrecentar el bienestar de la especie humana.