El Gobierno pondrá en marcha 25 desaladoras antes del fin de legislatura
Mié, 06/06/2007
La cuenca mediterránea, Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos contarán al final de la legislatura con al menos 25 desaladoras, la alternativa elegida por el Gobierno socialista -en el marco del programa AGUA- tras la derogación del trasvase del Ebro para lograr el abastecimiento de agua en las zonas más necesitadas de ésta.
El programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del agua) surge con el fin de resolver gradualmente las carencias en la gestión, disponibilidad y la calidad del agua presentes en toda España, en particular en las cuencas mediterráneas y viene a sustituir al precedente Plan Hidrológico Nacional y el método del trasvase.
Las plantas desalinizadoras, cuestionadas radicalmente por el Partido Popular, también por los ecologistas, por su impacto ambiental -al margen de su elevado coste- son la base de este Programa y desde 2005 ya se ha logrado poner en marcha casi una decena. Pero el mayor impulso se dará a partir de ahora. Según una respuesta parlamentaria al senador popular José Antonio Sacristán Rodríguez, el Gobierno central ha finalizado ya la construcción de al menos ocho desaladoras y antes de que acabe la legislatura estarán listas otras once. Seis más están pendientes de la firma del convenio o el informe de impacto medioambiental.
La planta desalinizadora de Mutxamel/Campello, en Alicante, con capacidad para 17,5 hectómetros cúbicos al año, tras la licitación, ha sido adjudicada este mes por Acuamed, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, por 55 millones de euros con un horizonte de 22 meses para su construcción.
La batalla por el agua librada por los distintos Gobiernos hace vislumbrar que un eventual viraje tras las próximas elecciones podría suponer un regreso a los trasvases y un cambio en la política del agua no exento de costes tanto económicos como geográficos o sociales. No en vano, el Gobierno socialista desplazó las actuaciones ya acometidas en las dos legislaturas del Partido Popular en el marco del Plan Hidrológico Nacional.
El paréntesis del AGUA
En este sentido, la consejera de Economía de Murcia, Inmaculada García, en una de las regiones implicadas en la necesidad de una solución al problema del agua, explicó a LA GACETA que percibe la derogación del Plan Hidrológico Nacional como un 'paréntesis' o un 'parón político' y que 'como todas las decisiones irracionales, la razón tiene que caer por su peso' demostrando que 'el trasvase del Ebro es la solución definitiva'. Añadió la consejera que lo que esperan es que esa solución sea una realidad, mientras aduce que 'el agua es de todos'. Lo que sí parece claro y revelado por los últimos datos es que la factura del agua se ha encarecido tanto en Murcia como en Almería con la deriva del método del trasvase al de las plantas desalinizadoras.
El programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del agua) surge con el fin de resolver gradualmente las carencias en la gestión, disponibilidad y la calidad del agua presentes en toda España, en particular en las cuencas mediterráneas y viene a sustituir al precedente Plan Hidrológico Nacional y el método del trasvase.
Las plantas desalinizadoras, cuestionadas radicalmente por el Partido Popular, también por los ecologistas, por su impacto ambiental -al margen de su elevado coste- son la base de este Programa y desde 2005 ya se ha logrado poner en marcha casi una decena. Pero el mayor impulso se dará a partir de ahora. Según una respuesta parlamentaria al senador popular José Antonio Sacristán Rodríguez, el Gobierno central ha finalizado ya la construcción de al menos ocho desaladoras y antes de que acabe la legislatura estarán listas otras once. Seis más están pendientes de la firma del convenio o el informe de impacto medioambiental.
La planta desalinizadora de Mutxamel/Campello, en Alicante, con capacidad para 17,5 hectómetros cúbicos al año, tras la licitación, ha sido adjudicada este mes por Acuamed, la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas y dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, por 55 millones de euros con un horizonte de 22 meses para su construcción.
La batalla por el agua librada por los distintos Gobiernos hace vislumbrar que un eventual viraje tras las próximas elecciones podría suponer un regreso a los trasvases y un cambio en la política del agua no exento de costes tanto económicos como geográficos o sociales. No en vano, el Gobierno socialista desplazó las actuaciones ya acometidas en las dos legislaturas del Partido Popular en el marco del Plan Hidrológico Nacional.
El paréntesis del AGUA
En este sentido, la consejera de Economía de Murcia, Inmaculada García, en una de las regiones implicadas en la necesidad de una solución al problema del agua, explicó a LA GACETA que percibe la derogación del Plan Hidrológico Nacional como un 'paréntesis' o un 'parón político' y que 'como todas las decisiones irracionales, la razón tiene que caer por su peso' demostrando que 'el trasvase del Ebro es la solución definitiva'. Añadió la consejera que lo que esperan es que esa solución sea una realidad, mientras aduce que 'el agua es de todos'. Lo que sí parece claro y revelado por los últimos datos es que la factura del agua se ha encarecido tanto en Murcia como en Almería con la deriva del método del trasvase al de las plantas desalinizadoras.