Medio Ambiente redobla la vigilancia en el río Segura y sanciona 376 pozos ilegales
Dom, 22/04/2007
Medio Ambiente redobla la vigilancia en el río Segura y sanciona 376 pozos ilegales
El Gobierno endurece la lucha contra los robos de agua en la Vega Baja y aumentará el número de policías fluviales para atajar las extracciones irregulares
F. D. G.
Funcionarios de
la CHS y Guardia Civil, en imagen de archivo, clausuran pozos ilegales en el Segura
L
a escasez estructural de recursos hídricos que afecta a las cuenca del Segura ha obligado al Gobierno a endurecer la lucha contra el robo de agua en pozos ilegales de la Vega Baja. Así, en lo que va de legislatura, los servicios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han incoado hasta 376 expedientes por extracción irregular de agua, según datos del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria presentada por la diputada socialista Juana Serna.
Desde 2004, las tres cuencas más deficitarias de España
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Segura, Júcar y Tajo
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acumulan 1.513 infracciones, lo que supone el 20% del total, que llega a las 7.846. No obstante, estas tres mismas confederaciones concentraron el 40% de los expedientes iniciados durante la legislatura anterior.
Según cifras oficiales, la cuenca del Segura cuenta actualmente con más de 3.000 pozos ilegales que extraen al año unos 200 hectómetros cúbicos. Para Juana Serna, este tipo de pozos «representan un problema gravísimo si tenemos en cuenta la situación de sequía que vivimos, por ello
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añade
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, el Ejecutivo central ha intensificado la vigilancia en las cuencas y va a aumentar bajo su gobierno el número de de policías fluviales para luchar contra estas prácticas».
Según la diputada socialista, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto endurecer las penalizaciones por extraer agua en pozos ilegales. «La intención del Ministerio
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apunta Serna
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, es que la próxima Ley de Aguas califique como delito los robos de agua, y no, como sucede hasta ahora, como una infracción administrativa».
Medidas insuficientes
Medio Ambiente ha eliminado de esta legislación el apartado que legalizaba los pozos irregulares, unos 500.000 en toda España. Además, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre la utilización de estos pozos en la provincia de Alicante, que en caso de probarse, supondría que numerosos agricultores podrían quedarse sin las subvenciones que concede las Unión Europea. Sin embargo, los colectivos de agricultores y ecologistas consideran insuficientes las medidas del Gobierno y las instituciones comunitarias para contrarrestar las sustracciones de agua.
En este sentido, el portavoz de la Comisión Pro Río, José Antonio Muñoz, asegura que los datos del Gobierno «son pura propaganda y no sirven para nada». Muñoz denuncia que «hace falta algo más que números y publicidad» para afrontar un problema de tanta envergadura. En opinión de esta fuente, «tanto la Confederación del Segura, como los ayuntamientos y el Gobierno miran a otro lado cuando pillan a alguien robando agua».
Pro Río acusa a la Administración Pública de «perseguir a los pobres desgraciados, a los que van con su motor a sacar un poco de agua, mientras que agacha la cabeza ante los grandes defraudadores». Muñoz exige un mayor control público para evitar que estos robos de agua y su posterior venta «a empresarios del ladrillo y campos de gol sigan siendo la base de la especulación urbanística y la financiación de los partidos».
El Gobierno endurece la lucha contra los robos de agua en la Vega Baja y aumentará el número de policías fluviales para atajar las extracciones irregulares
F. D. G.
Funcionarios de
la CHS y Guardia Civil, en imagen de archivo, clausuran pozos ilegales en el Segura
L
a escasez estructural de recursos hídricos que afecta a las cuenca del Segura ha obligado al Gobierno a endurecer la lucha contra el robo de agua en pozos ilegales de la Vega Baja. Así, en lo que va de legislatura, los servicios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han incoado hasta 376 expedientes por extracción irregular de agua, según datos del Ejecutivo a una pregunta parlamentaria presentada por la diputada socialista Juana Serna.
Desde 2004, las tres cuencas más deficitarias de España
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Segura, Júcar y Tajo
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acumulan 1.513 infracciones, lo que supone el 20% del total, que llega a las 7.846. No obstante, estas tres mismas confederaciones concentraron el 40% de los expedientes iniciados durante la legislatura anterior.
Según cifras oficiales, la cuenca del Segura cuenta actualmente con más de 3.000 pozos ilegales que extraen al año unos 200 hectómetros cúbicos. Para Juana Serna, este tipo de pozos «representan un problema gravísimo si tenemos en cuenta la situación de sequía que vivimos, por ello
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añade
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, el Ejecutivo central ha intensificado la vigilancia en las cuencas y va a aumentar bajo su gobierno el número de de policías fluviales para luchar contra estas prácticas».
Según la diputada socialista, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto endurecer las penalizaciones por extraer agua en pozos ilegales. «La intención del Ministerio
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apunta Serna
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, es que la próxima Ley de Aguas califique como delito los robos de agua, y no, como sucede hasta ahora, como una infracción administrativa».
Medidas insuficientes
Medio Ambiente ha eliminado de esta legislación el apartado que legalizaba los pozos irregulares, unos 500.000 en toda España. Además, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre la utilización de estos pozos en la provincia de Alicante, que en caso de probarse, supondría que numerosos agricultores podrían quedarse sin las subvenciones que concede las Unión Europea. Sin embargo, los colectivos de agricultores y ecologistas consideran insuficientes las medidas del Gobierno y las instituciones comunitarias para contrarrestar las sustracciones de agua.
En este sentido, el portavoz de la Comisión Pro Río, José Antonio Muñoz, asegura que los datos del Gobierno «son pura propaganda y no sirven para nada». Muñoz denuncia que «hace falta algo más que números y publicidad» para afrontar un problema de tanta envergadura. En opinión de esta fuente, «tanto la Confederación del Segura, como los ayuntamientos y el Gobierno miran a otro lado cuando pillan a alguien robando agua».
Pro Río acusa a la Administración Pública de «perseguir a los pobres desgraciados, a los que van con su motor a sacar un poco de agua, mientras que agacha la cabeza ante los grandes defraudadores». Muñoz exige un mayor control público para evitar que estos robos de agua y su posterior venta «a empresarios del ladrillo y campos de gol sigan siendo la base de la especulación urbanística y la financiación de los partidos».