El enfrentamiento que mantienen el Gobierno central y el Consell a costa de las obras de construcción de una planta desalinizadora en Torrevieja es la prueba más evidente de los nocivos efectos que tiene la falta de entendimiento entre Administraciones en la gestión de los asuntos públicos. Con el aval del Tribunal Constitucional, la empresa pública Acuamed se ha lanzado a reemprender los trabajos, pero el Ejecutivo autonómico ya ha anunciado que denunciará a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por los daños ecológicos que puede causar el vertido de salmuera.

Mientras el Consell sigue reclamando el trasvase del Ebro como la mejor forma de acabar con el déficit hídrico que padece la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que al poco de llegar a la Moncloa derogó la parte del Plan Hidrológico que preveía la citada obra, mantiene su apuesta por las desalinizadoras. Pero con independencia del debate técnico sobre cuál de estas opciones resulta más razonable para los intereses valencianos, parece evidente que el Ministerio de Medio Ambiente ha actuado de espaldas a la Administración autonómica y sin seguir el procedimiento previsto para la construcción de esta infraestructura.

En cualquier caso, y dada la falta de sintonía entre los dos ejecutivos, sería conveniente que dejaran de lado el enfrentamiento partidista y trabajaran conjuntamente para resolver un problema ciudadano, como es el de la falta de agua en algunas zonas de la Comunitat. Porque si bien es cierto que las lluvias primaverales están dando una tregua a la sequía, la situación no está, ni mucho menos, en vías de solución.

La mitad sur de España es deficitaria en agua, mientras la mitad norte es excedentaria. Esta desigualdad se venía a resolver con el Plan Hidrológico, cuya piedra angular era el trasvase del Ebro. Una magnífica oportunidad perdida para avanzar en la solidaridad interterritorial. Descartado aquel proyecto, corresponde al Gobierno socialista articular una alternativa hídrica creíble y pactarla con las comunidades afectadas, justo lo que no ha hecho con la desalinizadora.