La CHJ apuesta por la 'gestión integral y sostenible' del agua con desaladoras, trasvases, aumento de tarifas y ahorro La CHJ apuesta por la 'gestión integral y sostenible' del agua con desaladoras, trasvases, aumento de tarifas y ahorro
Sáb, 31/03/2007
Un experto asegura que se podrían renovar todas las tuberías de España con una subida de las tarifas del agua de 25 euros al año
VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, afirmó hoy que la sociedad está abocada a la "gestión integral de los recursos hídricos", para lo cual "será necesaria la utilización de desaladoras y trasvases" así como "ahorrar en el consumo del agua y elevar las tarifas para ajustar el precio del agua a lo que cuesta obtenerla". El objetivo, dijo, es "garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad con criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y social", y bajo los criterios de la Directiva Marco de la Unión Europea.
Moragues se expresó en estos términos durante su comparecencia en el Ciclo de Conferencias 'Agua y Medio Ambiente. Política medioambiental en la gestión de recursos hidráulicos', en la que también intervino el catedrático y director de ingeniería hidráulica y medio ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Jorge García Sierra.
En este sentido, el presidente de la CHJ aseveró que "la gran diferencia de la actuación del actual Gobierno central con gobiernos anteriores es la gestión integral de los recursos desde el punto de vista medioambiental". Para ello, se basa en "la reutilización, la desalación o los trasvases". Además, las personas "quieren tener garantías en el suministro y poco les importa si el agua viene de una desaladora, de una captación de un pozo o de una captación de un río", agregó.
Para ello, la CHJ "trata de proteger el medioambiente; fomentar la participación; toma la demarcación como unidad de gestión; y busca la recuperación de costes", indicó. En este último punto, resaltó que se trata de "un incentivo para el uso eficiente del agua y recuperar los costes de infraestructuras y de personal. Cada uno pagará en función del uso, destino y rentabilidad o producto que usa ese agua", matizó.
Asimismo, en cuanto a otras "necesidades" hídricas, Moragues mostró su confianza en que el nuevo Plan de Saneamiento y Depuración 2007-2013, que invertirá en la Comunitat 2.000 millones de euros, "llegue en breve". Este plan incluye los objetivos de la Normativa Marco Europea y "alcanzar el 100 por cien de la depuración en poblaciones menores de 2.000 habitantes, la renovación de las actuales depuradoras y aspectos de reutilización", concretó.
Para proteger las riberas de Júcar de las inundaciones, "un déficit importante en la Comunitat", señaló, hay cuatro proyectos "licitados y adjudicados, con una inversión prevista de 337 millones de euros, en Montesa, Sellent, el sur del Júcar, la zona de Cullera y l'Albufera", que se comprometió a terminar en 2013.
Además, anunció que el 14 de abril se presentará en Valencia el Plan Nacional de Restauración de ríos, "una clarísima apuesta por una política medioambiental", señaló, que "incluye un 2,5 por ciento de se presupuesto en plantillas relacionadas con el I+D en depuración y reutilización para aplicar las nuevas tecnologías a estos planes.
1.700 SANICIONES AL AÑO
Por otra parte, el presidente de la CHJ resaltó su labor al "tutelar las actuaciones de las empresas públicas y coordinar las acciones entre las administraciones e instituciones". En esta línea, señaló que tiene unas "1.700 sanciones al año" lo cual, a su juicio, "es un indicador de que hay muchas cosas que corregir".
Al respecto, agregó que la CHJ realiza informes sobre las actuaciones urbanísticas y tiene "más de 1.700 expedientes sobre actuaciones en Planes de Actuación Integrada (PAI)". También controla extracciones y en estos momentos tiene "alrededor de 55.000 expedientes de pozos en la demarcación del Júcar, unos 15.000 más que hace diez años", apuntó.
Por otra parte, se refirió también el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que incluía el trasvase del Ebro, y que criticó porque, a su entender, "no recogía un programa definido con presupuestos, actuaciones y esquemas temporales". Asimismo, respecto al Plan de la Cuenca del Júcar del año 1998, aseguró que "muchas personas que lo firmaron dicen no estar satisfechas porque muchas de las inversiones que se prometieron no se realizaron". Como consecuencia de esa "escasa inversión" hay una "falta de infraestructuras para la gestión del agua que, en esta época de sequía, está creando problemas", apostilló.
Por su parte, Jorge García Sierra se refirió a las desaladoras y trasvases como "sistemas de gestión de aguas puntuales" puesto que "no son soluciones que se basan en el punto de vista de la demanda". Así consideró que las desaladoras "plantean un problema energético" y los trasvases "un problema político y de propiedad territorial", por lo que también hay que buscar sistemas alternativos y hacer "un esfuerzo por reducir el consumo y reutilizar más el agua que tenemos", apuntó.
Sierra apostó por el "ahorro del agua", pero "no limitar, sino autolimitarse los usuarios su consumo", puesto que esta línea "disminuye los vertidos en el medioambiente, disminuye la inversiones porque hacen falta menos obras nuevas y no genera conflictos políticos", pero los gobiernos "no potencian bastante" esta opción.
Además, como "la concienciación es complicada" y "lamentablemente lo que funciona es la vía del bolsillo", instó a una "subida de las tarifas del agua, que se ajusten a la realidad de sus costes de obtención y servicio". En este sentido, expresó su "preocupación" por saber "cómo se financiarán las nuevas instalaciones hidráulicas si no se toman medidas para recuperar sus costes".
En esta línea, el catedrático en ingeniería hidráulica sostuvo que "cambiar los 100.000 kilómetros de tuberías de España cada 50 años supondría alrededor de un gasto de 25 euros más al año por habitante", lo cual, "es más que razonable", apuntó. En el caso de Valencia, "supondría aumentar las tarifas una subida del 30 por ciento", añadió.
Por último, Sierra hizo hincapié en la "necesidad" de revisar "los pozos ilegales y las redes de distribución de agua", así como en el hecho de que, a su juicio, "existen demasiadas administraciones dedicadas al tema del agua, que se echan la culpa las unas a las otras", lo cual hace que, "en muchas ocasiones, no se gestione bien el agua porque no hay un relación suficiente entre ellas", concluyó.
VALENCIA, 30 Mar. (EUROPA PRESS)
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, afirmó hoy que la sociedad está abocada a la "gestión integral de los recursos hídricos", para lo cual "será necesaria la utilización de desaladoras y trasvases" así como "ahorrar en el consumo del agua y elevar las tarifas para ajustar el precio del agua a lo que cuesta obtenerla". El objetivo, dijo, es "garantizar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad con criterios de sostenibilidad medioambiental, económica y social", y bajo los criterios de la Directiva Marco de la Unión Europea.
Moragues se expresó en estos términos durante su comparecencia en el Ciclo de Conferencias 'Agua y Medio Ambiente. Política medioambiental en la gestión de recursos hidráulicos', en la que también intervino el catedrático y director de ingeniería hidráulica y medio ambiente en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Jorge García Sierra.
En este sentido, el presidente de la CHJ aseveró que "la gran diferencia de la actuación del actual Gobierno central con gobiernos anteriores es la gestión integral de los recursos desde el punto de vista medioambiental". Para ello, se basa en "la reutilización, la desalación o los trasvases". Además, las personas "quieren tener garantías en el suministro y poco les importa si el agua viene de una desaladora, de una captación de un pozo o de una captación de un río", agregó.
Para ello, la CHJ "trata de proteger el medioambiente; fomentar la participación; toma la demarcación como unidad de gestión; y busca la recuperación de costes", indicó. En este último punto, resaltó que se trata de "un incentivo para el uso eficiente del agua y recuperar los costes de infraestructuras y de personal. Cada uno pagará en función del uso, destino y rentabilidad o producto que usa ese agua", matizó.
Asimismo, en cuanto a otras "necesidades" hídricas, Moragues mostró su confianza en que el nuevo Plan de Saneamiento y Depuración 2007-2013, que invertirá en la Comunitat 2.000 millones de euros, "llegue en breve". Este plan incluye los objetivos de la Normativa Marco Europea y "alcanzar el 100 por cien de la depuración en poblaciones menores de 2.000 habitantes, la renovación de las actuales depuradoras y aspectos de reutilización", concretó.
Para proteger las riberas de Júcar de las inundaciones, "un déficit importante en la Comunitat", señaló, hay cuatro proyectos "licitados y adjudicados, con una inversión prevista de 337 millones de euros, en Montesa, Sellent, el sur del Júcar, la zona de Cullera y l'Albufera", que se comprometió a terminar en 2013.
Además, anunció que el 14 de abril se presentará en Valencia el Plan Nacional de Restauración de ríos, "una clarísima apuesta por una política medioambiental", señaló, que "incluye un 2,5 por ciento de se presupuesto en plantillas relacionadas con el I+D en depuración y reutilización para aplicar las nuevas tecnologías a estos planes.
1.700 SANICIONES AL AÑO
Por otra parte, el presidente de la CHJ resaltó su labor al "tutelar las actuaciones de las empresas públicas y coordinar las acciones entre las administraciones e instituciones". En esta línea, señaló que tiene unas "1.700 sanciones al año" lo cual, a su juicio, "es un indicador de que hay muchas cosas que corregir".
Al respecto, agregó que la CHJ realiza informes sobre las actuaciones urbanísticas y tiene "más de 1.700 expedientes sobre actuaciones en Planes de Actuación Integrada (PAI)". También controla extracciones y en estos momentos tiene "alrededor de 55.000 expedientes de pozos en la demarcación del Júcar, unos 15.000 más que hace diez años", apuntó.
Por otra parte, se refirió también el Plan Hidrológico Nacional (PHN) que incluía el trasvase del Ebro, y que criticó porque, a su entender, "no recogía un programa definido con presupuestos, actuaciones y esquemas temporales". Asimismo, respecto al Plan de la Cuenca del Júcar del año 1998, aseguró que "muchas personas que lo firmaron dicen no estar satisfechas porque muchas de las inversiones que se prometieron no se realizaron". Como consecuencia de esa "escasa inversión" hay una "falta de infraestructuras para la gestión del agua que, en esta época de sequía, está creando problemas", apostilló.
Por su parte, Jorge García Sierra se refirió a las desaladoras y trasvases como "sistemas de gestión de aguas puntuales" puesto que "no son soluciones que se basan en el punto de vista de la demanda". Así consideró que las desaladoras "plantean un problema energético" y los trasvases "un problema político y de propiedad territorial", por lo que también hay que buscar sistemas alternativos y hacer "un esfuerzo por reducir el consumo y reutilizar más el agua que tenemos", apuntó.
Sierra apostó por el "ahorro del agua", pero "no limitar, sino autolimitarse los usuarios su consumo", puesto que esta línea "disminuye los vertidos en el medioambiente, disminuye la inversiones porque hacen falta menos obras nuevas y no genera conflictos políticos", pero los gobiernos "no potencian bastante" esta opción.
Además, como "la concienciación es complicada" y "lamentablemente lo que funciona es la vía del bolsillo", instó a una "subida de las tarifas del agua, que se ajusten a la realidad de sus costes de obtención y servicio". En este sentido, expresó su "preocupación" por saber "cómo se financiarán las nuevas instalaciones hidráulicas si no se toman medidas para recuperar sus costes".
En esta línea, el catedrático en ingeniería hidráulica sostuvo que "cambiar los 100.000 kilómetros de tuberías de España cada 50 años supondría alrededor de un gasto de 25 euros más al año por habitante", lo cual, "es más que razonable", apuntó. En el caso de Valencia, "supondría aumentar las tarifas una subida del 30 por ciento", añadió.
Por último, Sierra hizo hincapié en la "necesidad" de revisar "los pozos ilegales y las redes de distribución de agua", así como en el hecho de que, a su juicio, "existen demasiadas administraciones dedicadas al tema del agua, que se echan la culpa las unas a las otras", lo cual hace que, "en muchas ocasiones, no se gestione bien el agua porque no hay un relación suficiente entre ellas", concluyó.