(EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, reclamó hoy la futura participación de los usuarios en los órganos de decisión de la gestión del agua como ocurre en las confederaciones hidrográficas. Del Campo denunció en un almuerzo informativo "la exclusión de su participación en el Comité de Autoridades Competentes y la aplicación indiscriminada de una política de precios al agua que pudiera conducir a la desaparición de la tercera parte del regadío español".

Así, el presidente de los regantes criticó que "se margina" a los agricultores en el Comité de Autoridades Competentes, que se creará en la futura reforma de la Ley de Aguas y que sólo contempla la participación de las Administraciones, mientras que en el nuevo Consejo de Agua de la Cuenca, la mitad de sus miembros serán representantes de los usuarios del agua (agricultura, abastecimiento, energía, ocio, industria); un 20 por ciento asociaciones agrarias, un 20 por ciento organizaciones ecologistas y un 10 por ciento agentes económicos.

El máximo responsable de Fenacore solicitó al Ministerio de Medio Ambiente que integre de una manera "real y efectiva" a los usuarios dentro de la planificación, gestión y protección del agua, sin limitar su participación en los órganos de las demarcaciones hidrográficas.

En este sentido, abogó por la integración de los regantes en los nuevos Comités de Autoridades Competentes de cada confederación hidrográfica, de manera que estos no sean "órganos meramente políticos" los que dispongan del "máximo poder" de decisión, al margen de los Consejos de Cuenca y de los propios usuarios.

Asimismo, Del Campo aprovechó la ocasión para instar al Gobierno a que reconozca la participación de Fenacore dentro de la nueva Conferencia Sectorial del Agua, de manera que tengan voz aunque no derecho de voto. En opinión de la Federación, la decisión de separar el actual Consejo Nacional del Agua en dos órganos, uno político -Conferencia Sectorial- conformado por las distintas Administraciones y otro consultivo -de usuarios-, supone "vaciarlo" de contenido y representatividad, lo que puede conducir a la toma de decisiones arbitrarias por parte del Gobierno.

Más de un centenar de regantes pertenecientes a las comunidades de toda España se reunieron hoy en Junta General Extraordinaria con el fin de analizar las últimas modificaciones propuestas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y adoptar una postura unánime y unívoca de cara a su votación en el Pleno del Consejo que tendrá lugar después de Semana Santa.

Los regantes han valorado positivamente el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada 'tasa por prestación de servicios' y, por otro, la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, han acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de retrasar el pleno, previsto inicialmente para mañana, con el fin de disponer de más tiempo para el estudio de las modificaciones.

PRECIOS.

En cuanto al precio del agua, Del Campo rechazó la necesidad de modificar el régimen económico-financiero de la Ley de Aguas para trasponer la Directiva Marco de Aguas al ordenamiento jurídico español, por considerar que la legislación nacional contempla, en cierta medida, el principio europeo de recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua.

El presidente de Fenacore insistió en que poner un precio al agua supondría "una pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, donde sin necesidad de agua tienen iguales o superiores producciones a las de nuestras zonas regables".

En esta línea, señaló que la aplicación de una política de precios al agua resulta "casi una excepción" dentro de los países de la UE, cuando se trata de la agricultura española, debido a las fuertes sequías y a la necesidad de mantener numerosas infraestructuras hidráulicas para disponer de agua garantizada.

Frente otros países europeos, incluidos los mediterráneos, España cuenta con 1.300 grandes embalses y un nivel de regulación del 45%, es decir, que casi la mitad del agua que emplea procede de los embalses porque su pluviometría es muy baja. Sin embargo, otros países europeos toman el 42% de su agua directamente de los ríos porque su nivel de lluvias es alto y no precisan de obras de regulación, explicó.

Finalmente, Del Campo recordó que actualmente los regantes pagan actualmente un canon de regulación que incluye los costes ambientales derivados del impacto ecológico por la construcción de estas obras hidráulicas. Además, añadió que la amortización de las obras realizadas para modernizar los regadíos existentes ha duplicado ya los costes tradicionales del agua que utilizan los regantes en pro de un objetivo puramente ambiental, como es regar con mayor eficiencia para conseguir también un mayor ahorro de agua.