Las comunidades autónomas participarán en la gestión de las cuencas hídricas en función de su territorio y población
Mié, 21/03/2007
(EUROPA PRESS) -
Las comunidades autónomas participarán en la gestión de las cuencas hídricas en función de su territorio y población en los futuros Comités de Autoridades Competentes que creará la reforma de la Ley de Aguas, que hoy debate la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. La Administración General del Estado tendrá la mitad más uno de los miembros de estos Comités, por lo que se respeta la competencia establecida en la Constitución en la que le corresponde al Estado la última palabra sobre los ríos que pasan por más de una comunidad.
Así, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica o demarcación hidrográfica tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes, y su voto se ponderará entre 0,10 y 1, en función de su superficie y población comprendida en el ámbito de la cuenca.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló hoy en unas jornadas sobre agua que "con exquisito respeto a la Constitución se trata de involucrar con cauces de corresponsabilidad a las comunidades autónomas", ya que estas tienen competencia en temas relacionados con el agua como vertidos, abastecimientos, ordenación del territorio, calidad y cantidad de agua o depuración, entre otras. "Las comunidades autónomas y ayuntamientos son las que mejor pueden controlar que se contamine lo menos posible y por eso deben formar parte de los órganos, pero el Gobierno mantiene la competencia sobre los grandes ríos", añadió.
Narbona indicó que las comunidades autónomas son sólo competentes en los ríos que nacen y mueren en su territorio (intracomunitarios), mientras que en los que transcurren por más de una comunidad es el Estado el que tiene la última palabra. Así, recordó que ya se han transferido las cuencas internas de Andalucía, y se encuentran avanzadas las discusiones con Asturias, y se iniciarán con Cantabria y la Comunidad Valenciana. En el caso de los trasvases, se escuchará a las comunidades autónomas que deberán emitir un informe preceptivo, pero no vinculante.
Para facilitar la gestión entre los ríos intercomunitarios e intracomunitarios se crearán demarcaciones mixtas de cuenca para, como en el caso del Júcar, analizar las trasferencias a cuencas internas de la Comunidad Valenciana y elaborar con ellas los planes hidrológicos. En la reforma legislativa no se recogen ni nuevas infraestructuras ni cantidades de agua para trasvases, porque eso se especificará en los planes de cada cuenca, indicó hoy el director general del Agua, Jaime Palop.
La ministra de Medio Ambiente confía en enviar el proyecto de Ley al Parlamento en el mes de abril, para que entre en vigor en esta legislatura. Narbona apuntó que en los próximos días se incorporarán nuevos artículos a la reforma de la Ley de Aguas para ajustarlos al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Un nuevo organismo previsto en la reforma es el Consejo de Agua de la Cuenca, en el que la mitad de sus miembros serán representantes de los usuarios del agua (agricultura, abastecimiento, energía, ocio, industria); un 20 por ciento asociaciones agrarias, un 20 por ciento organizaciones ecologistas y un 10 por ciento agentes económicos.
TASAS
En la reforma legal se establece una tasa para recuperar el coste de prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua superficial, subterránea, desalada y reutilizada. Habrá dos gravámenes: uno fijo de 33,5 euros por concesión; y otro variable en función de los usos del agua (consuntivos, hidroeléctrico o de refrigeración).
En cuanto a las presas y embalses, la futura ley establece una única tasa de 300 euros por clasificación y registro de cada tipo de infraestructura, para recuperar el coste del conjunto de actividades de la Administración. El director general del Agua indicó en rueda de prensa que el agua es un bien público que está dando un beneficio económico para los propietarios de la presa y por eso tienen que pagar una tasa por las gestiones administrativas.
Por otra parte, los organismos de las futuras demarcaciones hidrográficas deberán emitir un informe sobre los planes de ordenación del territorio y urbanismo que respeten los datos del deslinde del dominio público, con reflejo de la situación de las zonas inundables.
Otra de las novedades que incluye esta modificación legislativa es la concepción medioambiental de los ríos, y no como simples canales de agua. Así, la directiva marco de aguas establece un "enfoque ecosistémico e integral de los ríos, y el medio ambiente aparece como un usuario del agua", indicó Narbona. En la ley se recoge la reserva fluvial de cabecera en la que se garantizará una cantidad de agua para que asegure el estado ecológico de las masas de agua.
La reforma de Ley de Aguas creará los Bancos Públicos de Agua, a través de los cuales y bajo la tutela del Estado se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos de agua, con la finalidad de conseguir un buen estado ecológico de las masas de agua y la constitución de reservas.
Además, las aguas procedentes de la desalación del mar se incorporan al dominio público hidráulico, y necesitarán por tanto la correspondiente concesión administrativa. Asimismo, las aguas desaladas podrán comprarse y venderse en los Bancos Públicos de Agua.
Por otra parte, el Ministerio quiere garantizar por ley a todos los españoles y turistas que visiten nuestro país un mínimo de agua de calidad, estimada en 60 litros por habitante y día, como un principio ético, indicó el director general del Agua.
Las comunidades autónomas participarán en la gestión de las cuencas hídricas en función de su territorio y población en los futuros Comités de Autoridades Competentes que creará la reforma de la Ley de Aguas, que hoy debate la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Agua. La Administración General del Estado tendrá la mitad más uno de los miembros de estos Comités, por lo que se respeta la competencia establecida en la Constitución en la que le corresponde al Estado la última palabra sobre los ríos que pasan por más de una comunidad.
Así, las comunidades autónomas que forman parte total o parcial de una cuenca hídrica o demarcación hidrográfica tendrán un representante en el Comité de Autoridades Competentes, y su voto se ponderará entre 0,10 y 1, en función de su superficie y población comprendida en el ámbito de la cuenca.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló hoy en unas jornadas sobre agua que "con exquisito respeto a la Constitución se trata de involucrar con cauces de corresponsabilidad a las comunidades autónomas", ya que estas tienen competencia en temas relacionados con el agua como vertidos, abastecimientos, ordenación del territorio, calidad y cantidad de agua o depuración, entre otras. "Las comunidades autónomas y ayuntamientos son las que mejor pueden controlar que se contamine lo menos posible y por eso deben formar parte de los órganos, pero el Gobierno mantiene la competencia sobre los grandes ríos", añadió.
Narbona indicó que las comunidades autónomas son sólo competentes en los ríos que nacen y mueren en su territorio (intracomunitarios), mientras que en los que transcurren por más de una comunidad es el Estado el que tiene la última palabra. Así, recordó que ya se han transferido las cuencas internas de Andalucía, y se encuentran avanzadas las discusiones con Asturias, y se iniciarán con Cantabria y la Comunidad Valenciana. En el caso de los trasvases, se escuchará a las comunidades autónomas que deberán emitir un informe preceptivo, pero no vinculante.
Para facilitar la gestión entre los ríos intercomunitarios e intracomunitarios se crearán demarcaciones mixtas de cuenca para, como en el caso del Júcar, analizar las trasferencias a cuencas internas de la Comunidad Valenciana y elaborar con ellas los planes hidrológicos. En la reforma legislativa no se recogen ni nuevas infraestructuras ni cantidades de agua para trasvases, porque eso se especificará en los planes de cada cuenca, indicó hoy el director general del Agua, Jaime Palop.
La ministra de Medio Ambiente confía en enviar el proyecto de Ley al Parlamento en el mes de abril, para que entre en vigor en esta legislatura. Narbona apuntó que en los próximos días se incorporarán nuevos artículos a la reforma de la Ley de Aguas para ajustarlos al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Un nuevo organismo previsto en la reforma es el Consejo de Agua de la Cuenca, en el que la mitad de sus miembros serán representantes de los usuarios del agua (agricultura, abastecimiento, energía, ocio, industria); un 20 por ciento asociaciones agrarias, un 20 por ciento organizaciones ecologistas y un 10 por ciento agentes económicos.
TASAS
En la reforma legal se establece una tasa para recuperar el coste de prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua superficial, subterránea, desalada y reutilizada. Habrá dos gravámenes: uno fijo de 33,5 euros por concesión; y otro variable en función de los usos del agua (consuntivos, hidroeléctrico o de refrigeración).
En cuanto a las presas y embalses, la futura ley establece una única tasa de 300 euros por clasificación y registro de cada tipo de infraestructura, para recuperar el coste del conjunto de actividades de la Administración. El director general del Agua indicó en rueda de prensa que el agua es un bien público que está dando un beneficio económico para los propietarios de la presa y por eso tienen que pagar una tasa por las gestiones administrativas.
Por otra parte, los organismos de las futuras demarcaciones hidrográficas deberán emitir un informe sobre los planes de ordenación del territorio y urbanismo que respeten los datos del deslinde del dominio público, con reflejo de la situación de las zonas inundables.
Otra de las novedades que incluye esta modificación legislativa es la concepción medioambiental de los ríos, y no como simples canales de agua. Así, la directiva marco de aguas establece un "enfoque ecosistémico e integral de los ríos, y el medio ambiente aparece como un usuario del agua", indicó Narbona. En la ley se recoge la reserva fluvial de cabecera en la que se garantizará una cantidad de agua para que asegure el estado ecológico de las masas de agua.
La reforma de Ley de Aguas creará los Bancos Públicos de Agua, a través de los cuales y bajo la tutela del Estado se podrán realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de usos de agua, con la finalidad de conseguir un buen estado ecológico de las masas de agua y la constitución de reservas.
Además, las aguas procedentes de la desalación del mar se incorporan al dominio público hidráulico, y necesitarán por tanto la correspondiente concesión administrativa. Asimismo, las aguas desaladas podrán comprarse y venderse en los Bancos Públicos de Agua.
Por otra parte, el Ministerio quiere garantizar por ley a todos los españoles y turistas que visiten nuestro país un mínimo de agua de calidad, estimada en 60 litros por habitante y día, como un principio ético, indicó el director general del Agua.