La participación de las Comunidades Autónomas en los órganos administrativos donde se decide la planificación y gestión de los recursos hídricos fue ayer objeto de dura crítica por parte del consejero aragonés de Medio Ambiente. Alfredo Boné resaltó que lo que se ha dado a conocer en los medios de comunicación sobre el borrador de la nueva Ley de Aguas concede en ese aspecto decisivo demasiado peso al Estado y, por el contrario, le resta capacidad de influencia a los Ejecutivos autonómicos.

Boné señaló en rueda de prensa que esa revisión de la Ley de Aguas "prevé quitar el voto de las Autonomías en el Consejo Nacional del Agua y seguir primando la mayoría de voto del Estado en el Comité de Autoridades Competentes frente al de las Comunidades Autónomas".

El consejero resaltó que sí se ha conseguido, "a instancias del Gobierno aragonés", que las Comunidades tengan un voto ponderado de acuerdo a su aportación territorial en cada cuenca hidrográfica, pero matizó que ese avance "sirve de poco" si luego en el Consejo Nacional del Agua no se permite "que las Comunidades tengan voto".

El también secretario general del PAR recordó que "la falta de voto en el Consejo" fue uno de los orígenes de la polémica del trasvase y es "un ejemplo de lo que puede ocurrir" cuando se plantean cuestiones como la del agua "sin que exista un marco político donde alcanzar consensos".

Siguiendo con las comparaciones, Boné echó mano de la Comisión del Agua para destacar que "en Aragón hemos dado todo un ejemplo de que es posible alcanzar acuerdos en cuestiones muy complicadas, pero para eso tiene que haber un debate real y justo".

"El PAR va a ser también muy beligerante en la reivindicación de que Aragón esté adecuadamente representado en los futuros órganos de planificación, así como en todos los órganos de gobierno de las confederaciones hidrográficas", enfatizó el número dos del PAR. Para Boné, de todas formas, "Aragón no tendrá garantizadas sus necesidades y sus obras de regulación mientras no tenga competencias plenas en materia de agua".

Decisión unánime parlamentaria

Los partidos políticos aragoneses llegaron el pasado mes de noviembre a un acuerdo para pedir por unanimidad en el Congreso la abolición de los privilegios que el Plan Hidrológico Nacional otorga a Cataluña en el proceso de fijación del caudal ecológico del Delta del Ebro. PSOE, PP, PAR, CHA e IU consensuaron en las Cortes de Aragón una proposición de ley en la que se propuso que la determinación de los caudales mínimos de cada río se realice "con el acuerdo favorable de todas las Comunidades Autónomas que integren la cuenca hidrográfica".

Además, el texto acordado establece que "en los casos de desacuerdo se tendrá en cuenta la representatividad poblacional y territorial de cada Comunidad", coletilla que debería garantizar el peso específico de Aragón en todas las decisiones que tengan que ver con la cuenca del Ebro.

El contenido final de la proposición de ley se remitió al Congreso para su debate y votación, extremo en el que habrá que ver si el PSOE nacional respeta el criterio de sus representantes en Aragón -hasta ahora no lo ha hecho, ya que fueron los socialistas los que aprobaron el PHN actual-. Sin embargo, esa tramitación está paralizada con la excusa, precisamente, de la revisión de la Ley de Aguas.

El PHN establece ahora que la determinación de los caudales ambientales del Delta es uno de los cometidos del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE), un documento elaborado por la Generalitat y el Estado. Eso convierte a Cataluña en la única Comunidad que participa directamente en el proceso.