Los regantes piden que el Estado siga siendo el único con poder de decisión sobre el agua
Jue, 01/02/2007
Arrecia la polémica en torno a la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha, consensuada por PSOE y PP en esa comunidad, por fijar para 2015 el cierre del trasvase Tajo-Segura. Si
ABC
TOLEDO/MADRID. Arrecia la polémica en torno a la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha, consensuada por PSOE y PP en esa comunidad, por fijar para 2015 el cierre del trasvase Tajo-Segura. Si el martes el Gobierno murciano anunciaba que prepara ya un recurso de inconstitucionalidad si el texto no se modifica en el Congreso, ayer la poderosa Federación de Nacional de Regantes lo ha rechazado de plano, al advertir que la planificación hidrológica es competencia única y exclusiva del Estado, y no compartida como se plantea desde Toledo.
Según informa Otr, José María Barreda sale en defensa del proyecto y asegura que cerrar el trasvase no es un capricho. Cierra filas el PP castellanomanchego, que le dice a sus compañeros de filas murcianos que ellos «no se van a mover un milímetro» en apoyo del fin del Tajo-Segura.
Competencia exclusiva
La planificación hidrológica nacional es competencia «única y exclusiva» del Estado. Asi se expresó hoy en un comunicado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, en respuesta a la competencia compartida que defiende el reformado Estatuto castellano-manchego para reducir progresivamente la aportación desde la cabecera del Tajo al Sureste hasta su cese en 2015. Calificó de «error político» que las reformas estatutarias aborden la planificación hidrológica, porque competen en exclusiva al Estado en lo referido a las cuencas intercomunitarias, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45. 2».
En su opinión, los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas «con independencia del color y signo del partido que las gobierne, deben ser planificados y gestionados por el Estado», con el fin de evitar la «instrumentalización del uso del agua que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar guerras del agua».
Según Del Campo, «las obras de regulación y los trasvases intercuencas, así como otras medidas relacionadas con la gestión de la demanda (modernización de regadíos, reutilización de aguas depuradas, explotación de acuíferos, desalación) son necesarias ahora más que nunca para garantizar el suministro de agua en épocas de sequía, y se agudizarán aún más ante la posibilidad de un cambio climático con lluvias torrenciales y espaciadas en el tiempo que hagan inviable el suministro de agua para los distintos usos si no se encuentra almacenada».
Firme en sus convicciones, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, expresó la necesidad de que esta reforma sea respetada en el Congreso, y que los diputados «sean respetuosos con una propuesta que se hace por unanimidad, no es un capricho mío», sino la voluntad de la ciudadanía, y así se ha decidido y aprobado en el Parlamento regional, con el acuerdo de PP y PSOE.
«Ya está blindado»
Barreda volvió a explicar que el Tajo «ya tiene hipotecas y está blindado» y «a favor de otro río, el Segura». «No nos sobra el agua, no la podemos dejar correr porque la necesitamos para beber», que «también somos españoles», señaló y recordó que el desarrollo del Levante español no se puede basar sine die en esta situación. Ahora, continuó, «nosotros necesitamos ese agua porque estamos creciendo y pronto seremos dos millones de castellano-manchegos» y por tanto, la escasez de agua no puede ser factor limitante «de nuestro crecimiento y desarrollo».
La respuesta desde Murcia no se hizo esperar, y por la tarde, el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dijo que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «tiene agua suficiente para su Comunidad sin necesidad de blindar el Tajo en su Estatuto. Además, acusó al Gobierno central y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de «dejación de responsabilidades».
En un acto ante regantes, agricultores y empresarios, Valcárcel explicó que con 141 hectómetros cúbicos, «en el extremo de los extremos planteables, Castilla-La Mancha podría tener solucionado el abastecimiento de dos millones de personas en los próximos 10 años».
El líder murciano argumentó que, con una población de un millón y medio de habitantes, con un consumo de 150 litros al día «cualquier comunidad nunca necesitaría más de 82 hectómetros», por lo que si «aumenta la población a dos millones serían 110, y si se calcula que cada habitante consume 200 litros al día, sumarían 146 hectómetros en esos 10 años».
ABC
TOLEDO/MADRID. Arrecia la polémica en torno a la reforma del Estatuto de Castilla La Mancha, consensuada por PSOE y PP en esa comunidad, por fijar para 2015 el cierre del trasvase Tajo-Segura. Si el martes el Gobierno murciano anunciaba que prepara ya un recurso de inconstitucionalidad si el texto no se modifica en el Congreso, ayer la poderosa Federación de Nacional de Regantes lo ha rechazado de plano, al advertir que la planificación hidrológica es competencia única y exclusiva del Estado, y no compartida como se plantea desde Toledo.
Según informa Otr, José María Barreda sale en defensa del proyecto y asegura que cerrar el trasvase no es un capricho. Cierra filas el PP castellanomanchego, que le dice a sus compañeros de filas murcianos que ellos «no se van a mover un milímetro» en apoyo del fin del Tajo-Segura.
Competencia exclusiva
La planificación hidrológica nacional es competencia «única y exclusiva» del Estado. Asi se expresó hoy en un comunicado el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, en respuesta a la competencia compartida que defiende el reformado Estatuto castellano-manchego para reducir progresivamente la aportación desde la cabecera del Tajo al Sureste hasta su cese en 2015. Calificó de «error político» que las reformas estatutarias aborden la planificación hidrológica, porque competen en exclusiva al Estado en lo referido a las cuencas intercomunitarias, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45. 2».
En su opinión, los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas «con independencia del color y signo del partido que las gobierne, deben ser planificados y gestionados por el Estado», con el fin de evitar la «instrumentalización del uso del agua que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar guerras del agua».
Según Del Campo, «las obras de regulación y los trasvases intercuencas, así como otras medidas relacionadas con la gestión de la demanda (modernización de regadíos, reutilización de aguas depuradas, explotación de acuíferos, desalación) son necesarias ahora más que nunca para garantizar el suministro de agua en épocas de sequía, y se agudizarán aún más ante la posibilidad de un cambio climático con lluvias torrenciales y espaciadas en el tiempo que hagan inviable el suministro de agua para los distintos usos si no se encuentra almacenada».
Firme en sus convicciones, el presidente castellano-manchego, José María Barreda, expresó la necesidad de que esta reforma sea respetada en el Congreso, y que los diputados «sean respetuosos con una propuesta que se hace por unanimidad, no es un capricho mío», sino la voluntad de la ciudadanía, y así se ha decidido y aprobado en el Parlamento regional, con el acuerdo de PP y PSOE.
«Ya está blindado»
Barreda volvió a explicar que el Tajo «ya tiene hipotecas y está blindado» y «a favor de otro río, el Segura». «No nos sobra el agua, no la podemos dejar correr porque la necesitamos para beber», que «también somos españoles», señaló y recordó que el desarrollo del Levante español no se puede basar sine die en esta situación. Ahora, continuó, «nosotros necesitamos ese agua porque estamos creciendo y pronto seremos dos millones de castellano-manchegos» y por tanto, la escasez de agua no puede ser factor limitante «de nuestro crecimiento y desarrollo».
La respuesta desde Murcia no se hizo esperar, y por la tarde, el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, dijo que el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, «tiene agua suficiente para su Comunidad sin necesidad de blindar el Tajo en su Estatuto. Además, acusó al Gobierno central y al Ejecutivo de Castilla-La Mancha de «dejación de responsabilidades».
En un acto ante regantes, agricultores y empresarios, Valcárcel explicó que con 141 hectómetros cúbicos, «en el extremo de los extremos planteables, Castilla-La Mancha podría tener solucionado el abastecimiento de dos millones de personas en los próximos 10 años».
El líder murciano argumentó que, con una población de un millón y medio de habitantes, con un consumo de 150 litros al día «cualquier comunidad nunca necesitaría más de 82 hectómetros», por lo que si «aumenta la población a dos millones serían 110, y si se calcula que cada habitante consume 200 litros al día, sumarían 146 hectómetros en esos 10 años».