Estos 30 hectómetros cúbicos provendrán de la presa del Agrio -rescatada por la CHG a Boliden, que la usaba para su explotación minera, hoy clausurada- y de balsas de almacenamiento de aguas de lluvia, repartidas en los alrededores de Doñana, según explicó a Efe el comisario de Aguas de esta Confederación, Javier Serrano.
Además de estos 30 hectómetros cúbicos, la CHG aliviará en otros 20 hectómetros cúbicos la presión que soporta este acuífero (conocido anteriormente como acuífero 27 y denominado ahora unidad hidrogeológica Almonte-Marismas UH50-51) mediante la negociación con estos agricultores para que cambien sus cultivos de riegos muy intensivos -como el arroz o algodón- por otros más sostenibles.
El regadío agrícola se ha duplicado en los últimos veinte años en la comarca de Doñana, en muchos casos por la perforación de pozos ilegales, hasta rebasar las 32.000 hectáreas en 2003.
Con todo, Serrano cree que el acuífero que nutre a este espacio protegido "no está sobreexplotado en su conjunto, pero sí tiene problemas concretos".
El principal son "las extracciones tremendas" de agua -unos 50 hectómetros cúbicos anuales- que realizan las grandes fincas arroceras y algodoneras de la zona de los Hatos, en el norte del parque, algunas de las cuales se nutren con pozos ilegales y acumulan por ello multas de hasta más de 20 millones de euros.
La presión de estas grandes fincas sobre el acuífero de Doñana ha dañado la zona del Parque Nacional conocida como la vera, un espacio de vegetación colindante con la marisma, de gran valor ecológico y en el que se han secado algunas especies, en especial fresnos, por la falta de agua y por su salinización.
Las captaciones de agua en esta zona causaron que el nivel del acuífero -que la CHG mide mensualmente en 235 puntos- bajase hasta una cota de 16 metros por debajo del nivel del mar.
Estas grandes fincas obtendrían los 30 hectómetros cúbicos de aguas pluviales a cambio de cambiar regadíos intensivos por cultivos más sostenibles.
La segunda zona conflictiva, aunque con un menor consumo de agua, es la del antiguo proyecto agrícola intensivo denominado Plan Almonte-Marismas, ocupada por colonos propietarios de pequeñas explotaciones, a quienes se pretende organizar en comunidades de regantes para reorganizar su sistema de pozos y ordenar sus derechos de riego.
El tercer punto problemático se ubica en el arroyo de la Rocina -junto a la aldea del Rocío- donde más de 1.700 pozos -muchos de ellos ilegales- captan buena parte de este caudal para cultivos de fresa.
El arroyo de la Rocina y el río Guadiamar conforman la unidad hidrogeológica Almonte-Marismas, que abarca 3.400 kilómetros cuadrados y concentra miles de hectáreas de regadío, buena parte de ellas ilegales, pero que se han consolidado por la "actitud permisiva" que han mantenido las administraciones durante los últimos años, según Serrano