La lluvia empezó a caer ayer en buena parte del territorio peninsular abriendo un paréntesis en uno de los inviernos más secos de los últimos veinte años que ni siquiera ha discriminado entre la España seca y la húmeda. Todas las precipitaciones que se produzcan en los próximos días representarán un alivio para las urgentes necesidades de embalses, agricultura y ganadería. Pero en ningún caso deberían retirar del primer plano el problema de la sequía, cuyo carácter estructural y endémico -sobre todo en las cuencas del Segura y el Júcar- lo convierte en una cuestión insoslayable. Pese a ello España no cuenta con un plan hidrológico de alcance nacional que contente a todos, ni con las infraestructuras necesarias para gestionar y optimizar los recursos que ahora se dilapidan.

La ejecución del programa Agua, proyectado por el Gobierno para sustituir las expectativas creadas por el liquidado Trasvase del Ebro, avanza con mucha lentitud, centrando la mayor parte de sus recursos presupuestarios en la construcción de desalinizadoras que hasta finales de 2008 no empezarán a ofrecer un rendimiento a la altura de las insuficiencias reales. Pero corremos el riesgo de que los actuales proyectos, -debido sobre todo al aumento de población y la mejora de la calidad de vida-, pueden verse superados por la demanda cuando sean operativos. La reciente Conferencia de Presidentes Autonómicos únicamente pudo acordar la creación de una Conferencia Sectorial, poniendo en evidencia que a la gravedad de la sequía hay que añadir la aparición de oportunismos partidistas y egoísmos localistas que amenazan con primar sobre los principios de eficiencia y solidaridad territorial, indispensables para recuperar el carácter estratégico que requiere una política hidrológica global y coherente.

La actual sequía -la más grave de las que haya afectado a España, según la ministra de Medio Ambiente- es un hecho suficientemente trascendental como para que los presidentes autonómicos y las diferentes administraciones territoriales dejen de discutir por el reparto del agua y dediquen sus esfuerzos a promover una política coordinada incluyendo la persecución de extracciones ilegales, la reestructuración de las riberas, el establecimiento de caudales medioambientales en todos los ríos y la renuncia a seguir ampliando regadío, especialmente los grandes consumidores de agua. Pero las obligaciones de las administraciones públicas no liberan a los ciudadanos de su responsabilidad en la administración de un bien escaso y costoso que es preciso no malversar porque buena parte del crecimiento y del bienestar futuro depende de él.