El coste energético de las plantas desaladoras se ha convertido en una patata caliente para el Ministerio de Medio Ambiente.
El aumento de los precios de la electricidad ha disparado los gastos operativos de esas instalaciones, que eliminan la sal del agua del mar a través de un proceso de intenso consumo de energía.
Medio Ambiente, que es la propietaria de las desaladora aunque paga un canon a las empresas privadas por su gestión, ha pedido ayuda al Ministerio de Industria para sobrellevar esa carga.
Según fuentes cercanas a las conversaciones entre los dos ministerios, el departamento que dirige Cristina Narbona ha pedido al de Joan Clos que la factura eléctrica financie a las desaladoras, ya que tiene problemas para trasladar a los regantes el aumento del coste del agua. Responsables de ambas administraciones se reunieron para tratar el asunto al final de diciembre.

Según las mismas fuentes, Industria ha rechazado la propuesta, ya que considera que esa iniciativa va contra su deseo de que la tarifa de la luz refleje fielmente los costes del servicio eléctrico, y no asuma otras cargas.
Sin embargo, Medio Ambiente podría insistir con su idea, ya que el coste eléctrico de las desaladoras se va a disparar por la entrada en servicio de nuevas plantas y por el aumento de precios de la luz (un 4,3% de media en 2007).

Fuentes de Medio Ambiente afirmaron ayer que no existe ningún plan o propuesta para cargar el coste del agua desalada en la factura eléctrica. 'Lo normal es que se aplique sobre la tarifa de los consumidores de agua', reconocen en Medio Ambiente. En el Ministerio de Industria, no realizaron ningún comentario sobre el asunto.
En medios próximos a las empresas que gestionan las desaladoras se indica que 'desde hace tiempo se habla de la posibilidad de que Medio Ambiente cuente con un apoyo con cargo a la tarifa eléctrica'. Constructoras como Acciona, ACS y FCC son los principales operadores de ese tipo de plantas.
Dos son las vías para que la factura eléctrica asuma esa carga.
Una opción es instaurar un recargo en la tarifa (un porcentaje sobre la factura de los 25 millones de consumidores españoles), que Medio Ambiente utilizaría para pagar a los suministradores de las desaladoras.
Otra fórmula, que fuentes del sector eléctrico ven más factible, es que se establezca una tarifa especial para las desaladoras, similar a la que pagan algunas grandes indutrias del acero o el cemento. En este caso, el coste que no asumiera Medio Ambiente al pagar ese precio se repartiría entre el resto de tarifas.
Según diversos cálculos, el coste eléctrico de un metro cúbico de agua desalada asciende a 0,25 euros. Ahora mismo, las plantas en España producen alrededor de 500 hectómetros cúbicos, por lo que su factura de la luz ascendería a unos 125 millones de euros. Pero, en los próximos años, el volumen de agua del mar tratada en las desaladoras ascenderá a los 800 hectómetros cúbicos, por lo que el gasto eléctrico podría superar a los 200 millones de euros anuales. Medio Ambiente será el tercer mayor cliente eléctrico de España, por detrás del ferrocarril y las plantas de aluminio de Inespal.
El Ministerio de Industria cree que la factura eléctrica no puede soportar más costes. En 2007, alcanzarán los 25.000 millones, según previsiones de ese departamento. Sin embargo, los ingresos previstos por la facturación a los clientes se situará en menos de 22.000 millones, por lo que se generará un déficit de 3.100 millones, según Industria.

Otra alternativa para Medio Ambiente es convocar un concurso entre las eléctricas para adjudicar su suministro al mejor postor y lograr alguna rebaja.