La información publicada ayer por ABC sobre el envío aprobado por el Gobierno de 342 hectómetros cúbicos desde un afluente del Ebro ha levantado ampollas en las comunidades levantinas, que vienen reclamando sin éxito la recuperación del trasvase que se diseñó en la etapa del PP.

Las más duras críticas llegaron desde Murcia, donde el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, reprobó que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «para lavar su mala conciencia, lo único que diga son mentiras», al tiempo que criticó la «incompetencia y la falta de sensibilidad del Gobierno socialista con la Región, porque lo que se le quita a Murcia es lo que se le está dando a Cataluña».

La mitad, para Cataluña

Cerdá rechazó que Narbona respalde trasvasar a Lérida 342 hectómetros de un afluente del Ebro, con el objetivo, según indicó, de «poner en regadío 70.000 nuevas hectáreas, prácticamente la mitad de lo que es el regadío murciano». También criticó que 500 de los 1.200 millones de euros presupuestados para el trasvase del Ebro se vayan a ir finalmente para Cataluña y que el resto se los tengan que repartir entre las demás comunidades autónomas.

Y es que, según Cerdá, la ministra de Medio Ambiente «lo único que dice son mentiras consistentes en que si el precio del agua del trasvase del Ebro iba a resultar más caro y eso es mentira, señora Narbona, porque salía a 0,32 euros por metro cúbico».

Igualmente hostil fue la reacción del Gobierno valenciano, cuyo consejero de Infraestructuras y Transporte, José Ramón García Antón, criticó que «mientras Zapatero abandona la Comunidad, hace obras de transferencia en otras autonomías, como el trasvase del Ebro hasta Lérida, que supone una cantidad de agua similar a la que necesita nuestra Comunidad y que estaba prevista en el trasvase del Ebro».

García Antón manifestó en un comunicado que el Ministerio de Medio Ambiente «tiene dos varas de medir, una para Cataluña y otra para lo que se refiere al sur de Cataluña». Así, aseguró que este trasvase hasta Lérida «estaba previsto también en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero la única obra que se ha derogado ha sido el trasvase a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería». Por ello, acusó al Gobierno de Zapatero de «discriminar una vez más a la Comunidad Valenciana», y explicó que si se hubieran mantenido las obras del trasvase del Ebro, en 2008 «ya veríamos el final al problema del agua».

«En cambio, ahora no tenemos nada, porque el Gobierno actual se ha dedicado a desinvertir y ha sido incapaz de poner en obras una alternativa real al derogado trasvase», aseguró.

«Falta de interés»

Según García Antón, el Gobierno de Zapatero no ha puesto en marcha «prácticamente ninguna de las obras del llamado Programa Agua que permiten aportar nuevos recursos a la Comunidad Valenciana, en lo que es sin duda un reflejo del interés que demuestra el Partido Socialista por solucionar los problemas de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana». También la Junta Directiva de la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana afirmó que «nadie puede entender cómo el agua del Ebro, que es de todos los españoles, se le da sólo a Cataluña y esa misma agua se nos niega a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería».

El presidente de la Federación, José Pascual Gil, calificó «de muy mal gusto saber que la misma cantidad de agua del Ebro que se le va a dar a Lérida, aproximadamente 350 hectómetros, es la que está pidiendo la Comunidad Valenciana». No obstante, lamentó que «sin embargo parece que el agua del río Ebro es buena para todos los lugares menos» para esta autonomía, Murcia y Almería.