En ellos reivindican la competencia sobre el conjunto de las aguas continentales que discurren por sus territorios, derecho que hasta ahora sólo se reconocía para las cuencas intracomunitarias. Frente a este postura de descentralizar la gestión de los ríos, que ha generado la llamada guerra del agua entre las autonomías, está la de aquéllos que defienden un modelo centralizado que garantice el reparto y la imposición de un único modelo para un recurso esencial en del desarrollo de los territorios. La ONU, en su reciente informe 'El Agua, una responsabilidad compartida' aboga por una gestión por parte de los estados, postura que defienden igualmente las organizaciones ecologistas.
Andalucía deja claro en el artículo 50 del nuevo Estatuto, que los ciudadanos deberán ratificar en febrero, que es la comunidad quien ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la Cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma . Eso sí, la reivindicación añadió un matiz tras el paso del Estatuto por el Congreso: la competencia se ejercerá sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, de las obras públicas hidráulicas de interés general y de lo previsto en el artículo 149.1.22 de la Constitución . Que la comunidad pueda gestionar una cuenca cuyo 90,2 por ciento de superficie se encuentra en Andalucía, no es sin embargo una cuestión fácil.
La propia consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha aludido al Guadalquivir como la madre de todas las transferencias y la ministra del ramo, Cristina Narbona, sugiere fórmulas de cogestión.
Pero Andalucía no es la única que reclama ríos en sus nuevos estatutos. Cataluña fija que para cualquier trasvase que afecte a sus recursos hídricos será necesario un informe de la Generalitat; Valencia solicita los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias; Aragón establece una reserva de agua exclusiva para la comunidad de 6.550 hectómetros cúbicos; Castilla y León quiere gestionar el Duero y Castilla-La Mancha impone que en 2015 finalicen los trasvases del Tajo al Segura. Ante este panorama, no es de extrañar que el director de la Agencia Andaluza del Agua, Joan Corominas, haya advertido de que la gestión de este recurso en España puede convertirse en un auténtico guirigay .
La idea de descentralizar la gestión de las aguas que parece imponerse choca con las reticencias de administraciones como el Ministerio de Medio Ambiente, la Unión Europea o la misma ONU. Esta última señala en el citado informe sobre el agua que "una mejor gobernabilidad, combinada con un enfoque de gestión integrada, mayor transparencia, participación y diálogo, en un clima que favorezca la confianza, podría mejorar las negociaciones y minimizar las tensiones existentes en el sector hídrico .
El coordinador adjunto del informe, Carlos Fernández-Jáuregui, subrayó en la presentación del documento, el pasado 12 de diciembre en Zaragoza, que echa en falta la creación de una Agencia Estatal que solucione los problemas que puede originar la gestión por parte de las autonomías. Fernández-Jáuregui defendió por encima de cualquier circunstancia la unidad de cuenca, que debe guiar en todos los casos la gestión de las aguas. Éste es el caso del Guadalquivir, cuya cuenca implica además de a Andalucía a Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia. La Confederación del Guadalquivir, por ejemplo, abastece a uno de los principales polos industriales de Castilla-La Mancha, como es Puertollano.
El experto de la ONU abogó por la creación de una autoridad al más alto nivel , la modernización de la ley de aguas y, en lugar de una gestión autonómica de las cuencas, propiciar la participación de las comunidades en las confederaciones, lo que les permitiría también decidir a los gobiernos autonómicos sobre las aguas que discurren por su territorio.