El Gobierno salva la última traba de la UE al convertir a la CHJ en usuaria del trasvase
Vie, 01/12/2006
El Gobierno salva la última traba de la UE al convertir a la CHJ en usuaria del trasvase
La Confederación del Júcar recibirá los 80 hm3 de Cullera y será la encargada de negociar con
la Junta Central el reparto del agua
El consejo de administración de Aguas del Júcar tiene previsto aprobar hoy la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que ésta se convertirá en el usuario intermedio del futuro trasvase Júcar-Vinalopó desde el Azud de la Marquesa. El convenio, que cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado, dotará a la entidad que presidente Juan José Moragues de las competencias para distribuir los 80 hm3 del trasvase, con lo que el Ministerio de Medio Ambiente consigue los socios que le exigía la UE para ampliar la subvención económica del proyecto y, además, el nuevo trazado cumplirá a partir de hoy con todos los preceptos legales que establece la Directiva Marco del Agua en relación a que las obras hidráulicas tienen que tener usuarios.
Trece meses meses después de paralizar las obras del trazado Cortes-Villena y de contínuos desencuentros con la Junta Central de Usuarios, opuesta a aceptar el nuevo proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado con la fórmula legal para encontrar usuarios al trasvase. La empresa estatal Aguas del Júcar construirá y gestionará el proyecto pero su cliente principal -intermediario con los receptores del agua- será la Confederación Hidrográfica del Júcar que, a su vez, será la encargada de distribuir los caudales entre las comunidades de regantes que se lo soliciten. Bien la Junta Central que preside Andrés Martínez y aglutina hoy por hoy a agricultores y abastecimientos urbanos e industriales, bien a las futuras comunidades que puedan crearse de forma individual para negociar con la Confederación recibir agua del Azud de la Marquesa.
Medio Ambiente justifica la legalidad de su decisión en el hecho de que el proyecto no cuenta actualmente con ningún usuario ya que, según el Ministerio, el convenio suscrito entre Aguas del Júcar y la Junta Central quedó resuelto el 30 de septiembre de 2005 debido al incumplimiento de la obligaciones económicas de la Junta -impago de una deuda de 41,2 millones de euros por las obra-. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de marzo el nuevo trazado y se firmó un nuevo convenio entre el ?Ministerio y la sociedad estatal. La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó rechaza los argumentos del Ministerio al asegurar que dichos convenios no se podían rescindir de forma unilateral y sólo un juez está autorizado a eliminarlos, según sostiene Andrés Martínez.
Por otro lado, la firma del convenio entre Aguas del Júcar y la Confederación del Júcar representa un gesto hacia la propia Junta Central que esta semana había pedido que su interlocutor con Medio Ambiente en la nueva etapa fuera Juan José Moragues, presidente de la Confederación.
A partir de ahora, y siendo la Confederación Hidrográfica el ente que gestionará los caudales del trasvase, los futuros usuarios ya no tendrán que negociar directamente con el consejero de Aguas del Júcar José María Marugán, al que este cambio le resta en teoría protagonismo político, aunque como técnico gestionará un presupuesto de 303 millones de euros. La sociedad estatal afrontará la construcción del trasvase -hoy recibirá los proyectos de la adjudicatarias y prevé empezar las obras en enero de 2007- con los 120 millones que recibirá finalmente de Bruselas; 148 millones de los fondos propios y 35 millones que obtendrá a crédito y que después cobrará vía tarifas durante 50 años a la Confederación Hidrográfica del Júcar que, a su vez, lo cargará a los usuarios.
El convenio que se aprobará hoy establece, por otro lado, la constitución de una comisión de seguimiento de la ejecución del proyecto, formada por dos representantes de cada parte que deberán reunirse, como mínimo, una vez cada tres meses.
La aprobación del convenio se produce, por otra parte, justo en el día en que la Junta Central debate qué posición tomar ante la oferta de diálogo trasladada por Aguas del Júcar. Los usuarios están dispuestos a sentarse con el Ministerio de Medio Ambiente y negociar las condiciones del nuevo proyecto, pero no a cualquier precio. Un diálogo complicado debido a que el trasvase Cullera-Villena no sirve para el abastecimiento urbano, cuyos representantes en la Junta Central controlan el 40% de los votos pero aportaban el 60% de los fondos para pagar el trasvase Júcar-Vinalopó original.
La Confederación del Júcar recibirá los 80 hm3 de Cullera y será la encargada de negociar con
la Junta Central el reparto del agua
El consejo de administración de Aguas del Júcar tiene previsto aprobar hoy la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Júcar por la que ésta se convertirá en el usuario intermedio del futuro trasvase Júcar-Vinalopó desde el Azud de la Marquesa. El convenio, que cuenta con informe favorable de la Abogacía del Estado, dotará a la entidad que presidente Juan José Moragues de las competencias para distribuir los 80 hm3 del trasvase, con lo que el Ministerio de Medio Ambiente consigue los socios que le exigía la UE para ampliar la subvención económica del proyecto y, además, el nuevo trazado cumplirá a partir de hoy con todos los preceptos legales que establece la Directiva Marco del Agua en relación a que las obras hidráulicas tienen que tener usuarios.
Trece meses meses después de paralizar las obras del trazado Cortes-Villena y de contínuos desencuentros con la Junta Central de Usuarios, opuesta a aceptar el nuevo proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado con la fórmula legal para encontrar usuarios al trasvase. La empresa estatal Aguas del Júcar construirá y gestionará el proyecto pero su cliente principal -intermediario con los receptores del agua- será la Confederación Hidrográfica del Júcar que, a su vez, será la encargada de distribuir los caudales entre las comunidades de regantes que se lo soliciten. Bien la Junta Central que preside Andrés Martínez y aglutina hoy por hoy a agricultores y abastecimientos urbanos e industriales, bien a las futuras comunidades que puedan crearse de forma individual para negociar con la Confederación recibir agua del Azud de la Marquesa.
Medio Ambiente justifica la legalidad de su decisión en el hecho de que el proyecto no cuenta actualmente con ningún usuario ya que, según el Ministerio, el convenio suscrito entre Aguas del Júcar y la Junta Central quedó resuelto el 30 de septiembre de 2005 debido al incumplimiento de la obligaciones económicas de la Junta -impago de una deuda de 41,2 millones de euros por las obra-. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de marzo el nuevo trazado y se firmó un nuevo convenio entre el ?Ministerio y la sociedad estatal. La Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó rechaza los argumentos del Ministerio al asegurar que dichos convenios no se podían rescindir de forma unilateral y sólo un juez está autorizado a eliminarlos, según sostiene Andrés Martínez.
Por otro lado, la firma del convenio entre Aguas del Júcar y la Confederación del Júcar representa un gesto hacia la propia Junta Central que esta semana había pedido que su interlocutor con Medio Ambiente en la nueva etapa fuera Juan José Moragues, presidente de la Confederación.
A partir de ahora, y siendo la Confederación Hidrográfica el ente que gestionará los caudales del trasvase, los futuros usuarios ya no tendrán que negociar directamente con el consejero de Aguas del Júcar José María Marugán, al que este cambio le resta en teoría protagonismo político, aunque como técnico gestionará un presupuesto de 303 millones de euros. La sociedad estatal afrontará la construcción del trasvase -hoy recibirá los proyectos de la adjudicatarias y prevé empezar las obras en enero de 2007- con los 120 millones que recibirá finalmente de Bruselas; 148 millones de los fondos propios y 35 millones que obtendrá a crédito y que después cobrará vía tarifas durante 50 años a la Confederación Hidrográfica del Júcar que, a su vez, lo cargará a los usuarios.
El convenio que se aprobará hoy establece, por otro lado, la constitución de una comisión de seguimiento de la ejecución del proyecto, formada por dos representantes de cada parte que deberán reunirse, como mínimo, una vez cada tres meses.
La aprobación del convenio se produce, por otra parte, justo en el día en que la Junta Central debate qué posición tomar ante la oferta de diálogo trasladada por Aguas del Júcar. Los usuarios están dispuestos a sentarse con el Ministerio de Medio Ambiente y negociar las condiciones del nuevo proyecto, pero no a cualquier precio. Un diálogo complicado debido a que el trasvase Cullera-Villena no sirve para el abastecimiento urbano, cuyos representantes en la Junta Central controlan el 40% de los votos pero aportaban el 60% de los fondos para pagar el trasvase Júcar-Vinalopó original.