Regantes de Murcia y Alicante tendrán que ser indemnizados si no les llega agua
Dom, 29/10/2006
Los usuarios de la cuenca del Segura, y en especial los 70.000 regantes que dependen del agua del Tajo, han expresado su satisfacción por la decisión de la ministra de Medio Ambiente de darle la máxima cobertura jurídica a sus derechos sobre el agua, según publicó ayer ABC. El presidente del Sindicato Central de Regantes, Francisco del Amor, subrayó que una vez reconocidas sus concesiones podrán reclamar indemnizaciones si no reciben caudales disponibles; a la vez que podrán exigir «con más fuerza legal» los excedentes de la cabecera del Tajo que pudieran corresponderles. En la actualidad se puede derivar para el regadío un máximo anual de 440 hectómetros cúbicos.
Los regantes tienen hasta ahora una situación jurídica atípica, como lo ha definido Cristina Narbona, ya que las leyes y decretos que regulan el trasvase Tajo-Segura les reconocen los volúmenes máximos de las dotaciones de agua excedentarias de los pantanos de la cabecera, en función de las distintas zonas de riego de Almería, Murcia y Alicante. Con esta situación, es relativa la fuerza de la que disponen legalmente para reclamar al Estado el envío de aguas sobrantes del Tajo. También es limitada la capacidad de exigir indemnizaciones si no les llega el agua.
Paliar deficiencias
La figura de la concesión de derechos viene a paliar estas deficiencias, puesto que en lugar de un contrato habrá una escritura pública de por medio formalizada ante la confederación hidrográfica correspondiente. La concesión obliga en cierto modo al Gobierno central a darle agua a estos usuarios siempre que haya volúmenes disponibles, sean del Tajo o de otra procedencia.
«Hemos luchado por este reconocimiento durante 25 años, prácticamente desde que empezó a funcionar el acueducto Tajo-Segura, y es una buena noticia que la ministra haya tomado la decisión», manifestó ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes. Para éste tiene un doble valor porque el anuncio de la ministra se ha producido precisamente cuando el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha y el PP de aquella comunidad han pactado en la reforma de su Estatuto fijar el año 2015 para eliminar el Trasvase.
Este compromiso aún debe ser refrendado en las Cortes de Castilla-La Mancha y después en el Congreso de los Diputados. Los regantes le han tomado una vez más la palabra a Narbona, quien subrayó que su Gobierno «no contempla ninguna fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura».
Procedencia del agua
Del Amor espera que los servicios jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente se den prisa y que el compromiso de Narbona se materialice en el plazo de un mes. Considera que esta cobertura legal refuerza los derechos de 80 comunidades de regantes sobre las aguas excedentarias de la cabecera del Tajo. «Las concesiones son las que otorgan un derecho real porque quedarán recogidas en una escritura pública», apunta, y explica que la procedencia real del agua no tiene por qué venir determinada en ese documento. En este sentido, y como señaló la ministra, los caudales pueden proceder del Tajo o de otros orígenes sin especificar, aunque se da por supuesto que una parte procederá de la desalinización.
La ley les reconocerá concesiones de agua de 440 hectómetros cúbicos anuales, que pueden variar cuando se revisen los planes de cuenca. Para disponer de la concesión hay que comunicar los perímetros regables de cada comunidad de regantes, que en la actualidad suman 147.000 hectáreas.
Con la concesión, si hubiera problemas, los regantes tendrán derecho a exigir indemnizaciones si el Gobierno les negara el agua disponible de forma arbitraria. «Será como si quisieran expropiarte tu casa», puso como ejemplo Del Amor. «También podremos exigir con más fuerza legal los excedentes del Tajo que la ley nos reconoce por encima de los 240 hectómetros almacenados».
Los servicios jurídicos están estudiando si la cobertura legal de los usuarios de Murcia, Alicante y Almería -abastecimientos incluidos- implica a las dos confederaciones hidrográficas del Tajo y del Segura, por cuanto una es la cuenca cedente y la otra la receptiva. La ministra ha aludido a la posibilidad de que actúen las dos de forma coordinada; y los regantes prefieren la participación de ambos organismos.
Los regantes tienen hasta ahora una situación jurídica atípica, como lo ha definido Cristina Narbona, ya que las leyes y decretos que regulan el trasvase Tajo-Segura les reconocen los volúmenes máximos de las dotaciones de agua excedentarias de los pantanos de la cabecera, en función de las distintas zonas de riego de Almería, Murcia y Alicante. Con esta situación, es relativa la fuerza de la que disponen legalmente para reclamar al Estado el envío de aguas sobrantes del Tajo. También es limitada la capacidad de exigir indemnizaciones si no les llega el agua.
Paliar deficiencias
La figura de la concesión de derechos viene a paliar estas deficiencias, puesto que en lugar de un contrato habrá una escritura pública de por medio formalizada ante la confederación hidrográfica correspondiente. La concesión obliga en cierto modo al Gobierno central a darle agua a estos usuarios siempre que haya volúmenes disponibles, sean del Tajo o de otra procedencia.
«Hemos luchado por este reconocimiento durante 25 años, prácticamente desde que empezó a funcionar el acueducto Tajo-Segura, y es una buena noticia que la ministra haya tomado la decisión», manifestó ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes. Para éste tiene un doble valor porque el anuncio de la ministra se ha producido precisamente cuando el Gobierno socialista de Castilla-La Mancha y el PP de aquella comunidad han pactado en la reforma de su Estatuto fijar el año 2015 para eliminar el Trasvase.
Este compromiso aún debe ser refrendado en las Cortes de Castilla-La Mancha y después en el Congreso de los Diputados. Los regantes le han tomado una vez más la palabra a Narbona, quien subrayó que su Gobierno «no contempla ninguna fecha de caducidad para el trasvase Tajo-Segura».
Procedencia del agua
Del Amor espera que los servicios jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente se den prisa y que el compromiso de Narbona se materialice en el plazo de un mes. Considera que esta cobertura legal refuerza los derechos de 80 comunidades de regantes sobre las aguas excedentarias de la cabecera del Tajo. «Las concesiones son las que otorgan un derecho real porque quedarán recogidas en una escritura pública», apunta, y explica que la procedencia real del agua no tiene por qué venir determinada en ese documento. En este sentido, y como señaló la ministra, los caudales pueden proceder del Tajo o de otros orígenes sin especificar, aunque se da por supuesto que una parte procederá de la desalinización.
La ley les reconocerá concesiones de agua de 440 hectómetros cúbicos anuales, que pueden variar cuando se revisen los planes de cuenca. Para disponer de la concesión hay que comunicar los perímetros regables de cada comunidad de regantes, que en la actualidad suman 147.000 hectáreas.
Con la concesión, si hubiera problemas, los regantes tendrán derecho a exigir indemnizaciones si el Gobierno les negara el agua disponible de forma arbitraria. «Será como si quisieran expropiarte tu casa», puso como ejemplo Del Amor. «También podremos exigir con más fuerza legal los excedentes del Tajo que la ley nos reconoce por encima de los 240 hectómetros almacenados».
Los servicios jurídicos están estudiando si la cobertura legal de los usuarios de Murcia, Alicante y Almería -abastecimientos incluidos- implica a las dos confederaciones hidrográficas del Tajo y del Segura, por cuanto una es la cuenca cedente y la otra la receptiva. La ministra ha aludido a la posibilidad de que actúen las dos de forma coordinada; y los regantes prefieren la participación de ambos organismos.