La Xunta de Galicia apuesta por endurecer el régimen de sanciones a las empresas que provoquen vertidos de forma que, a través de "medidas disuasorias claras", se evite que contaminar salga rentable debido a la escasa cuantía de las multas.
Así lo explicó en el Parlamento gallego el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, quien compareció para explicar la gestión de su departamento tras el incendio de la empresa química Brenntag, que provocó un "gravísimo" episodio de contaminación en el río Umia.
Durante su explicación, Vázquez también informó de que en la noche del próximo miércoles al jueves, en que se prevé un fuerte temporal en Galicia, se abrirá el último de los diques de contención que se había construido en el cauce del Umia para frenar el vertido.
En estos momentos, se trabaja "a marchas forzadas" para depurar los últimos 500 metros de cauce que permanecen contaminados, cuando al principio de la crisis habían sido nueve kilómetros.
De esta forma, dijo el conselleiro, se espera que, con las lluvias, la escasa contaminación que lleva el agua llegue a diluirse.
El titular de Medio Ambiente avanzó además que en dos meses se hará pública la lista de sanciones a empresas por vertidos contaminantes.
"Nos vamos a asustar", afirmó Vázquez, quien indicó que la mayoría de las infracciones son "reiteradas".
En su opinión, mientras la multa sea pequeña "será más barato pagar que sanear", por lo que insistió en que es preciso apostar por la puesta en marcha de "medidas disuasorias claras" y por un debate parlamentario para analizar la política de sanciones.
El conselleiro también abogó por extraer una lección positiva de este desastre, de forma que se convierta en un ejemplo de regeneración del río.
Vázquez señaló que, ya antes del incendio de la factoría química, el Umia era un río "gravemente enfermo", pues tiene 177 puntos de vertidos y recibe residuos de siete polígonos industriales.
A partir del accidente, manifestó, se convertirá en el "punto cero de partida" para lograr la regeneración de los ríos gallegos.
Tras recalcar que no se puede poner a "empresas de alto riesgo" en áreas cercanas al abastecimiento de agua, el conselleiro reiteró que se tratará de convertir en permanente el tubo de canalización de 17 kilómetros que se instaló para llevar el agua directamente a los municipios desde el embalse de Caldas.
Los tubos, explicó, se irán cambiando para convertirlos en una canalización "como Dios manda".
A preguntas del diputado popular Jaime Castiñeira, quien consideró escasa la estimación inicial de daños de ocho millones, el conselleiro insistió en que todavía se desconoce la cantidad exacta, si bien afirmó que deben correr a cargo de la empresa, que es solvente, opinó.
En un momento del debate, y también para replicar a Castiñeira, que apuntó que algunas empresas radicadas en Galicia podrían irse a Portugal, Vázquez insistió en que nunca admitirá "chantajes" de empresas que amenazan con cerrar en caso de que la administración sea exigente en las medidas medioambientales.
"Si es para traer este beneficio (la contaminación) y destrozar el país, que se vayan", afirmó el conselleiro, quien rechazó el "chantaje de: o vierto o me voy", e indicó que Galicia "no se merece empresarios así".
Durante su intervención, el titular de Medio Ambiente insistió en que la cooperación de todas las instituciones ha sido clave para la resolución de la crisis, ante lo que elogió la actitud de la Diputación de Pontevedra, que gobierna el PP, o de alcaldes de la zona de distintas partidos.
Por su parte, Castiñeira consideró que durante la crisis no hubo coordinación entre los "dos Gobiernos", el del PSOE y el del BNG, y manifestó que no se actuó con rapidez, como había apuntado el propio responsable de la empresa.