Uno de los pocos puntos de encuentro a los que llegó el Consell y la oposición en la diputación permanente que se reunió el lunes pasado para tratar la sequía fue la propuesta de remitir al Gobierno la petición de elaborar un informe para analizar el estado del acuífero de La Mancha oriental y, si se da el caso, decretarlo «sobreexplotado»., una situación que los ecologistas llevan denunciando hace años y la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) reconoce internamente. Pero aunque se interviniese el acuífero, «cuya sobreexplotación explica en buena medida la situación del río Júcar», en palabras de Xúquer Viu, podrían «pasar décadas» antes de que se recuperase.

El acuífero de La mancha oriental (7.500 km2 en el subsuelo de Albacete y Cuenca) perdió en 2005 278 hm3 a su paso entre Alarcón y el Molinar, tramo estudiado al milímetro por la CHJ, 408 hm3, en todo el área, pese a que la CHJ había puesto a los manchegos un límite en la extracción de 320 hm3. Sin embargo, el exceso de bombeos se corresponde a una tendencia que parte de principios de los ochenta.
Desde que en el año hidrológico 1980-81 se bombearon 57 hm3 del acuífero en este tramo, cada año ha ido creciendo paulatinamente la cantidad extraída, lo que sumado a un «descenso progresivo de las precipitaciones por el cambio climático», siempre en opinión de los ecologistas, ha generado una reducción del caudal del Júcar hasta llegar a una pérdida de 64 hm3 en 2005. Se trata de un círculo vicioso: cuánta más agua se extrae del acuífero, más se filtra desde el río al subsuelo, con lo que la situación del Júcar ha pasado en 20 años de recibir caudales del acuífero a aportarlos por infiltración.
Y las causas de la situación del Júcar, según la asociación, son eminentemente políticas. «El poder de los regantes de La mancha es inmenso: se trata de unos 900 terratenientes con respaldo político», señala un portavoz de Xúquer Viu. «Hace 25 años no existía el cultivo de regadío en Castilla La Mancha, sólo el tradicional cerca de los ríos. Pero comenzaron a cultivar para acceder a subvenciones del Estado y de Europa. Actualmente hay más de 100.000 hectáreas de regadío», añade.
Medio Ambiente, responsable de declarar o no el acuífero sobreexplotado, señala los posibles inconvenientes de un paso así. «El cierre de los pozos o del acuífero podría tener consecuencias socioeconómicas que hay que valorar: ver cuánta gente depende de él», observa un portavoz del ministerio.
En cualquier caso, los ecologistas y los partidos políticos recuerdan que esta situación es resultado del pacto que firmó en 1997 el entonces jefe del Consell, Eduardo Zaplana, con José Bono, presidente castellano-manchego del momento, que hizo posible el actual Plan Hidrológico del Júcar en el que se daba cobertura a las extracciones. «En lugar de poner fin a la grave sobreexplotación, puso las bases de la actual situación», concluyen.