El Ejecutivo no consigue apaciguar la guerra del agua declarada entre comunidades autónomas. En los últimos meses la batalla se había desarrollado por el control de las cuencas hidrográficas reclamado por Andalucía, Aragón Cataluña o Valencia. Por eso, y para evitar una parcelación de los grandes ríos, el Ministerio de Medio Ambiente se apresuró a redactar una ley que dejará claras las competencias estatales sobre la gestión de los recursos hídricos que afecten a más de una CCAA, como adelantó EXPANSION el 26 de julio.
Precisamente éste es el resquicio por el que las comunidades quieren reabrir la batalla por la gestión del agua. Las 17 plantas que Medio Ambiente va a construir en el litoral de Alicante, Almería, Barcelona, Málaga y Murcia están planificadas, inicialmente, para dar servicio sólo a estas zonas a partir de 2007, aunque algunas están retrasadas.
Ahora los gobiernos populares de Murcia y Valencia quieren asegurarse de que se cumplan estas previsiones a rajatabla.
Por eso, van a iniciar el curso político exigiendo a la ministra Cristina Narbona la cesión de estas instalaciones en exclusiva. El Ejecutivo murciano quiere negociar directamente con el presidente del Gobierno incluir esta cesión en la reforma del Estatuto de Autonomía que se está tramitando. Para Valencia, el proceso podría ser incluso más rápido, ya que la denominada cláusula Camps incluída en su reformado Estatut permite a la Generalitat asumir de manera automática las competencias que obtenga cualquier CCAA en la reforma de sus textos de autonomía.
Trasvase del Ebro
Ambas regiones plantean esta solución como necesaria para garantizar sus necesidades acuíferas después de la derogación del trasvase del Ebro en 2004 que hubiese enviado 1.050 hectómetros cúbicos anuales y la negativa del Gobierno socialista a estudiar nuevas cesiones entre cuencas. La gestión en exclusiva de las nuevas desaladoras garantizaría a las regiones un total de 600 hectómetros cúbicos cada año. Eso sí, el precio del agua para riego subirá desde los actuales 9 céntimos por metro cúbico (1.000 litros) hasta 30 céntimos. Además, la delicada situación del embalse del que se nutre el trasvase Tajo-Segura hacen temer a Murcia que el Ejecutivo opte por denegar los próximos envíos.
Aunque todavía no se ha pronunciado, Andalucía puede ser la siguiente.
El Gobierno ya le ha comunicado que en el trámite parlamentario de la reforma de su Estatuto se va a eliminar la atribución en exclusiva de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir (que depende de Medio Ambiente), por lo que el control del agua desalada en Almería y Málaga puede ser una alternativa de consenso. En la misma situación se encuentra Cataluña, que fue la primera en reclamar la gestión exclusiva de los recursos hidráulicos de su territorio y se enfrenta ahora a la amenaza de varios recursos al Tribunal Constitucional por parte de otras regiones.
El problema tiene difícil encaje para la ministra Narbona.
Al pretender blindar la tutela de su departamento sobre los recursos hídricos que afecten a más de una región, ha abierto la puerta a estas nuevas reclamaciones de las comunidades autónomas. Sin embargo, el alto coste de acometer todas estas infraestructuras (el programa AGUA tiene un presupuesto de 3.900 millones de euros) y la filosofía de la propia ministra, favorable a que el problema del agua se gestione coordinadamente desde Madrid, apuntan en la dirección contraria de una nueva cesión de competencias. Una solución intermedia podría ser la participación de las comunidades autónomas en el órgano de gestión de estas infraestructuras, como ya ha planteado Medio Ambiente para las cuencas hidrográficas.
El PHN hubiera reportado 1.050 hectómetros cúbicos al Mediterráneo;
las desaladoras, 600
En Murcia temen que se 'congele' el trasvase Tajo-Segura por las bajas reservas de agua en los embalses
Plantas problemáticas
Las desaladoras no han llegado a España de la mano del Gobierno socialista. La primera se construyó en 1965 en Lanzarote y, desde entonces, se han puesto en marcha más de 900 en toda España, aunque la mayoría están en manos privadas y tienen escasa capacidad de producción. De éstas, sólo cien recogen agua del mar, ya que el resto están construidas para licuar agua salobre, y generan poco más de 600 metros cúbicos al día. Por el contrario, las planificadas por el Ministerio de Medio Ambiente podrían producir hasta 60.000 metros cúbicos al día, surtiendo así de agua a varias ciudades cercanas. Sin embargo, estos recursos, que la mayoría no estarán disponibles hasta dentro de dos años, no son suficientes para cubrir las necesidades de consumo en el sureste mediterráneo.
Por eso, algunas promotoras de complejos residenciales han comenzado a poner en marcha sus propias desaladoras al margen de las promovidas por la Administración, pero al hacerlo se han encontrado con una firme oposición. Diversas autonomías y, sobre todo, ayuntamientos están frenando estas construcciones ver EXPANSION del 22 de julio alegando que conllevan un enorme coste energético, que incrementaría hasta un 10% la factura energética de algunas regiones, y que causan un fuerte efecto nocivo para el entorno ecológico.
En Lanzarote incluso se ha prohibido la construcción de plantas desaladoras promovidas por la iniciativa privada.
Estas críticas también han sido respaldadas por los Gobiernos populares de Murcia y Valencia, que rechazan la apuesta por las desaladoras del PSOE y piden la recuperación del trasvase del Ebro porque, dicen, sería menos contaminante y más económico, lo que abarataría el precio que estas zonas deberán pagar por el agua, no sólo para riego (un 200%), sino también para las familias (entre un 5% y un 10% más).