La cantidad de agua no es el principal inconveniente para lograr una mejor distribución del agua en el mundo, señaló hoy el responsable de campañas de Greenpeace, Miguel Angel Soto, sino que el problema es "la pésima gestión y administración de este preciado recurso debido, fundamentalmente, a la falta de eficiencia en su uso y a la elevada tasa de contaminación de las aguas, lo que provoca un suministro escaso y de mala calidad a las poblaciones".

Con motivo de la celebración de la Semana Mundial del Agua en Estocolmo (Suecia), Greenpeace demanda que se reconozca el agua como un bien común y que el acceso al agua sea un derecho humano fundamental, ya que más de 1.000 millones de personas todavía no tienen acceso a suministro de agua potable y cada vez con más frecuencia es fuente de conflictos entre países.
Según la organización, España es uno de los países que peor gestiona el agua, debido, sobre todo, a su uso sin restricciones para la agricultura (que consume el 78% de los recursos hídricos) y la elevada demanda del turismo. Pese a que se están haciendo esfuerzos para mejorar el riego agrícola, donde sólo el 15% de los regadíos son eficientes, no se observan criterios de racionalidad en el gasto del agua para el turismo, además de los nuevos desarrollos urbanísticos y los campos de golf planeados "que amenazan con convertir a la costa española en un desierto de cemento".
Por ello, las consecuencias ambientales, sociales y económicas por la falta de previsión en la gestión del agua "serán dramáticas si no se toman medidas urgentes", aseveró Soto. Los periodos de escasez y sequía se convertirán en crónicos en buena parte del país.
En este sentido, entre las propuestas de Greenpeace para solventar la situación presente se encuentran la gestión racional y de fomento del ahorro, ya que "es necesario un cambio en la política hidráulica tradicional centrada en la ejecución de grandes obras, que ha demostrado su ineficacia, hacia una gestión más hidrológica y ambientalista"; priorizar la agricultura ecológica y el uso de variedades locales adaptadas al clima en detrimento de los monocultivos intensivos; y frenar la edificación desaforada, especialmente, en las costas.
Del mismo modo, priorizar la lucha contra la contaminación que sufren nuestras aguas continentales (superficiales, subterráneas y costeras) es otro de los objetivos principales planteados, así como la recuperación de cauces y la reforestación de cuencas hidrográficas para evitar los procesos erosivos y favorecer la infiltración y la recarga de los acuíferos.
"El debate sobre el uso del agua en España necesita de una mayor responsabilidad por parte de los partidos políticos, que deben asumir que el desarrollo económico sostenible sólo puede ser posible si promovemos una nueva cultura del agua", manifestó Soto.
"No se puede seguir con la actitud irresponsable de demandar más agua o seguir promoviendo desarrollos urbanísticos faraónicos y cientos de campos de golf sin tener en cuenta el derroche, la mala gestión y la prioridad en los usos, todo ello enmarcado en el nuevo escenario del cambio climático", concluyó.