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n bruselas/sevilla. Severa advertencia desde Bruselas. La Comisión Europea estudiará atentamente las posibles denuncias sobre explotaciones agrícolas en España que, mientras se benefician de ayudas directas del presupuesto comunitario, se abastecen de agua obtenida en pozos ilegales.
El tema es preocupante para Andalucía, y especialmente en la cuenca del Guadalquivir, donde no son precisamente escasas las extracciones hídricas ilegales, ya sean de pozos o directamente del río sin permiso del órgano regulador de los regadíos y abastecimientos (la CHG).
En respuesta a una pregunta parlamentaria, publicada ayer, la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer-Boel, admite no tener ninguna información particular sobre el pago de subvenciones a agricultores españoles que empleen métodos ilegales para dotarse de agua.
No obstante, informa Efe, la comisaria se compromete a estudiar atentamente en el marco de sus responsabilidades toda información relativa a este tema que le sea comunicada. Y, en este sentido, las asociaciones de ecologistas no suelen ser parcas a la hora de denunciar las tomas ilegales.
Fischer-Boel recuerda que el pago de las ayudas directas con cargo a los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) está supeditado desde 2005 a una larga lista de reglas de condicionalidad que, en el caso de España, incluyen las normas legales para el abastecimiento de los recursos hídricos. Las exigencias tratan de hacer compatible la agricultura con el debido respeto al entorno natural.
"En caso de que tales reglas no sean respetadas por los agricultores, los montantes pagados en concepto de ayudas directas deben ser reducidos o, en los casos más graves, suprimidos , según asevera la comisaria.
La aplicación de estas reglas comunitarias corresponde en primer lugar a las autoridades nacionales, según recuerda la comisaria. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario examina, posteriormente, esa gestión de cada Estado miembro de la UE mediante auditorías que pueden derivar en una corrección del volumen de ayudas directas conferido al país.
La comisaria responde así a una interpelación del eurodiputado español del grupo Los Verdes, David Hammerstein, quien cita un reciente informe de la organización ecologista WWF/Adena, según el cual España cuenta con cerca de medio millón de pozos ilegales que representan una sexta parte del total de los sistemas de regadío repartidos por el conjunto del Estado.
"En España, durante años, las subvenciones han incitado a los beneficiarios a obtener agua de regadío de manera ilegal , según asegura Hammerstein.
En Andalucía, no se conoce a ciencia cierta cuántos pozos ilegales hay, puesto que los sondeos –de profundidades crecientes, que rebasan los cien metros incluso– no se declaran en su mayor parte, al realizarse en fincas de propiedad privada. Sólo se suele guardar una mínima equidistancia con pozos cercanos, para así evitar la denuncia por parte de otro agricultor vecino.
Durante el pasado año, la CHG inició hasta 298 expedientes sancionadores contra usuarios que realizaron extracciones ilegales de agua del interior de la tierra, es decir, de acuíferos, un máximo histórico para esta cuenca debido a la sequía. En esos datos, que casi duplican los de 2003, no se incluyen los expedientes abiertos contra captaciones ilegales en aguas superficiales (ríos).
La comisaria de Agricultura recuerda que las subvenciones comunitarias están supeditadas a unas normas medioambientales que, entre
otras cosas, prohíben regar a partir de captaciones hídricas sin permiso