El Plan de Infraestructuras Hidráulicas garantiza el suministro de agua en todo el archipiélago
Jue, 20/07/2006
El conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, presentó hoy el Plan de Infraestructuras Hidráulicas de Balears del periodo 2006-2008, que contempla una inversión de 235,7 millones de euros y garantizará que todos los municipios del archipiélago tendrán en 2008 una cantidad suficiente de agua de calidad.
En una rueda de prensa celebrada en la Fundación "la Caixa" de Palma en presencia de muchos alcaldes y concejales responsables del abastecimiento hídrico de Mallorca, Font subrayó que los objetivos del Govern con esta iniciativa son asegurar el suministro a toda la población, alcanzar los estándares de calidad para el consumo humano en toda la red y proteger los acuíferos potenciando la desalinización y extendiendo la depuración terciaria.
Para ello, la conselleria de Medio Ambiente, junto con el Gobierno central y los ayuntamientos en muchos casos, ejecuta o proyecta diversas conducciones, depósitos, desalinizadoras, pozos y obras de mejora de infraestructuras existentes en las cuatro islas, con una aportación financiera que corresponde en un 40 por ciento a la Comunidad y en una parte similar al Estado (con alguna aportación de la UE), mientras que el resto se recaudará mediante recargos sobre el precio del agua.
En una rueda de prensa celebrada en la Fundación "la Caixa" de Palma en presencia de muchos alcaldes y concejales responsables del abastecimiento hídrico de Mallorca, Font subrayó que los objetivos del Govern con esta iniciativa son asegurar el suministro a toda la población, alcanzar los estándares de calidad para el consumo humano en toda la red y proteger los acuíferos potenciando la desalinización y extendiendo la depuración terciaria.
Para ello, la conselleria de Medio Ambiente, junto con el Gobierno central y los ayuntamientos en muchos casos, ejecuta o proyecta diversas conducciones, depósitos, desalinizadoras, pozos y obras de mejora de infraestructuras existentes en las cuatro islas, con una aportación financiera que corresponde en un 40 por ciento a la Comunidad y en una parte similar al Estado (con alguna aportación de la UE), mientras que el resto se recaudará mediante recargos sobre el precio del agua.