España cuenta con un plazo de ocho años para hacer que el agua que sale de sus grifos cumpla con los límites comunitarios que endurecerán la legislación nacional. Paralelamente, un estudio de la OCU alerta de que en las aguas para consumo humano de seis ciudades españolas, se han detectado componentes perjudiciales para la salud. La Comisión Europea seguirá estudiando el caso para hacer a España las recomendaciones pertinentes, mientras el Ministerio español de Sanidad y Consumo lo considera un problema de"competencia autonómica".